Pozos ilegales, entre el peligro y el saqueo

Era domingo, 13 de enero de 2019. Dos parejas del barrio malagueño de El Palo decidieron pasar un día en el campo con sus hijos y acudieron a la finca de uno de ellos en Totalán (746 habitantes). Mientras preparaban una paella, uno de los niños, un crío de apenas dos años y medio, cayó por un pozo de la parcela. Era el pequeño Julen Roselló.

El agujero, un sondeo fallido para buscar agua de apenas 25 centímetros de diámetro y un centenar de metros de profundidad, no estaba tapado. La Guardia Civil, con ayuda de un equipo de ingenieros y mineros, comenzó a partir de aquel momento una operación de rescate que desembocó en una obra de ingeniería civil. Tras 13 agónicos días que mantuvieron en vilo al país, Julen fue rescatado, aunque sin vida. El caso, que suscitó toda clase de debates, reflexiones y críticas, puso sobre la mesa el grave peligro que suponen los pozos ilegales en una España en proceso de desertificación que busca bajo el suelo el agua que no cae del cielo.

El caso de Julen visibilizó, con toda su crudeza, el riesgo de accidente que suponen estas infraestructuras, ya sea por su clandestinidad o por su abandono. El otro peligro, el que no se ve, es el agotamiento de los acuíferos subterráneos por el saqueo de un bien común que afecta al abastecimiento presente y futuro de la población.

Tras la muerte del pequeño, la Guardia Civil anunció una campaña para localizar estas infraestructuras. Cuatro años después, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han denunciado 3.000 pozos, sondeos y balsas irregulares en las dos fases de la que se bautizó como 'operación Mizu'. Es sólo la punta del iceberg, porque se calcula que podría haber más de un millón repartidos por España.

La mitad de esas infraestructuras denunciadas por el Seprona han sido descubiertas en Andalucía. Y casi un tercio en Málaga, donde se han localizado 432 captaciones ilegales sólo en 2021, durante la segunda fase. Le siguen, muy de lejos, Sevilla y Ciudad Real, con 96. Fuentes del Seprona matizaron que el dato de Málaga obedece al celo de los agentes de esta provincia, que se volcaron en este operativo tras la muerte de Julen.

El principio del problema es que se desconoce su magnitud. Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción urgen a las autoridades a hacer un inventario real. En 2006 se hizo público un estudio del entonces Ministerio de Medio Ambiente que proporcionó el único dato oficial: admitió la existencia 510.000 pozos ilegales que podrían sacar 3.570 hectómetros cúbicos al año, el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes. «Esto supondría que la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extraería al margen de la legalidad», subrayan desde Greenpeace.

Los ecologistas están convencidos de que hay «muchísimos más» y que no han dejado de aumentar por la sequía y por las explotaciones de agricultura y ganadería intensivas. Una década después, una filtración del Ministerio de Medio Ambiente reveló un nuevo balance, aunque en términos de estimación: hay más de un millón. Si tomamos ese dato como referencia, «se pueden estar extrayendo unas cantidades brutales; con esa agua se podría abastecer a 118 millones de personas, más del doble de la población del país», asegura el responsable de Agricultura de Greenpeace, Luis Ferreirim.

La geografía española cuenta con 800 masas de agua subterráneas y casi la mitad de ellas presentan «mal estado», según el estudio 'SOS acuíferos' publicado por Greenpeace el pasado septiembre. El 27% está en situación deficitaria desde el punto de vista cuantitativo por la sobreexplotación, ya que se extrae más agua de la que es capaz de reponer el ciclo natural. El 30% se encuentra en mal estado químico por el nivel de contaminación, que supera lo aconsejable para la salud humana. Y el 14% se declara en mal estado cuantitativo y químico.

El primer problema será el del abastecimiento, ya que los responsables de la planificación hidrológica cuentan con una cantidad de agua en el subsuelo que en realidad no es tal «porque la están saqueando por detrás», apostilla el ingeniero agrónomo Santiago Martín Barajas, que es coordinador de Aguas en Ecologistas en Acción.

Y todo ello en un contexto de sequía. El responsable de la campaña de Agua de Greenpeace, Julio Barea, añade: «Las previsiones de cambio climático para la Península auguran un descenso de las precipitaciones y de disponibilidad de agua en superficie. Será entonces cuando haya que aprovechar las aguas subterráneas. Pero dado el descontrol y desgobierno en la gestión, podemos encontrarnos con que ya no tengamos agua en los acuíferos y que la que quede esté contaminada».

La situación se agrava en la mitad sur. «Son las zonas donde más agua va a faltar en el futuro. Estamos esquilmando el recurso donde más va a tardar en recuperarse», apunta Ferreirim, que cita el caso de Doñana-Almonte, donde según Greenpeace hay un millar de pozos ilegales. Entre 2013 y 2017, fecha de otro estudio previo realizado por la organización, el Seprona interpuso 470 denuncias por extracción de agua en el entorno de Doñana y otras 371 por pozos ilegales detectados y no clausurados.

El coordinador de Aguas de Ecologistas en Acción coloca a las administraciones en la diana: «Los acuíferos subterráneos están abandonadas en este país. Es poco popular cerrar pozos». España ya ha incumplido el plazo de 2015, el de 2021 y «corre un alto riesgo de incumplir» en 2027 los objetivos ambientales fijados en la directiva marco dictada por Europa, apuntan desde Greenpeace, que critica la dejadez de todos salvo del Seprona, a su juicio el «organismo más diligente». Este periódico ha intentado conocer, sin éxito, la actividad del Ministerio para la Transición Ecológica al respecto.

Tras la muerte de Julen, la Guardia Civil inició en abril de 2019 la primera fase de la 'operación Mizu', en la que se ordenó a todas las unidades del Seprona localizar, inspeccionar y, en su caso, sancionar infraestructuras destinadas a extraer agua. «Esa campaña se enfocó a radiografiar el problema, comprobar si existía una sobreexplotación de recursos hídricos y analizar la seguridad de las instalaciones», explica el capitán José Carlos, de la Unidad Central Operativa Medioambiental del Seprona. En cuatro meses, los agentes realizaron 1.800 inspecciones en las que detectaron 1.457 infraestructuras ilegales y detuvieron o investigaron a 107 personas. En total, denunciaron 2.198 infracciones administrativas y 36 penales.

Cuando hablan de infraestructuras, los agentes del Seprona se refieren a pozos, sondeos, balsas de agua o instalaciones en los propios cauces de los ríos. Aunque los primeros se usen como sinónimos, no lo son. Los pozos son menos profundos, con 10 o 12 metros como máximo, y más anchos, por encima del metro. Los sondeos, en cambio, tienen un diámetro mucho menor y pueden llegar a los 500 metros de profundidad.

En 2021, iniciaron la segunda fase de la operación, que acabó el año pasado. «Esta campaña ha sido más quirúrgica y hemos obtenido mejores resultados con menos acciones. Se llevó a cabo un mapeo con un programa geográfico (ArcGIS) que nos permite solapar distinta información, como los acuíferos más sobreexplotados, las zonas agrícolas…», aclara el capitán. Él destaca que uno de los principales problemas detectados es el cambio de cultivos de secano a regadío para garantizar la cosecha si las lluvias no aparecen. En la segunda fase de 'Mizu' se han descubierto 1.533 infraestructuras ilegales, con 133 detenidos o investigados, 2.326 infracciones administrativas y 98 procedimientos penales abiertos.

Las infracciones detectadas en materia de aguas se resumen en carecer de documentación para explotar estas infraestructuras, extraer más litros de los permitidos o hacerlo en zonas de especial protección, a las que, a veces, se suman las urbanísticas, o a la normativa de minas, que se ocupa de la seguridad. Los pozos que sacan menos de 7.000 metros cúbicos al año solo necesitan una autorización administrativa del organismo competente. Por encima de esa cifra, se requiere una concesión, que es mucho más complicada. «Por eso piden permiso para 7.000 y en realidad sacan 700.000 metros cúbicos. ¿Cómo lo hacen? Colocan imanes para trucar los contadores», manifiesta el ecologista Martín Barajas.

En el Seprona confirman que esta picaresca está muy extendida, aunque también se han descubierto auténticas organizaciones criminales dedicadas esquilmar este recurso público. «En el Mar Menor hemos encontrado hasta instalaciones subterráneas para extraer y desalar agua que, además, eran portátiles», detalla el capitán de la Guardia Civil, quien recuerda otra operación en Cuenca donde hallaron 16 pozos ilegales que llegaron a extraer del acuífero 500.000 metros cúbicos.

Los ecologistas reclaman a la Fiscalía y a las confederaciones hidrográficas que persigan penalmente el robo de agua, que sólo se castiga con penas de prisión si hay delito medioambiental o contra la ordenación del territorio; en el resto de casos, las infracciones por usurpación o defraudación acarrean sólo una multa.

Un estudio de la World Wildlife Fund (WWF), una organización internacional dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, señala que los cultivos de regadío consumen 100 veces más agua que los tres millones de habitantes de Madrid en un año. El robo de este recurso sitúa a España como el país de Europa con mayor sobreexplotación de sus acuíferos e identifica cuatro puntos negros del «saqueo» en lugares de gran valor ambiental: Las Tablas de Daimiel (Castilla La Mancha), Doñana (Andalucía), Mar Menor (Murcia) y Arenales (Castilla y León).

El responsable de Agricultura de Greenpeace, Luís Ferreirim, asegura que es fundamental «rediseñar la agricultura», de manera que tenga en consideración los diferentes territorios y sus características (y no al revés). En lugar de eso, «se ha transformado –añade el ecologista– en un modelo muy intensivo que demanda enormes cantidades de agua. Hay cultivos de secano, como el olivo o el almendro, que ahora son de regadío para garantizar la producción si no llueve, y se está produciendo una explosión de los cultivos exóticos, como el mango o el aguacate, así como de frutos rojos, que para colmo crecen en las zonas donde hay menos agua».

El segundo factor es el «exponencial y desmesurado» crecimiento de la ganadería industrial, que también es «altamente demandante de agua», apostilla Ferreirim, que aporta un dato demoledor: el 66% de la superficie cultivada en España ya se destina a producir forrajes y piensos destinados a alimentar a los animales. Además, la ganadería industrial tiene un impacto «significativo» en las masas de agua subterránea por la permeabilidad del suelo.

Greenpeace subraya el perjuicio para los acuíferos por el exceso de nitratos debido al uso de fertilizantes agrícolas no orgánicos, pero sobre todo por los purines de la ganadería.

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