El Gobierno vasco quiere recaudar 20 millones vendiendo el suelo de VPO descatalogadas a sus dueños

La iniciativa, que se pondrá en marcha el año que viene, ha sido anunciada la mañana de este viernes por el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, durante la sesión de control. «Queremos y necesitamos hacer mucho más porque la gravedad de la situación a la que se enfrentan muchas personas para acceder a una vivienda digna y adecuada lo exige, hay que cambiar tendencias y revertir la situación», ha dicho Itxaso en respuesta a una pregunta de Sumar. «Las calles están hablando y piden que se intervenga el mercado», le ha reclamado el parlamentario Jon Hernández.

Itxaso ha respondido con el avance de una batería de medidas entre las que destaca la venta de suelos para contar con más músculo financiero que permita construir nuevas viviendas o reforzar las medidas públicas destinadas a facilitar el acceso una casa. Se hace poniendo el foco en 9.035 VPO ejecutadas por el Gobierno autonómico antes de 2003. Hasta entonces la normativa determinaba que la vivienda perdía su protección en un plazo de 20 a 30 años. Pasado ese tiempo el inquilino se ha convertido en propietario de su piso... pero no del terreno sobre el que se asienta. Quiere decir que, pese a poder venderla en el mercado libre, la transmisión tiene una fecha de caducidad: a los 75 años debe devolverse al Gobierno.

Esta situación es exclusiva de las VPO 'antiguas'. Un decreto aprobado en 2003, asumido en 2015 en el contenido de la ley vasca de vivienda, blinda la catalogación de vivienda protegida a todas las nuevas promociones. De los 9.035 inmuebles 4.631 se ubican en Bizkaia, 3.197 en Gipuzkoa y 1.207 en Álava. Suponen el 13% del parque público. Se empezará por un millar, pero, si los propietarios acceden, se pretende su «recuperación paulatina». «Corregimos un error histórico y nos reporta unos ingresos necesarios en este presente de urgencia», ha insistido el consejero.

Itxaso también ha anunciado una campaña para captar unas 700 viviendas deshabitadas y ofrecerlas en alquiler a través del programa Bizigune, que limita el precio pero garantiza el cobro al propietario. Ahora mismo se ofrecen así 7.390 inmuebles. El intento de incrementar la oferta se hará elevando la cuantía de los arrendamientos «acercándolos un poco a los precios del mercado» libre.

La tercera medida se refiere a Gaztelagun, la ayuda de 300 euros mensuales que ofrece el Gobierno a jóvenes de hasta 35 años para facilitar su emancipación. Ahora mismo se ofrecen para pagar alquileres de hasta 800 euros en las capitales y de 750 en el resto de municipios y se ha detectado que una inmensa mayoría de los alquileres están por encima de esos precios, por eso Vivienda va a estudiar elevar el tope. ¿Hará eso que los arrendadores eleven sus tarifas en igual medida? Itxaso ha asegurado que se contrarrestará en los municipios que sean declarados zonas tensionadas.

Pese a que el Gobierno vasco se ha marcado entre sus principales retos de la legislatura mejorar el acceso a la vivienda para las miles de personas que buscan un piso, los resultados no van a llegar de la noche a la mañana. El lehendakari ha reconocido este viernes en el Parlamento que desentrañar la crisis requerirá atravesar «un camino arduo y largo». «Es un problema general y preocupante que no afecta solo a Euskadi», ha lamentado Pradales antes de señalar que la normativa vigente «por sí sola no arregla nada» y reiterar la batería de medidas que su equipo quiere poner en marcha para «ampliar la oferta y limitar los precios».

La queja del dirigente vasco no hace referencia al marco jurídico autonómico, sino a la ley de vivienda aprobada en el Congreso hace año y medio para intentar, entre otras cuestiones, reducir el coste de los alquileres. «De momento no vemos nada de eso», ha dicho Pradales. El reproche no debe sorprender porque el PNV recurrió hace meses parte de la normativa nacional, y hace apenas unos días Aitor Esteban instó a Pedro Sánchez a realizar modificaciones que «den seguridad» a los propietarios. El presidente del Gobierno no cerró la puerta.

El impacto de la ley de vivienda está siendo el contrario al deseado en Euskadi, según ha denunciado el sector inmobiliario y confirman los datos. Desde la entrada en vigor de la norma la firma de alquileres se ha retraído un 20% debido a cuestiones como que si el inquilino se declara vulnerable no puede ser expulsado de la casa aunque no pague. Muchos pisos han sido retirados del mercado para ser destinados a alquileres temporales de menos de un año -no están sujetos a la norma- o al alojamiento turístico. La consecuencia es que a menos oferta sube el precio. Casi un 3% en este tiempo.

El lehendakari ha aportado sus reflexiones a petición del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, que le ha reprochado durante la sesión de control que los pasos que se están dando «están empeorando» la situación. «El Gobierno vasco dice que las personas que retienen viviendas son malos ciudadanos cuando ustedes tienen miles y miles de metros cuadrados de terreno retenidos en los que deberían hacer viviendas».