Preguntas y respuesta sobre la ley de eutanasia

Cualquier persona mayor de edad con nacionalidad española o residencia legal en España y con capacidad de obrar y decidir puede solicitar y recibir ayuda para morir. Lo ha de hacer de forma autónoma, consciente e informada, y hallarse en los supuestos de enfermedad grave e incurable o de enfermedad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables.

Se deberá hacer en dos solicitudes de manera voluntaria, dejando una separación de quince días naturales entre ambas. Cuando el facultativo estime que la muerte es inminente, se aceptará cualquier período menor.

En caso de estar impedido físicamente, otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fechar y firmar la petición en su presencia. Dicha persona ha de mencionar el hecho de que quien demanda la prestación no puede firmar por sus propios medios.

El documento deberá formalizarse en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará. El escrito se incorporara a la historia clínica del paciente.

Si el paciente se encuentra consciente, deberá informar al médico competente de la manera en la que quiere recibir la prestación.

Hay dos modalidades de aplicación: una de ellas consiste en la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario. La otra, que se conoce también como suicidio asistido, se basa en la prescripción o suministro al paciente de una sustancia que el enfermo se pueda autoadministrar, ya sea en el centro sanitario o en su domicilio.

Se puede solicitar si se padece «una enfermedad grave e incurable» o una dolencia grave, crónica e invalidante» certificada por el facultativo responsable.

Si el paciente está en posesión plena de sus facultades mentales, deberá volver a ratificar su determinación de seguir adelante. El médico responsable y los profesionales sanitarios asistirán al paciente hasta el momento de su muerte. Si es un suicidio asistido, después de recetar la sustancia que el propio paciente se autoadministrará, el facultativo «mantendrá la debida tarea de observación y apoyo a este hasta el momento de su fallecimiento».

La ley prevé la existencia de una Comisión de Control y Evaluación para comprobar si se dan los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio del derecho a solicitar y recibir la prestación. Este órgano ha de controlar de manera previa y posterior el respeto a la ley

Cada comunidad autónoma, así como las ciudades de Ceuta y Melilla, deberá dotarse de una de estas comisiones.

La resolución definitiva de la comisión deberá comunicarse, en el plazo más breve posible, al médico responsable.

Esta comisión también deberá intervenir a petición del paciente en caso de que alguno de los facultativos que deben opinar antes desestime la petición.

Sí, los profesionales sanitarios tendrán derecho a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria que resultan incompatibles con sus propias convicciones. Las administraciones crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.

No, la ley establece que los menores de edad no pueden solicitar la eutanasia.

Sí, las denegaciones de la prestación de ayuda para morir deberán realizarse siempre por escrito y de manera motivada por el médico responsable, salvo que esta circunstancia derive del ejercicio de la objeción de conciencia.

Contra dicha denegación, el solicitante podrá presentar en el plazo máximo de cinco días hábiles una reclamación ante la Comisión de Control y Evaluación competente. El médico responsable que rechace la solicitud está obligado a informar de esta posibilidad.

La prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del sistema nacional de salud y será de financiación pública.

Si, el paciente deberá prestar consentimiento informado con carácter previo a recibir la prestación de ayuda para morir. Dicho consentimiento se incorporará a la historia clínica del o la paciente.

Se podrá aplicar la eutanasia si el paciente lo ha expresado mediante un documento de instrucciones previas.

Sí, los centros sanitarios deberán adoptarán las medidas necesarias para garantizar la intimidad de las personas y la confidencialidad del tratamiento de sus datos.

La Organización Médica Colegial rechaza con rotundidad la norma al entender que el médico nunca debe provocar de forma intencionada la muerte del paciente, aunque haya una petición expresa de este. También el Comité Español de Bioética también se opone. No obstante, cuatro encuestas a los médicos colegiados de Vizcaya, Madrid, Tarragona y Las Palmas revelaron que el 67% de los encuestados se mostraron a favor de regular la eutanasia.

Un 85% de los españoles está a favor de que se permita la eutanasia, según una encuesta de Metroscopia de 2018.