El Parlamento pide reforzar la RGI y mejorar su control

Casi 54.000 ciudadanos de Euskadi se benefician de la RGI actualmente, unos 1.700 más que al inicio de la pandemia. El plan del Departamento de Trabajo y Empleo para esta legislatura es convertirla en «un motor de inclusión social y laboral», según desgranó la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, en su primera comparecencia ante la comisión del ramo en el Parlamento vasco. Y eso, dijo la líder del PSE, no se logra «con una mera reforma» de la ley, pendiente desde la anterior legislatura, cuando esta cartera estaba en manos del PNV. Entre tanto, se ha añadido el reto de compatibilizar esta prestación con el IMV, lo que podría contribuir a la ampliación de supuestos para acceder a ella.

En un tema más que recurrente en los plenos del Legislativo vasco, los grupos han vuelto a mostrar sus diferencias respecto a la prestación autonómica. Todos coinciden en que el sistema se debe modificar, pero no así en cuáles deben ser esos cambios. Jeltzales y socialistas han defendido su iniciativa, en muy similares términos a lo explicado por Mendia la semana pasada y a lo que ambos sostenían en la anterior legislatura. «Ya es un compromiso firme asumido por este Gobierno», ha recordado Gloria Sánchez (PSE). «Partimos de un modelo de éxito, con sus carencias, pero sigue siendo un modelo de referencia», ha agregado Jon Aiartza (PNV).

En la oposición, en cambio, han profundizado en esas carencias del sistema, tanto de la RGI como de Lanbide en su totalidad. «Las deficiencias persisten», ha indicado Laura Garrido, de PP+Cs, quien denunciaba la tardanza en la reforma: «Debería haber llegado en tiempo y forma». La coalición de conservadores y liberales también ha sido criticada por el resto de grupos. «A usted los desempleados y los perceptores de la RGI le importa un pito. Usted tiene otros intereses», le ha recriminado la representante de EH Bildu Nerea Kortajarena a Garrido por infundir «sospechas» sobre el fraude. En ese punto se había pronunciado Amaia Martínez (Vox) al hablar sobre un supuesto «efecto llamada».

«Busca criminalizar a las personas perceptoras de esta renta», le ha respondido a su vez el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández, quien ha añadido que el fraude es «menor al 1%» del total de ayudas y denunciado «alarmismo». Entre unas y otras respuestas, cada grupo ha ido defendiendo su posición aunque sin demasiada profundidad en las medidas. Términos genéricos que también están presentes en la moción aprobada, salpicada de verbos como «profundizar», «mejorar» e «incentivar» sin detallar mucho más. El acuerdo, además, pide que Lanbide «refuerce su orientación al mercado laboral y se centre más en las empresas y las personas».