Profesionales del sistema de protección a la infancia de Euskadi conocen en Dinamarca el modelo de las Casas Barnahus

Profesionales del sistema de protección a la infancia, policía, justicia y salud del País Vasco están en Dinamarca para trasladar a Euskadi el modelo que trata de mejorar la atención y protección a los menores víctimas de abusos sexuales. Para ello, tendrán un encuentro formativo con el equipo profesional de la Casa Barnahus Sjaelland de Naestved, dirigida por Kim Risom Rasmussen. La palabra Barnahus significa 'casa de los niños' en islandés y da nombre al modelo por el que han optado distintos países, en especial del norte de Europa, para atender a los niños que han sido víctimas de abusos sexuales.

En las últimas décadas, el modelo se ha extendido portoda Europa y ahora existen más de 50. En Dinamarca hay cinco, una en cada región del país, y tres satélites que dan servicio a los cinco millones de habitantes. La primera se abrió en el año 2013. Reciben casos de niños y adolescentes entre 3 y 18 años, víctimas de abuso sexual y violencia física. La que va a visitar la delegación vasca da cobertura a la región de Zealand compuesta por 17 municipios, 4 hospitales y 2 unidades de policía.

La Casa Barnahus es un sitio acogedor, con la apariencia de una casa, al que acuden todos los servicios que intervienen en el caso sin necesidad de que el menor y su familia tengan que hacer un periplo por comisarías, juzgados, hospitales... En suma, coordina en un mismo espacio todos los servicios implicados en un caso de abuso sexual infantil y, por lo tanto, permite agilizar el proceso judicial además de reducir la victimización secundaria que suele sufrir el niño víctima de abuso sexual, es decir, que tenga que contar una y otra vez lo sucedido. Además, añade la posibilidad de grabar la entrevista forense para constituirla como prueba y evitar así que el niño haya de ir a jucio.

Está previsto que Vitoria acoja a finales de año la primera Barnahus de Euskadi. La delegación a Dinamarca está encabezada por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Beatriz Artolazabal y por la directora de Familias e Infancia, Irune Muguruza, entre otras personas del Departamento. La atención judicial está representada por la Fiscal General de Álava, Carmen Cotelo, la magistrada de menores Sara Mallen, y Fernando Álvarez, coordinador del Equipo Psicosocial Judicial del País Vasco.

Del ámbito de la asistencia sociosanitaria están Nuria Alday, del Instituto foral de Bienestar Social de la diputación alavesa; Karmele Díaz, responsable de pediatría del Hospital de Basurto; e Ignacia Arriabarrena, catedrática de la facultad de Psicología de la UPV-EHU, especializada en protección a la infancia. El campo educativo cuenta con la participación de Beatriz Ugarte, responsables de programas de convivencia de Berritzegune Nagusia, de la Dirección de Innovación Educativa. Y el área policial está representada por el responsable del grupo de Violencia Doméstica e Infancia de la Ertzaintza en Álava, Carlos San Emeterio.

Unos y otros trendrá un encuentro con sus homólogos en Dinamarca para conocer de primera mano el funcionalmiento del modelo Barnahus. «Este grupo motor está formado por profesionales de diferentes sistemas que tienen que intervenir en los casos de abusos sexuales infantiles o juveniles. Vamos a recibir mucha información y podremos compartir algunas cuestiones con otros profesionales que ya tienen experiencia en las Barnahus. El objetivo es recoger estas aportaciones y adaptarlas a la realidad competencial vasca e incluirlas en los protocolos conjuntos que ya estamos definiendo», subraya la consejera Beatriz Artolazabal.

El primer Barnahus de España empezó a funcionar en el verano de 2020 en el Complex Educatiu de Tarragona y promovido por la organización Save the Children. Los resultados ya están demostrando su eficacia. El primer año atendió 101 casos y el triple en estos momentos. «Esta forma de abordar el tema no solo ofrece al niño un espacio amigable, sino que mejora las probabilidades de que las denuncias lleguen a buen término desde el punto de vista judicial», observa la coordinadora del proyecto en España, Emilie Rivas. De hecho un estudio de la misma entidad indica que el 70% de los casos son sobreseídos, algo que achacan, en parte, al hecho de que los menores tienen que contar su historia «unas cuatro veces durante el proceso».