Reclama que se ponga un límite de edad para acceder a redes sociales

Considera importante «supervisar» la relación de los menores en estos canales y «responsabilizarles» a ellos para que puedan «preservar su intimidad frente al permanente escrutinio al que pueden llegar a verse sometidos» y también frente a «las graves consecuencias que se pueden derivar de una actitud laxa a la hora de compartir datos o contenidos personales».

El Ministerio Público ha detectado un incremento de «conductas de menores que bajo la falsa apariencia de impunidad que da el anonimato por el uso de un perfil que no les identifica desarrollan un comportamiento patológico hacia otros menores, caracterizado por su agresividad, crueldad o falta de escrúpulos morales».

Caso «muy grave»

Las redes sociales se han convertido «en el medio de comunicación y socialización de nuestros jóvenes y también «en el instrumento idóneo para la comisión de todo tipo de atentados contra la libertad sexual». A través de los procedimientos que llegan a la Fiscalía, constatan que algunos menores «viven un mundo irreal en el que tejen un gran entramado social en el que desarrollan sus relaciones». Si se le une «un modelo de educación mucho más libre, benevolente y menos estricto», se crea «un gran caldo de cultivo que evidencia las claras carencias afectivas y ético-morales en la vida sexual y familiar de los menores».

La fiscal pone un ejemplo «muy grave» de esta realidad. Durante 2023, sus compañeros de la especialidad tuvieron conocimiento de que una chica de 14 años, con deficiencia intelectual y una discapacidad del 47% había sido «agredida sexualmente por seis hombres (dos menores, tres mayores y uno de edad inferior a catorce años, por lo tanto inimputable)». El ataque se produjo en un domicilio al que ella había acudido después de entablar conversación con un chico en el que estaba interesada a través de Instagram.

El perfil de la joven, que se encontraba bajo tutela de la Diputación vizcaína, les obligó a «ser especialmente cuidadosos en aras a evitar su victimización secundaria» durante la realización de la prueba preconstituida, que se utiliza para evitar que la víctima tenga que pasar por el trago de asistir al juicio.

También preocupa que se acorte cada vez más la edad de acceso a la pornografía on line, a veces «accidental». «Les crea una imagen equivocada de la realidad, con roles negativos estereotipados y asunción de conductas degradantes y de riesgo».