«Repartir 100 millones entre 7.000 trabajadores... No es lógico», avisa Darpón

El responsable de la sanidad vasca criticó que se trate de repartir 100 millones «no para el conjunto de la plantilla, sino para 7.000 personas sin negociación colectiva, lo que no tiene lógica». El servicio vasco de Salud cuenta con más de 35.300 contratados, entre trabajadores fijos, temporales y en formación.

«El pago de la carrera profesional se va a llevar a la negociación colectiva, porque entendemos que debe afectar a toda la plantilla», entendió Darpón, quien hizo una comparativa para hacerse una idea del dinero del que se está hablando. Cien millones de euros, dijo, permitirían construir y poner en marcha dos hospitales como el de Urduliz, que es el último que Osakidetza ha abierto. «Entendemos que, como mínimo, tiene que haber acuerdo sindical», según dijo en Radio Euskadi.

El fallo del Tribunal Supremo es consecuencia de un examen convocado por el Departamento de Sanidad que gestionó el consejero Rafael Bengoa durante la legislatura de Patxi López. En 2011 Osakidetza realizó una convocatoria de «desarrollo de la carrera profesional», con la que se ofreció a los trabajadores la posibilidad de mejorar de nivel y, en consecuencia, aumentar su salario. La convocatoria se abrió para los empleados con una antigüedad de 5, 11, 18 y 25 años en el puesto y lograron superarla unos 7.000 empleados.

El mandato socialista terminó sin que los trabajadores que se habían presentado llegaran a saber si habían aprobado o suspendido la prueba. El PNV regresó a Ajuria Enea en 2012 y los sindicatos quisieron saber entonces qué había sido de este asunto. No llegaron a saberlo. Sus reiteradas demandas cayeron en saco roto hasta mayo de 2014, cuando el entonces director de Osakidetza, Jon Etxeberria, esgrimió el argumento de la crisis para dejar en suspenso la convocatoria y reactivarla cuando la situación mejorara. Tras dos años de conversaciones sin acuerdo, los sindicatos optaron por la vía judicial.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vitoria consideró que los empleados tenían derecho a saber su nota y a promocionar, pero no a cobrar el dinero. El sindicato ELA recurrió la sentencia ante el Supremo, que lo vio de otra manera. No se trata de un incremento salarial, según consideran, sino de la asignación convenida a los distintos niveles profesionales. Los que aprobaron, en función de su antigüedad, deberían cobrar entre 1.310 euros más al año de las categorías inferiores a los 11.000 de un médico con 15 años de trayectoria.