El Parlamento vasco aprueba la ley que promoverá la implantación de una fiscalidad verde

El Parlamento vasco ha dado luz verde este jueves a la Ley de Movilidad Sostenible, que persigue «reducir la huella de carbono» y la priorización «del transporte público». En el desarrollo de los objetivos de la normativa gozarán de gran importancia ayuntamientos y diputaciones, ya que se trata de unas metas que «requieren la implicación de administraciones y de la sociedad», en palabras del consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola. Y una de las medidas más destacables es el fomento de una 'fiscalidad verde'.

La regulación, aprobada con los votos favorables de los grupos del Gobierno (PNV y PSE) y del PP, abre la puerta a que municipios y provincias establezcan «medidas fiscales y financieras que desincentiven actividades que vayan contra la movilidad sostenible». Establece un marco para que puedan activar herramientas de política económica como «tasas, cánones y tributos» para gravar situaciones contaminantes y «bonificaciones, reducciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente». El texto avalado por el Legislativo, en cualquier caso, no desgrana qué tipo de medidas se pueden adoptar en ese sentido.

También habilita a las administraciones locales para limitar el uso del coche en los núcleos urbanos. Establece que los municipios de más de 5.000 habitantes deberán impulsar planes de movilidad sostenible, en los que tendrán que incorporar medidas como la pacificación del tráfico y la preferencia del uso peatonal de calles, plazas y avenidas.

Arriola, en referencia al transporte público, ha destacado que, en un plazo de dos años, los títulos de transporte presentes en Euskadi (Barik en Bizkaia, Mugi en Gipuzkoa y BAT en Álava) deberán ser «plenamente interoperables en todos los medios de transporte de la CAV» mientras se avanza hacia la implantación de una tarjeta única.

Para EH Bildu, «no incorpora elementos negativos y es difícil estar en contra de lo que dice la ley». Sin embargo, el parlamentario Mikel Otero ha hecho hincapié en que la norma «no regula la movilidad, solo el transporte público». «Hay elementos que condicionan la movilidad, como el modelo territorial, turístico, alimentario, los productos que exportamos...», ha enumerado antes de insistir en que «la única ambición que tiene esta ley es su título».

Otero, cuyo grupo se ha abstenido, ha recordado que, en Euskadi, «el 42% del consumo de energía corresponde a la movilidad, un tercio de emisiones de CO2 vienen del transporte, solo el 1% del transporte de mercancías se hace por tren y el 35% de la movilidad es en coche», lo que hace necesarias una ley que haga «más».

En términos similares se ha pronunciado Iñigo Martínez, de Elkarrekin Podemos-IU, formación que ha votado en contra, porque «necesitamos todas y cada una de las herramientas para combatir el cambio climático» que, a su juicio, no recoge esta ley. «Hay que modificar la política territorial para evitar desplazamientos, acercando los servicios públicos y centros de trabajo a los lugares de trabajo y mejorando el ferrocarril», ha subrayado.

La popular Muriel Larrea ha considerado que «nos dota de mecanismos y palancas en las que administraciones locales se pueden apoyar para una movilidad que genere menos impacto en el medio ambiente». La parlamentaria del PNV Elena Lete ha destacado que se trata de una norma «imprescindible» que fomenta la «protección del medio ambiente, satisfaciendo las necesidades de movilidad que tenemos». Desde el PSE, Alberto Alonso ha puntualizado que la ley «pone al tren como eje central del transporte mercancías» y que «establece medidas disuasorias para el vehículo privado».

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