Propósito de año nuevo

Rebeca se llamaba la mujer asesinada en Bilbao. Ha trascendido su origen boliviano y el barrio en el que trabajaba, San Francisco, y eso podría generar un estado de opinión que nos llevara a pensar que son asesinadas mujeres extranjeras, pobres y vulnerables, pero erraríamos en el diagnóstico. Según datos del CGPJ, el porcentaje de víctimas extranjeras ronda el 30%, lo que indica que el 70% son autóctonas, aunque ese 30% supera en varios puntos el porcentaje de población y de mujeres extranjeras en España y en Euskadi. Sin duda, es necesaria una intervención especializada en determinados casos (mujer extranjera, situaciones de irregularidad y vulnerabilidad, prostitución, diversidad funcional, adicciones...), pero la especialización no implica establecer perfiles de mujeres víctimas de violencia machista, porque la violencia que sufren las mujeres la sufren, precisamente, por ser mujeres. La especialización debe permitirnos una intervención más centrada en el diagnóstico para que la respuesta sea más satisfactoria.

Los datos son fundamentales para analizar la realidad, realizar diagnósticos y, sobre todo, ayudar a definir políticas públicas que permitan resolver problemas concretos. La violencia machista es un problema social estructural, la manifestación más cruel de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, por lo que la respuesta institucional debe plantearse a dos velocidades: a largo plazo, fomentando una educación en valores para la igualdad y la convivencia en la diversidad, y, a corto plazo, impulsando programas y acciones para proteger y atender a las víctimas. La intervención centrada en la protección no puede pasar por alto que el 39% de las asesinadas en 2022 había denunciado. Es difícil atender a quien no denuncia o verbaliza la violencia que sufre, pero fallar a quienes sí han denunciado es un error del sistema a analizar con calma y en profundidad.

En apenas 20 años hemos logrado trasladar la violencia ejercida contra las mujeres del ámbito privado y doméstico al público. La violencia machista se concibe menos como un problema particular y más como un problema social, está en la agenda pública, se ha legislado sobre ella y se han diseñado medidas para intentar prevenirla y proteger. La manifestación pública de las autoridades ante un crimen machista traslada del ámbito privado al ágora pública una violencia que aún preocupa poco. La violencia física, psicológica, sexual, social y económica que sufren las mujeres debería copar las prioridades de las agendas políticas con recursos materiales y personales. Sea este uno de nuestros propósitos para el año nuevo.