Más de 200 vascos han cambiado de sexo en el registro tras la entrada en vigor de la 'ley trans'

Asmi Ananda Molina, del Observatorio LGTBI+ del País Vasco, no puede evitar echar la vista hacia atrás. «Cuando se hablaba de la ley antes de ser aprobada parecía que íbamos a llegar una horda de personas arrasando», recuerda. La realidad no ha sido esa. Según los datos facilitados por el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, quienes han completado la rectificación registral entre marzo del pasado año y el 31 de enero ascienden a 152 personas en Bizkaia, 45 en Álava y 30 en Gipuzkoa.

La representante de la federación de asociaciones entiende que son varios los factores que están detrás de que no se hayan concretado más. El primero es que «hay gente que no puede» reflejar su identidad, porque tenemos un «sistema binarista, de masculino y femenino», y hay personas no binarias -que no están cómodas con ninguna de las dos definiciones- e intersexuales. El reconocimiento de estos colectivos, conseguir la «equidad» de todos, es en su opinión de lo que carecen tanto la ley estatal como la vasca, que será modificada esta semana en el Parlamento autonómico.

También hay un grupo numeroso de personas que «no quieren» acudir al Registro Civil a rectificar su filiación, bien porque para muchos sigue siendo algo «secreto» o por «el totum revolutum» que produce en tu vida. «Tienes que cambiar todos tus diplomas, tu historia académica, papeles de notarios, el carné de conducir, el DNI...», enumera la activista. Y por eso cree que sobre todo «la gente más mayor» prefiere seguir como hasta ahora en lugar de dar el paso.

La misma impresión tiene Carlos Cordero, letrado de la Administración de Justicia que está al frente del Registro Civil de la capital vizcaína desde el pasado octubre. «En torno a siete de cada diez personas que hacen el cambio tienen entre 14 y 19 años; los jóvenes lo tienen muy claro y vienen convencidos y contentos». Suelen cambiar, además, el nombre, y «el aspecto estético marcha en paralelo» al del sexo sentido.

Las personas que están «por encima de los 40 o 50 años», que son quienes «realmente han sufrido más la incomprensión», de forma mayoritaria mantienen su nombre o le hacen «variaciones mínimas». Si en los de menor edad mujeres y hombres están más o menos equiparados, en este perfil con más años «son más los que se quieren inscribir» como fémina, y no siempre la imagen tiene que ajustarse a los cánones establecidos. «Algunas físicamente parecen una mujer y otras, no, mantienen el aspecto que han tenido siempre», señala.

Cordero es quien se encarga de «tomar las manifestaciones» a las personas que acuden a realizar el cambio registral. Deben comparecer dos veces, pero, en su caso, realiza el trámite «en una única sesión». La normativa dice que la persona debe ratificar su decisión en una segunda comparecencia en un plazo máximo de 3 meses, «aunque no establece un mínimo». «Nos parece más fácil para el ciudadano hacer las dos el mismo día, porque durante la espera mucha gente se descorazonaba, se desanimaba», puntualiza. Diez días después, «como máximo», se envía la notificación con el cambio de sexo, del nombre o de ambas.

Aunque no todos los interesados terminan el proceso. «Los conflictos de identidad sexual son complicados de gestionar, y a veces les da miedo seguir adelante porque les puede producir sufrimiento en el trabajo, en la familia...», sostiene este funcionario del Ministerio de Justicia. Y es por esos «conflictos internos» por los que cree que no todos los expedientes finalizan con la modificación del sexo. «Cada martes tenemos diez audiencias, y una o dos personas no vienen, seguramente porque ese día no lo ven tan claro y a veces se lo piensan dos y tres veces», expone. Eso sí, insiste en que en cualquier momento «pueden retomarlo».

Los datos que maneja el Ejecutivo autonómico, de la que dependen los funcionarios de los registros -a excepción de los responsables-, lo corroboran. En Euskadi, 58 personas han desistido de seguir adelante. «Cambiar la identidad es relativamente más fácil que antes, pero la trascendencia que tiene es importante», puntualizan desde la Viceconsejería de Justicia. En ese sentido, matizan que «hay gente que cancela cuando se da cuenta de la repercusión que tiene, porque la gente tiene una vida civil pasada y hay que cambiarlo todo».

Eso, asegura Cordero, queda claro en la primera comparecencia, donde «se informa de forma llana, sencilla y cercana de las consecuencias, de las gestiones que van a tener que hacer, de la posibilidad de regresión, de las asociaciones a las que pueden recurrir...». Pero, censura Asmi Ananda Molina, no siempre fue así. «En algunos municipios se atendían las solicitudes con naturalidad y en otros se ponían todas las trabas del mundo», afirma antes de censurar que hay «algunas preguntas indiscretas» acerca de la transición física, por ejemplo. E insiste en que la ley elimina el requisito de que la persona solicitante deba someterse a una terapia de hormonación u operarse. Tampoco son exigibles, como antes, evaluaciones psicológicas y médicas. «Basta con confirmar que quieras cambiar tu sexo, no tienes por qué dar ninguna explicación», zanja.