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La oposición advierte que las residencias vascas serán las de «peor calidad» a nivel estatalLa modificación del decreto que regula las residencias vascas, con el que el Gobierno autonómico pretende mejorar «la gestión»y «la calidad» de la asistencia, ha recibido una cascada de críticas desde que se hiciera público a comienzos de la semana pasada. Sindicatos, familiares de ... usuarios, colegios de enfermería y patronal han mostrado su desacuerdo con la propuesta del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, al que han afeado que no les haya «tenido en cuenta». Los grupos de la oposición en el Parlamento de Vitoria se han sumado este jueves a los reproches y han advertido que «es muy probable» que en unos años «contemos con los centros residenciales de peor calidad del Estado».
La Cámara debatía una propuesta de Elkarrekin Podemos-IU, acordada con EH Bildu, para reclamar al Ejecutivo vasco, entre otras cosas, que los cambios que se incorporen se lleven a cabo de la mano de los agentes implicados. Los grupos proponentes planteaban una batería de medidas como fijar unas ratios de atención directa mínima de 120 minutos diarios por cada uno de los casi 20.000 residentes, la presencia de profesionales de enfermería las 24 horas, un aumento de las inspecciones... Los partidos que sustentan el Gobierno, PNV y PSE, han aprobado su propia propuesta, en la que instan a que en el próximo texto «se aseguren los ratios necesarios para una adecuada atención a las personas usuarias tanto en horario diurno como nocturno».
150 residentes
es el tope de las residencias de nueva construcción. A nivel estatal, se establece en 120.
25 usuarios
vivirán en los módulos, frente a los 15 que lo harán en los centros del resto de España.
0,33 gerocultores
será la ratio mínima en los grados dependencia 2 y 3. El acuerdo alcanzado en Madrid la establece «en 0,49».
Tanto el jeltzale Aitor Urrutia como la socialista Gloria Sánchez han insistido en sus intervenciones en que la tramitación no ha terminado, en que se abrirá el plazo de alegaciones y la modificación del decreto está «en fase de borrador», por lo que podrá haber modificaciones. Sin embargo, los demás partidos con representación en el Legislativo han considerado la enmienda «muy abierta» y han echado en falta que no se haya ido «más allá».
Isabel González, representante de Elkarrekin Podemos-IU, ha lamentado que «este Gobierno no nos ofrece nada» y les ha emplazado a apoyar su iniciativa. «El objetivo es mejorar la vida de la gente. Tenemos a miles de personas en residencias masificadas, trabajadoras ahogadas con las ratios que tienen... y eso es responsabilidad de la Administración», ha subrayado antes de censurar que no se haya «enriquecido el texto» con la experiencia de los últimos cuatro años, marcados por una pandemia.
En ese sentido, ha citado un «estudio de mortalidad en residencias durante el covid», elaborado por el Ejecutivo autonómico, que concluía que en los centros que tenían menos de 50 usuarios «habían sufrido mucho menos que los medianos y grandes» los estragos del virus. La parlamentaria de la formación morada ha deslizado que, en Euskadi, las residencias serán más grandes que en el resto de España.
También Nerea Kortajarena, de EH Bildu, ha hecho un análisis comparativo entre la realidad vasca y estatal. El Consejo Territorial de Servicios Sociales aprobó el pasado verano en Madrid un acuerdo sobre las residencias al que el País Vasco no se sumó porque consideraba que «invade competencias». Mientras el documento de aplicación nacional establece que los recintos asistenciales de nueva construcción tendrán una capacidad máxima de 120 personas, en el caso de los vascos se mantiene en 150. Los módulos en los que se dividirán, para dotar a los usuarios de una atención más personalizada, «serán de 25 personas aquí, y de 15 en el Estado».
Y «los ratios» de trabajadores, «también están por detrás». «Aquí se establece un 0,33 (en el caso de las gerocultoras), dando de tiempo hasta 2029 para aplicarlos, y en el mismo tiempo, el ratio establecido por Madrid será de 0,49», ha destacado. De hecho, ha recordado que incluso «la propia Diputación de Gipuzkoa ha dicho que la nueva regulación no tendrá ninguna implicación porque la realidad del decreto está superada», ya que hay más personal del que establece la futura normativa. En Bizkaia, según puntualizó hace unos días la patronal mayoritaria, Gesca, también se está actualmente por encima.
Laura Garrido, portavoz de PP+Cs, ha expuesto que «hemos debatido muchas veces sobre el decreto de las residencias», que en 2019 «llegó tarde y de forma no satisfactoria en relación a las necesidades». Y esta modificación, ha puntualizado, no atiende las «deficiencias estructurales» que «afloraron» en la pandemia.
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