Los obispos comprobarán que hay «fundamento» antes de comunicar abusos sexuales a la Fiscalía

Esta comunicación será rápida, pero no inmediata. Antes de poner las denuncias recibidas o los casos detectados en el seno de las instituciones religiosas en conocimiento de la justicia civil los responsables eclesiásticos realizarán un estudio preliminar «para ver si tienen fundamento», aclaró hoy el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. «Hay que aplicar unos criterios de prudencia, porque cualquier persona que nos hace llegar una denuncia merece, incluso por respeto a su propia palabra, que se vea su contexto, sus argumentos, sus propuestas», abundó.

Según explicó Argüello, está forma de proceder ante la detección de posibles casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia la han pactado con los propios responsables de la Fiscalía, con quienes han mantenido una «cordial» reunión en la sede madrileña de los obispos. «Nuestro compromiso con los fiscales es poner en su conocimiento de forma inmediata los posibles abusos, pero cuando se tenga un conocimiento de verosimilitud de mínima prudencia», matizó el portavoz, que explicó que el futuro protocolo -cuyo borrador «ya está orientando el trabajo de los obispos y otras instituciones» ante las nuevas denuncias- regulará también un nuevo procedimiento, con pasos y plazos tasados, para iniciar e instruir el propio proceso eclesiástico contra el sospechoso, en paralelo a la investigación civil. Indicó que, de hecho, en ocasiones hay sanciones canónicas contra los religiosos responsables de los abusos en asuntos que no reciben sanciones penales.

Este borrador de decreto, que tiene que ser autorizado por el Vaticano y que esta semana debate la asamblea plenaria de los obispos españoles, pero que aún no tiene fecha para su entrada en vigor definitiva, también prevé la creación de oficinas específicas en las diócesis para recibir e investigar denuncias tanto contra responsables de abusos como contra encubridores, tanto en asuntos que aún pueden ser enjuiciados por la justicia civil como en los que ya han podido prescribir por su antigüedad.

Los obispos también deberán poner en marcha estructuras con expertos y especialistas para atender y acompañar a las víctimas y ofrecerles la ayuda jurídica, médica o psicológica que puedan necesitar, similares a la que ya funciona desde meses en la diócesis de Astorga.

Se trata, fundamentalmente, de las actuaciones y medidas que el Papa Francisco ya recomendó en mayo pasado que fuesen adoptadas por todas las diócesis y congregaciones del mundo y que son parte de las conclusiones de la cumbre contra la pederastia en la Iglesia que el Vaticano celebró en febrero de este año.

La Conferencia Episcopal Española hace justo un año que, a través del discurso de su presidente, Ricardo Blázquez, entonó oficialmente el mea culpa por décadas de desatención a las víctimas de abusos sexuales ocurridos en su seno y prometió un futuro de tolerancia cero y en el que no se volverían a repetir ni los encubrimientos de pederastas ni el silencio cómplice que habían practicado algunas jerarquías eclesiásticas.