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El Gobierno vasco se ha alineado con los ayuntamientos que estudian crear zonas restringidas de bajas emisiones en el centro de las ciudades, como Bilbao y San Sebastián, y ayer dio luz verde a un proyecto de ley de Movilidad Sostenible en el que se ... les habilita para tomar nuevas medidas disuasorias para reducir el uso del vehículo privado. El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, subrayó que la norma reforzará la capacidad municipal tanto a la hora de limitar la circulación en los cascos urbanos como de apretar la fiscalidad contra los vehículos más contaminantes.
El responsable socialista explicó que uno de los objetivos de la norma es «lograr ciudades más amigables, en las que las arterias principales no estén invadidas por vehículos». Para ello se incentiva la movilidad activa (a pie o en bicicleta) y los medios públicos, con especial mención al tren. Además, fija un plazo de dos años para que los títulos de transporte de Euskadi sean compatibles entre sí.
El proyecto de ley también insta a las diputaciones y a los ayuntamientos a utilizar la fiscalidad «y otros instrumentos de política económica» mediante la aplicación de tasas, cánones, tributos y reducciones que «desincentiven actividades que vayan contra la movilidad sostenible». Al mismo tiempo, abre la puerta a bonificaciones o exenciones para formas de transporte limpias.
El texto, que ahora deberá ser tramitado en el Parlamento autonómico, defiende también promover «la progresiva incorporación de medidas coordinadas» para reducir la circulación del vehículo privado por las carreteras urbanas. Estas acciones pueden consistir en la imposición de costes directos o en el estableciendo de sistemas de limitación del acceso a los núcleos urbanos con mayor riesgo de «impacto ambiental».
En cualquier caso, remarca que las administraciones que las adopten deberán garantizar al mismo tiempo «la existencia de alternativas reales». En ese sentido, apuesta por «fomentar aparcamientos disuasorios en la periferia», que conecten con el transporte público o permitan «recorridos no motorizados asumibles». Arriola aseguró que «la ley posibilita» adoptar estas medidas, aunque puntualizó que es «responsabilidad de cada ayuntamiento hacerlo o no». En cualquier caso, las actuaciones deben ser «justificadas y proporcionadas» para garantizar la salud pública y el medio ambiente.
Con el fin de poner en práctica el concepto de movilidad activa en su máxima expresión, la futura ley impulsa los desplazamientos a pie y en bicicleta. Con este objetivo, el proyecto de texto normativo incorpora la obligatoriedad de que tanto las instalaciones que acojan servicios públicos como las estaciones de transporte cuenten con aparcamientos para bicicletas. Además, las nuevas construcciones residenciales deberán incluir espacios para este medio limpio.
El texto plantea, asimismo, la necesidad de crear planes de movilidad sostenible a nivel autonómico y provincial con una vigencia de 10 años. Los municipios de más de 5.000 habitantes también deberán contar con estos documentos -las diputaciones colaborarán con los ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes a la hora de realizarlos-. El proyecto incluye reglamentos de movilidad específicos en los centros de trabajo.
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