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JOSÉ doMÍNGUEZ
Sábado, 12 de octubre 2019, 01:02
Desde que en 2015 entró en vigor la ley de vivienda, en Euskadi el derecho a tener un hogar ya no es un objetivo abstracto ni una declaración de intenciones. La normativa obliga expresamente al Gobierno vasco a garantizar un hogar a las familias sin ... recursos. Si bien el gran problema que tiene la Administración autonómica para cumplir con este mandato es que carece de inmuebles para atender todas las solicitudes que recibe. Por eso se ve obligada a destinar más de 100 millones al año a ayudar a 30.900 vascos a pagarse un piso en régimen de arrendamiento libre. Y, aunque el número sigue siendo insuficiente, la balanza empieza a equilibrarse poco a poco. Según aseguró ayer en la Cámara vasca el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, el parque público de alquiler en la comunidad asciende ya a 14.000 inmuebles y, esta legislatura, «crece a un ritmo de un millar por año». Muy lejos de las 230 que en 2003 empezó a gestionar la sociedad Alokabide, dependiente del Departamento.
Detrás de este incremento de la oferta de inmuebles en régimen de renta protegida -sus precios están siempre por debajo de los de mercado (650 euros de media en Euskadi según la recién creada Estadística del Mercado del Alquiler EMA)- están en gran medida los programas de intermediación pública para reducir la vivienda vacía. Porque el 43% de estos pisos son privados y sus dueños se han decidido a alquilarlos a través de iniciativas como Bizigune y Asap. Especialmente la primera, que hace dos años había caído por debajo de los 4.300 contratos y, tras subir el pago al propietario hasta los 600 euros al mes, ya ronda los 6.000 contratos.
Sin embargo, otro de los pilares de la política de vivienda del Gobierno vasco es el impulso de promociones protegidas. El responsable socialista remarcó que, tras la crisis, la prioridad de su departamento es reactivar este apartado y «ahora mismo tenemos en construcción 1.500 pisos en alquiler». «Somos la segunda comunidad que más vivienda pública promueve después de Madrid, que nos triplica en población y en producto interior bruto (PIB), y la primera en promoverla exclusivamente en alquiler asequible», remarcó.
Detrás de este esfuerzo, en cualquier caso, vuelve a aparecer la sombra de la Ley vasca de Vivienda de 2015 que, para garantizar su función social y que efectivamente el que lo necesita accede a un hogar, creó la figura del Derecho Subjetivo a tener una casa. Esto es, que el Gobierno vasco se compromete con todo aquel que acredite unas condiciones mínimas (bajos ingresos, hijos u otras personas a su cargo....) a proporcionarle un piso en régimen de alquiler protegido. Y, según avanzó ayer el propio Arriola, ya son 5.000 los vascos que han conseguido este reconocimiento. Aunque la previsión es que esta cifra siga aumentado hasta rondar los 18.000 en 2025.
Lideran el ranking
Así se hacen necesarias otras medidas para incentivar el arrendamiento protegido. Y, como no bastará con la construcción propia (el Plan Director de Vivienda 2018-2020 contempla promover un máximo de 6.350), se trabaja en otras ideas como Gaztelagun que promueve la emancipación de los jóvenes entre 23 y 35 años ayudándoles a pagar hasta la mitad de un alquiler libre durante tres años. El consejero confesaba ayer, sin embargo, que de momento solo se benefician de este programa 600 personas, cuando para este año se preveían 2.500 y hasta 6.000 en 2021. Para darle un nuevo impulso, el año que viene la edad mínima para solicitarlo serán los 18 años.
A su juicio, otra medida que ayudará a sacar más pisos al mercado será el decreto de la vivienda deshabitada, que contempla el pago de un canon si te tiene un piso sin uso más de dos años. Y que contempla incluso la expropiación para los casos más extremos. Y también la nueva fiscalidad sobre el alquiler que confía en que se apruebe el año que viene y que bonificará a los dueños que arrienden por debajo de los precios orientativos que marca la EMA, y que penalizará a los que quieran cobrar más.
1.500 pisos tiene ya en obras el Gobierno vasco para destinar al arrendamiento público.
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