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«Llevamos diez años intentando renovar la flota de helicópteros de la Ertzaintza. Hemos pasado de tener cinco a solo dos, cuando llegue el nuevo ... en junio y se dé de baja el viejo, de 1997». La parlamentaria del PP, Ainhoa Domaica, denunció ayer en el pleno del Parlamento de Vitoria que el Gobierno vasco sigue sin dotar de «los medios necesarios para que la Policía autonómica pueda asumir con garantías las competencias de puertos y aeropuertos que han reclamado». Domaica se refirió a la noticia publicada ayer por este periódico en la que se informaba de que la UTE, formada por las empresas gallegas Seprogal y Bigas Grupo, adjudicataria del contrato de arrendamiento de un helicóptero al que renunció el Ejecutivo autonómico de manera unilateral, reclama dos millones de euros como compensación por el lucro cesante.
La firma ha encargado una auditoria a un equipo de economistas de La Coruña, que valora en cuatro millones de euros el dinero que ha dejado de ganar en este tiempo, aunque para zanjar el asunto y no terminar recurriendo a los tribunales, piden al Gobierno vasco que les indemnice en 1.998.000 euros, incluidos los gastos en abogados. Ofrecían un modelo H145, la gama superior al actual Eurocopter H135, con capacidad para realizar rescates en mar y con grúa, y como alternativa les propusieron también un AW139, como los que tenía Salvamento Marítimo, que puede trasladar a 15 personas de una sola vez, aunque ninguna de las dos opciones se aceptó.
«El último contrato de alquiler se ha demorado cuatro años por una nefasta gestión. Se ha decidido prescindir de un helicóptero de medio porte necesario sin ninguna justificación técnica, lo que ha supuesto un gran despilfarro de dinero público», protestó Domaica.
La licitación, con un presupuesto de 15 millones de euros a lo largo de cinco años, se inició en febrero de 2021 y se ha prolongado hasta el pasado 20 de enero, cuando la viceconsejería vasca de Seguridad anunció en una resolución el desistimiento del contrato por razones de interés público. «Han tardado siete meses (desde junio de 2024, cuando se otorgó la licitación a las empresas gallegas) para tomar una decisión, la de renunciar, mientras esa gente estaba perdiendo dinero», dice la parlamentaria.
«Nos han tratado mal, no sabemos qué les hemos hecho para que se porten así con las empresas que nos presentamos a sus concursos», protesta Javier Murua, administrador de Seprogal. Por el momento, tampoco han recibido más respuesta que el «silencio» por parte del Ejecutivo vasco a su propuesta de compensación. En caso de que no contesten antes del próximo mes de abril, llevarían el caso al Contencioso-Administrativo, advierten.
«Pónganse manos a la obra. Que los ertzainas de la Unidad de Vigilancia y Rescate no tengan que ir sentados en el suelo y se garantice un rescate medicalizado», apeló la política popular en la sede del Parlamento. La moción que salió aprobada con los votos de PNV, PSE y Bildu, sin embargo, defiende que se faciliten a la Ertzaintza los medios necesarios para ejecutar la gestión de la transferencia completa de puertos y aeropuertos y rechazaron los recursos judiciales presentados contra la misma.
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