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Será un organismo «híbrido», compuesto por expertos policiales y personas ajenas a la Ertzaintza, que se encargará de analizar «cualquier práctica» de la Policía vasca o de los cuerpos locales sobre la que «existan quejas» o hayan provocado incidencias en la «confianza ciudadana». Se potenciará ... su «neutralidad» e «independencia».
Se rebaja el tiempo de suspensión de empleo y sueldo que conllevan los expedientes sancionadores que reciben los agentes que cometen determinadas infracciones. Pero también se incluyen nuevas faltas muy graves en materia de acoso sexual y acoso laboral reiterado. La sanción máxima por faltas graves pasa de dos años a uno.
Se regula por ley el servicio activo modulado por la edad, que consiste en continuar el servicio activo con tareas «apropiadas» a la condición del agente. Cada administración, previa negociación colectiva, podrá fijar la edad en la que los agentes podrán solicitar de forma voluntaria esta medida y los tipos de tareas a desempeñar.
Desaparece esta categoría, la máxima prevista. Las funciones previstas en esta escala, que apenas ha sido ocupada por un puñado de personas en la historia de la Ertzaintza, pasarán a «singularizarse» en varios puestos. También se limita el sistema de libre designación. Los puestos 'a dedo' no podrán superar el 7% del total.
En los casos de «necesidades extraordinarias», los ayuntamientos «limítrofes» podrán formalizar acuerdos de colaboración para que los policías locales puedan «actuar temporalmente en el ámbito territorial» del Consistorio interesado. También se clarifica la figura del alguacil para los municipios que no tengan policía local.
Los ertzainas no podrán ser reservistas en el Ejército español y tampoco podrán adquirir «compromisos personales de desempeño de funciones públicas» adquiridos al margen del cuerpo policial para situaciones de «crisis o emergencia». Esta idea de cortar lazos con las fuerzas armadas ya figuraba en los primeros borradores.
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