El Congreso despeja el camino de la ley de eutanasia tras rechazar el veto del PP

El veto popular pretendía devolver al cajón la proposición de ley aceptada a trámite el pasado 26 de junio por el pleno de la Cámara baja y que la ayuda a morir a personas en situaciones de salud extremas siguiese siendo un delito penado con la cárcel en España, en vez de un «derecho individual» garantizado con los controles precisos por la sanidad pública, como pretende la norma promovida por el PSOE.

El intento de veto de los populares fue rechazado de manera de manera rotunda, por 210 votos a 134, lo que constató que se mantiene la amplia mayoría parlamentaria favorable a legalizar y regular la eutanasia en España, con apoyos políticos más que suficientes para superar los 176 votos que precisa la norma para salir adelante, por tratarse de una ley orgánica.

Son firmes partidarios de que la legislatura no acabe sin que esté regulado este nuevo derecho PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDeCAT y la mayor parte del Grupo Mixto con la excepción de Foro y UPN. Ciudadanos apoyo tanto en junio como hoy la tramitación de la norma, pero mantiene una posición ambigua sobre el voto final, postura que podría caer del lado del sí si antes los socialistas respaldan la ley de Muerte Digna -derechos y cuidados paliativos al final de la vida-, patrocinada por la formación naranja, y cuyo debate en ponencia está muy avanzado y próximo a su final.

La norma socialista, que ahora pasará al debate de enmiendas en la ponencia, contempla la eutanasia para pacientes con una enfermedad grave e incurable -con un pronóstico de vida limitado- y para las personas con una incapacidad grave crónica -que les impide valerse por sí mismos de manera permanente- siempre que, además, les produzca «sufrimientos físicos o psíquicos insoportables y constantes». Los solicitantes deberán pedirlo explícitamente, ser mayores de edad y tener nacionalidad española o residencia legal en España. La solicitud debe hacerse dos veces, con 15 días de diferencia, para garantizar un plazo de reflexión al afectado tras recibir la información médica.

La petición de ayuda para morir, para que pueda hacerse efectiva, deberá ser valorada y autorizada por dos médicos, que determinarán sí se cumplen las condiciones exigidas por la ley. Uno será uno de los médicos que habitualmente trata al paciente y otro un profesional externo sin relación alguna con el caso del solicitante. Los profesionales sanitarios podrán invocar la objeción de conciencia, pero siempre antes de la solicitud y por escrito, por lo que serán incluidos en un registro.

La última decisión la tendría una comisión de evaluación autonómica, formada por médicos, juristas y otros profesionales de reconocido prestigio, que revisaría la decisión de los médicos. No obstante, este último control a priori aún está en el aire porque Podemos y ERC lo rechazan. La norma prevé que todo el procedimiento debería durar un máximo de 32 días desde la petición inicial.