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Tras un año de pandemia, el cansancio y hartazgo empieza a ser evidente en la población y se refleja también en la tensión a la hora de cumplir con las medidas para contener el virus. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha alertado de que ... algunas personas que dan positivo ocultan sus contactos estrechos a los rastreadores, lo cual dificulta su labor de contención de posibles focos de contagio. Una situación que preocupa más si cabe por el aumento de casos en los últimos días, que indican una tendencia al alza de la incidencia del virus en Euskadi y que ya se ha hecho notar con una mayor carga de trabajo para la red de vigilancia del Covid-19, como confirma su coordinadora, Arrate Iturralde. «La gente está cansada, pero los datos están ahí y no hay que perder el miedo al virus», advierte.
La tasa de incidencia sigue estancada por encima de los 200 casos en Euskadi (206 ayer) y el repunte de contagios en los últimos días amenaza con iniciar la temida cuarta ola de la epidemia. Ayer se detectaron 402 nuevos positivos en la comunidad autónoma, la misma cifra que el 24 de febrero. En el rastreo de esos casos, donde antes se identificaban ocho contactos estrechos, ahora son la mitad. «Son comportamientos que dificultan nuestra tarea, que no es otra que cortar las cadenas de contagio», asegura Iturralde, quien confirma que «la labor de rastreo sigue siendo efectiva».
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Se considera contacto estrecho a las personas con las que un positivo ha estado durante 15 minutos o más a menos de dos metros de distancia sin mascarilla. Sin embargo, la coordinadora de la red de vigilancia explica que ésa es tan solo la definición general y que los rastreadores «analizan cada caso, porque quizá ha habido un abrazo o un mal uso de la mascarilla». Ellos son los expertos, insiste, por eso pide a la población que evite suspicacias y que facilite toda la información que se le requiera. «Sabemos que hay positivos que antes de hablar con Osakidetza preguntan a sus contactos si quieren que den sus nombres. Esa valoración tiene que hacerla la rastreadora, porque si un contacto estrecho no es comunicado y está contagiado asintomático y sale a la calle, puede infectar a más personas, cuando podría haberse evitado», aclara.
Arrate Iturralde | Red de vigilancia del covid
Hay quien no aporta toda la información porque ha incumplido la normativa sanitaria, por ejemplo, juntándose para cenar en un domicilio superando el límite de cuatro personas, y teme represalias. «Nos dicen que han quedado con ellas en días diferentes, pero al hacer el rastreo acabamos sabiendo que habían estado juntos el mismo día. O no nos dan todos los contactos y llaman días más tarde para añadir algún nombre. Eso supone más trabajo y nos genera frustración», admite Iturralde, que insiste en que la intención de la red de vigilancia «no es penalizar ni culpabilizar a la gente por sus acciones. No podemos multar».
¿Por qué se están dando este tipo de situaciones? A juicio de Iturralde, y como ya apuntó también la consejera, «está ligado al cansancio». «Hay personas que ya han pasado varios confinamientos por síntomas que acabaron no siendo covid, que ya se han sometido a varias PCR y ahora, ante la duda, descartan que se hayan contagiado, pero el virus sigue ahí y puede que lo contraigan. Por eso hay que insistir en que ante cualquier síntoma hay que llamar al centro de salud».
La red de vigilancia es también un buen termómetro para medir los espacios o momentos más proclives a producirse contagios. Sin embargo, su coordinadora se resiste a señalar uno solo. «Donde mayor contagio hay es en los entornos donde no se respetan las medidas. Preferimos no poner el foco en algo concreto».
Hasta que este domingo termine el puente de San José solo se podrán reunir convivientes en los domicilios. Así lo dictan las medidas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que entraron ayer en vigor tras el acuerdo alcanzado por las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de la semana pasada. Esta restricción es de obligado cumplimiento para todas las autonomías, si bien fuentes del Gobierno vasco reconocen que es «de imposible verificación a menos que haya denuncia».
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