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Euskadi sigue avanzando para garantizar los derechos de las personas que no se sienten identificadas con el género con el que nacieron. La Atención Primaria ... pasará a ser la puerta de entrada de los casos de transexualidad y se rebajará la edad de 18 a 16 años para que un menor pueda decidir sobre el cambio de sexo o el acceso a un tratamiento hormonal.
Se trata de los principales cambios que recoge el acuerdo suscrito entre PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, que registraron ayer en el Parlamento vasco un texto con el objetivo de aprobar la segunda reforma de la ley vasca 'trans'. La previsión es que vea la luz este año o a principios de 2023. La actual norma data de 2012. Entonces, el País Vasco se convirtió en una de las primeras comunidades en contar con una legislación propia para atender las necesidades y especificidades del colectivo.
Siete años después, a instancias de las mismas formaciones, se aprobó la primera modificación, que supuso que las personas que se sienten atrapadas en un cuerpo que no es el suyo dejaran de ser tratadas como enfermas y pudieran certificar su identidad sexual sin necesidad de un informe psiquiátrico.
En el ámbito sanitario, la principal novedad es que estos ciudadanos podrán acudir a la Atención Primaria y no tendrán que recurrir solo a la unidad especializada existente en Euskadi, ubicada en el hospital de Cruces. La norma fija que, en el plazo de seis meses desde la aprobación del texto en la Cámara autonómica, cada uno de los tres territorios cuente con una unidad especializada de transexualidad, lo que agilizará su acceso a los servicios de salud. Asimismo, la nueva redacción recoge el derecho de los menores transexuales a ser escuchados y a participar en la toma de decisiones médicas. En cambio, si no son capaces de comprender el alcance de los tratamientos o no han cumplido los 16 años, el consentimiento lo dará su tutor legal -la edad mínima para poder decidir por uno mismo está fijada en los 18-.
Sin embargo, si un chaval menor de 16 sigue disconforme con la decisión tomada, se le posibilita la opción de acudir a los tribunales. La proposición de ley regula también medidas en el ámbito educativo, en el que se desarrollarán protocolos de no discriminación. También se promoverá la formación específica del personal de las empresas públicas y privadas.
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