Reclaman 2 millones a la Ertzaintza por haber cancelado el alquiler de un helicóptero

Las empresas han encargado una auditoría a un equipo de economistas, que valora en cuatro millones y medio de euros los beneficios que han dejado de ganar por la decisión unilateral del Ejecutivo autonómico de desistir del contrato, además de los gastos en abogados y otros, que cifran en casi 250.000 euros. La valoración del beneficio industrial realizada por el Departamento de Seguridad en los pliegos se situaba en 1.250.000 euros. Para llegar a un «acuerdo amistoso», las dos firmas proponen como «compensación justa y aceptable» 1.998.000 euros «para zanjar el asunto y no continuar con procesos legales». Tienen un plazo de dos meses para recurrir a los tribunales si el Gobierno vasco no acepta esta propuesta.

Seguridad renunció a alquilar un helicóptero biturbina, Eurocopter H145, un modelo superior al actual, que permitiría a los pilotos y operadores de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) realizar rescates en el mar, con grúa y con capacidad para transportar una docena de personas, en una resolución firmada por el viceconsejero el pasado 20 de enero en la que se alegaban motivos de interés público. El presupuesto era de 15 millones de euros y el periodo de renta de cinco años.

Lakua, sin embargo, ha optado por adquirir a Airbus un nuevo Eurocopter H135, como los antiguos, que llegó a la base de Iurreta en junio de 2024, y un segundo gemelo de éste, valorado en nueve millones de euros, que ya está fabricado y a punto de ser entregado antes de junio. Necesitan disponer al menos de un segundo modelo para garantizar el servicio durante las revisiones de mantenimiento.

«La pérdida que nos han supuesto estos casi cinco años de concurso tiene que ser resarcida. Además, han esperado al final de todo para renunciar», advierte Francisco Javier Murua, administrador de Seprogal, con base en Galicia, en declaraciones a este periódico. «La Ertzaintza podrá hacer rescates, pero sólo cerca de la base y de uno en uno. Con el nuestro podrían llevar a 15 personas y llegar hasta Inglaterra. Los políticos no saben de helicópteros y no se han dejado asesorar», critica.

La licitación para el arrendamiento de la aeronave grande se publicó en febrero de 2021. Tras varios requerimientos de documentación a Seprogal, se adjudicó en octubre de 2022 a Babcock, empresa que después se retiró, y se declaró desierto el concurso, trámite recurrido por la UTE gallega, la segunda en puntuación.

El Gobierno vasco alega que la demora en el proceso de adjudicación les obligó a buscar otras opciones en el mercado «que asegurasen la disponibilidad de una flota de helicópteros que diera respuesta a las necesidades que, en materia policial y de búsqueda y rescate, ha de atender la Ertzaintza». Las aeronaves viejas, que databan de 1996, obligaban a volar a la unidad de helicópteros de la Policía autonómica con un solo rescatador y a llenar el depósito a la mitad para reducir el peso por la falta de potencia. Los ertzainas se negaron a realizar rescates en el mar al haber caducado el flotador de esas máquinas.