Piden al Gobierno vasco restricciones al alquiler a 920 grandes propietarios de Bizkaia

Rosa García, en representación de la plataforma, ha urgido a aplicar la regulación aprobada por el Congreso en abril, un texto que contó con el rechazo del PNV. El propio lehendakari insistió entonces en que «vulnera el autogobierno». La portavoz del colectivo ha argumentado que «Cataluña ya está aplicando la ley y aquí puede hacerse: no valen excusas ni tardanzas». Ha considerado «imprescindible» que el Ejecutivo vasco fije las zonas tensionadas, porque el precio de los alquileres «no ha dejado de subir en los tres territorios por encima del IPC en los últimos cinco años», por lo que «se cumplirían los requisitos» que establece la ley.

«En mayo de 2023, el precio del metro cuadrado era de 14,2 euros en Gipuzkoa, de 12,4 en Bizkaia y de 10,2 en Álava», ha detallado. Son «algunos de los precios más altos» a nivel estatal, y se sitúan «por encima de Tarragona, con 8,4, y Girona, con 11,5». La integrante de la plataforma ha hecho esa comparativa porque «Cataluña ha solicitado recientemente que de 60 municipios declarados como zonas tensionadas, se pase a 140».

De acuerdo a una respuesta escrita remitida hace unos días por el Departamento de Vivienda al grupo parlamentario Elkarrekin Podemos-IU, a fecha de 2021, en Euskadi existían 2.030 grandes tenedores que tenían en propiedad cinco o más pisos, lo que hacía un total de 42.736. De ellos, 265 eran del sector público e instituciones sin ánimo de lucro, que disponían de 20.411. Los restantes 22.325, un 2% del parque inmobiliario vasco, se repartían entre 1.765 personas o empresas. Por territorios, la consejería no remitió el número de pisos, pero sí el de grandes tenedores. De los 920 vizcaínos, 151 contaban con más de diez viviendas en propiedad, frente a los 106 guipuzcoanos y los 53 alaveses.

García se ha mostrado «muy preocupada» porque «miles de familias vascas con ingresos medios y bajos no pueden acceder a un derecho fundamental, el de una vivienda digna y asequible». «El año pasado, la mitad de las compras que hubo no se hicieron a través de préstamos, sino a tocateja, por la especulación de los grandes tenedores», ha denunciado.

La socialista María Jesús San José (el PSE es el titular de Vivienda) ha asegurado que continúan «articulando políticas preventivas para ofrecer, en la medida de las posibilidades, la mayor protección posible», pero ha recordado que «el PP, ha mostrado su disposición a derogar la norma si gobierna». Irune Berasaluze (PNV) ha recordado que «se están cumpliendo los mandatos del Parlamento», que instó al departamento que dirige Iñaki Arriola a que elaborara un informe sobre cómo se aplicaría esta ley, un documento adjudicado en mayo y para cuya redacción se dispone de un plazo de tres meses. De forma paralela, ha puntualizado, «es muy importante que el Gobierno haga un estudio profundo para ver si se vulneran o no las competencias exclusivas», análisis que corresponde a la consejería de Gobernanza Pública y Autogobierno.

Unai Fernández de Betoño (EH Bildu) ha advertido que «uno de los riesgos» es que el Ejecutivo vasco «decida llevar esta ley al Constitucional» y «la otra opción» es que «la deje en una especie de limbo, en un congelador». El representante de la formación morada, Iñigo Martínez, ha sostenido por su parte que «esta cámara es soberana para decidir la aplicación de la Ley de Vivienda y no podemos esperar ni un segundo más. Detrás de los datos, como siempre y más en particular en el caso de la vivienda, hay personas con historias de vida que necesitan de intervención púbica».