Los jueces frenan la entrada en Arkaute de 300 aspirantes a policías 'no aptos'

Los jueces estiman así el recurso de la consejería que dirige Josu Erkoreka contra el auto que, a raíz de una demanda del sindicato Esan contra el carácter eliminatorio de las entrevistas personales, obligó a admitir a cientos de aspirantes excluidos en esta parte de la OPE. Ese fallo dictaminó que debían seguir en el proceso selectivo hasta que se resolviese el fondo del asunto en un juicio programado para octubre de 2022. Es decir, siguiendo ese calendario, cuando se dictase sentencia los aspirantes admitidos de forma cautelar iban a estar ya patrullando las calles como agentes en prácticas.

De esta manera, la OPE conjunta de la XXX promoción de la Ertzaintza y de 18 policías locales vascas recupera cierta normalidad. Ahora mismo se prevé que en enero entren en Arkaute 856 alumnos (700 para la Ertzaintza y 156 para policías locales). Es decir, los que estaban previstos antes de los recursos judiciales.

El auto que obligó a admitir a los 'no aptos' había puesto patas arriba las previsiones del Departamento de Seguridad en lo que a la renovación generacional de la Ertzaintza se refiere. En ese momento quedaban unos 1.400 aspirantes en liza. Un día después de que este periódico desvelase el embrollo generado en Arkaute, el vicelehendakari, Josu Erkoreka, advirtió del «coste importantísimo», tanto económico como organizativo, que iba a provocar la medida cautelar. El dirigente del Ejecutivo autonómico afirmó que el grupo de 'provisionales' ascendería a «unas 300» personas.

En Arkaute no sabían cómo aplicar el dictamen judicial y decidieron aplazar por lo menos hasta el 15 de enero el inicio de la formación. Además, mientras se resolvía el recurso presentado por el Gobierno vasco, el tribunal de la OPE había solicitado un informe jurídico externo para decidir cómo afrontar este problema con garantías.

Al final no ha hecho falta aplicar los criterios del informe jurídico. Según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico, el Tribunal Superior considera que no se puede establecer una medida cautelar de aplicación genérica para gran parte de los aspirantes excluidos y entiende que, en este caso, los «perjuicios» organizativos generados a la administración son «relevantes». De tal manera que deben «prevalecer» los intereses del Gobierno vasco frente a los hipotéticos beneficios de la medida solicitada.