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PP+Cs ha registrado una propuesta en el Parlamento vasco para reformar la ley que regula la actividad del Ararteko. La norma entró en vigor en 1985 y desde entonces no ha vuelto a ser revisada. La coalición plantea ahora su actualización después de que el ... Defensor del Pueblo esté reclamando nuevas competencias, especialmente coercitivas, para hacer frente la «progresiva falta de colaboración» de las administraciones.
En su balance de actividad de 2022, presentado en marzo, Manuel Lezertua señaló por primera vez a 18 instituciones, entre ellas nueve ayuntamientos vizcaínos, que habían tardado entre uno y dos años en responder a sus solicitudes de información tras registrarse una queja ciudadana. El Ararteko les envió hasta 45 requerimientos, el paso previo a la interposición de una denuncia penal si la situación persiste.
Entre otras cuestiones, la formación conservadora propone dotar al Defensor del Pueblo vasco de capacidad para imponer sanciones económicas a las administraciones o entidades públicas que no respondan a sus resoluciones en el plazo legal establecido para ello. Se trata de una atribución que ya tiene el homólogo navarro del Ararteko. PP+Cs fija exactamente que la sanción ascienda a 1.500 euros renovables cada veinte días acumulados de demora.
PP+Cs desveló su propuesta en el pleno del Parlamento, durante un debate en el que Elkarrekin Podemos-IU planteó la necesidad de revertir la situación denunciada por el Ararteko poniendo en marcha «todas las medidas que sean necesarias».
La iniciativa de Podemos recibió el apoyo de EH Bildu, PP+Cs y Vox, pero no salió adelante al ser rechazada por los grupos que sustentan al Gobierno, PNV y PSE. Los nacionalistas defendieron que en el 88% de los casos las administraciones cooperan con el Ararteko, y acusaron a la oposición de «centrarse solo en los problemas».
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