La Fiscalía investiga el acceso de funcionarios a datos del expediente de Rocío Carrasco

Interior bloqueó el acceso al sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista a quienes accedieron para fisgar

EL CORREO

Viernes, 4 de junio 2021, 09:15

La Fiscalía ha abierto una investigación para aclarar el supuesto acceso a una base de datos para la consulta del expediente relacionado con Rocío Carrasco. Estas consultas, ajenas supuestamente a la labor del funcionario, se detectaron tras la emisión de los primeros capítulos ... del documental televisivo, allá por el mes de marzo. La información, que ha adelantado este viernes El País, se ha conocido justo después de que la hija de Rocío Jurado asegurara en televisión, que piensa reabrir el caso de violencia de género contra el que fue su marido, Antonio David Flores.

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Tras la emisión del primer programa de la serie documental, al menos una decena de personas accedieron al expediente para curiosear la información que el sistema recoge sobre las denuncias por violencia machista que había presentado Carrasco y el seguimiento que se le había realizado. Ese acceso, limitado a funcionarios que trabajan en Servicios Sociales, además de a la policía y a jueces, deja rastro, dado que se trata de información confidencial. El grueso de las entradas, prosigue, se ha hecho en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, aunque no se descarta que haya habido más accesos puntuales desde otros territorios.

Cada funcionario que entra a él lo hace registrando una clave de acceso. Además, al tratarse de información confidencial, no todos los funcionarios pueden utilizarlo. Sólo tienen autorización para echar un vistazo a los documentos e informaciones que allí se recogen determinados profesionales: policías, jueces, personal de Servicios Sociales…

Interior detectó los accesos a partir del 22 de marzo, cuando se emitió la primera parte del documental. El día 26, al descubrir que los funcionarios, aparentemente, no estaban relacionados con el caso de Rocío Carrasco, la secretaría de Estado de Seguridad decidió bloquearles el acceso a todo el sistema.

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El ministerio público dispone ahora de seis meses para completar las pesquisas y enviar el asunto al juzgado si considera que existen indicios de delitos. Las diligencias las tramita la sección especializada en delitos informáticos. Justicia ha abierto expediente a nueve personas.

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