Activistas latinoamericanas refugiados en Euskadi: «Nunca pensé en irme a otro país para resguardar mi vida»

Desde 2011 son ya 36 los activistas procedentes de diferentes países, sobre todo de Sudamérica y Centroamérica, que han participado en esta iniciativa, impulsada por la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno vasco y gestionada por Zehar-Errefuxiatuekin. Guadalupe Hernández, de El Salvador, y Yisela Rivera están a punto de terminar su acogida, de la que hacen balance. «Este programa ayuda a salvar vidas, a generar un tiempo de sanación, de tranquilidad, en el que te preguntas por qué estás así, cómo sigues adelante...», expone la colombiana.

A ella, que reconoce que «nunca pensé en trasladarme a vivir a otro país para resguardar mi vida», le ha servido para darse cuenta de que debe «volver» a su hogar. Salió de allí hacia otra región hace más de un año tras recibir amenazas directas contra su hija, y regresará «no porque tenga que ser así, sino porque quiero». Su objetivo es «bajar el perfil político», no estar siempre en primera línea.

Rivera está orgullosa de su lucha, de la «responsabilidad» que ha asumido en los últimos años, y de su objetivo: «que no se derrame sangre». Protegen a las comunidades de «las expropiaciones» en una zona de Colombia que es rica «en fuentes hídricas, minerales y tierras productivas». Y lo hacen, subraya, para evitar que siga extendiéndose un modelo que es sinónimo de «muerte, desplazamientos, pérdida de identidad y desarticulación familiar».

La llegada al poder en El Salvador de Nayib Bukele, que decretó el estado de excepción hace más de un año, llevó al este país «más represión» y la «narrativa» de que gente como Guadalupe Hernández y sus compañeras de la Colectiva Las Incómodas Feminista son «terroristas porque somos oposición». La joven se ha tomado este respiro de seis meses en Euskadi porque tiene claro que, aunque «se nos ha enseñado que las luchas necesitan mártires, a veces hay que poner pausas».

Su activismo comenzó hace más de una década en la Universidad Nacional, denunciando públicamente casos de acoso sexual a alumnas por parte de compañeros y docentes. Pero no se ha quedado ahí, y ahora saca a la luz «los feminicidios y las desapariciones de mujeres», además de prestar apoyo a las familias y a las supervivientes de violencia sexual.

Eso le ha valido seguimientos, hackeos de sus dispositivos móviles y de sus ordenadores e incluso un juicio por difamación. La «corrupción» y la «escalada de violencia», una lacra en un territorio que la vive desde hace décadas, se han intensificado en los últimos años, con más de «3.800 delitos sexuales hacia niñas y adolescentes denunciados este año». El problema, dice Lupe, es que «no hay justicia» para ellas. Y por eso sigue corriendo riesgos, porque si quiere «un futuro mejor para su hijo» y para quienes vengan después, «no podemos quitar el dedo» del «machismo» que impera en el país.