La nueva RGI reforzará la protección de las familias con menores

La vicelehendakari segunda y titular de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha comparecido tras la reunión de los consejeros para presentar las claves de una propuesta que incrementa las prestaciones que perciben los colectivos más vulnerables, especialmente pensionistas y familias con menores a su cargo. «Hoy es un día importante para el Gobierno», ha dicho la socialista, no solo «porque cumple con el programa legislativo, sino porque trae una ley que consideramos troncal».

La norma parte de una premisa: que la regulación no pueda perjudicar la situación inicial de los perceptores. O sea, que todos vayan a mejor, por lo que deja la puerta abierta a algunos ajustes. Los cálculos del Gobierno vasco, según ha señalado Mendia, es que las personas que perciben una pensión –el 25% de los titulares– noten una mejoría de entre un 12 y un 17% en la cuantía, mientras que, en los hogares con menores a su cargo, ese aumento oscile entre un 9 a un 40%.

La norma también premiará a los trabajadores que complementen su sueldo con la RGI, en torno a un 16% de los titulares. Esos estímulos al empleo, por los que salen favorecidos en el reparto de la ayuda, duran en estos momentos dos años. La nueva regulación los hará indefinidos cuando sea aprobada por el Parlamento vasco, en el que el Gobierno de PNV y PSE goza de mayoría absoluta. El objetivo, ha dicho la consejera, es que la ley salga adelante «cuanto antes». Ella iniciará las comparecencias, a las que acudirán expertos designados por los diferentes grupos políticos. Después comenzará el periodo de enmiendas. Fruto de la voluntad de que la norma tenga luz verde «en torno a final de año», Mendia solicitará la habilitación de julio en la Cámara para que corra el plazo de alegaciones y así poder arrancar con la ponencia después del verano. La titular de Trabajo y Empleo ha solicitado al resto de partidos su «compromiso» para acelerar la tramitación. «No estamos pidiendo adhesiones ni hurtar ningún debate. Pero aquí están muchas aportaciones realizadas ya durante varios meses en la pasada legislatura», ha lanzado Mendia.

Entre las principales novedades destaca la duración de la percepción, que será indefinida. En la actualidad se limita a dos años, tras los que se debe renovar toda la documentación y comenzar de nuevo con el proceso. Esa facilidad, eso sí, irá acompañada de un refuerzo en el control, y de un reglamento específico que permitirá adaptarse a las nuevas realidades convivenciales que vayan surgiendo. Para asumir los cambios, Lanbide se halla inmerso en un profundo proceso de digitalización y modernización, que posibilitará redistribuir los recursos humanos y así agilizar los procesos de solicitud de ayuda.

La cuantía base de la RGI, que será fijada por el Parlamento vasco cada año, tomará como punto de partida el Ingreso Mínimo Vital, que en este 2022 asciende a 491,63 euros. A ese importe se sumará una partida general para el titular de la ayuda del 50%, 246 euros y otra exactamente igual por un segundo adulto en la unidad convivencial. No habrá límite de menores a cargo por los que se aportará la bonificación –ahora son tres niños como máximo–, que será de un 30% por cada uno de ellos.

En el caso de los pensionistas, el complemento será de hasta el 40% (además de los 246), de manera que los jubilados vascos tendrán derecho a disponer de una renta máxima garantizada de 934 euros. Serán, en cualquier caso, las circunstancias personales las que harán crecer el importe. Se establecerán, por ejemplo, ayudas del 25% en caso de ser víctima de violencia de género, discapacidad o unidades monoparentales.

El empadronamiento durante al menos tres años en algún municipio de la Comunidad Autónoma Vasca disminuye a dos en el caso de los hogares con niños. No son el único colectivo para el que se reduce el período de domiciliación. Las personas refugiadas, las víctimas de violencia de género y doméstica, las de trata y explotación sexual y las del terrorismo tendrán que estar inscritas en el padrón en el momento de presentar la solicitud, sin necesidad de atestiguar ningún tipo de antigüedad. También se reduce en algunas excepciones de 23 a 18 años la edad mínima. Para recibir la ayuda, asimismo, hay que acreditar tener «necesidades económicas». El texto establece que entran en ese grupo las unidades convivenciales que disponen de unos rendimientos inferiores a lo que les correspondería de RGI. Por ejemplo, a una pareja con dos hijos, le correspondería una cuantía máxima de 1.278 euros. Si ingresan lo mismo o menos, tendrían derecho a la prestación.

La nueva normativa eliminará la limitación actual de dos prestaciones por domicilio. No habrá un máximo de ayudas por vivienda, pero se establecerán una serie de índices correctores que, por ejemplo, rebajarán la segunda RGI que se registre en una casa al 85% del total. De esta manera se amparará a personas que están en una situación complicada y comparten piso. En esa línea, la normativa también plasma la realidad de las parejas separadas con menores a su cargo. En este momento, la prestación por hijo no es completa, se reparte entre ambos progenitores, pero con la entrada en vigor del texto percibirán el total de la ayuda, para lo que se ha «redefinido el concepto de monoparentalidad».

Los titulares de la renta deben informar de cualquier cambio en su situación personal que pueda variar las cuantías de la ayuda. También, en el plazo de un año desde que entran en el sistema, tienen que suscribir un plan personalizado de inclusión. El documento, elaborado junto un tutor, recoge los compromisos tanto de Lanbide como del perceptor de la ayuda para evitar caer en la exclusión o para salir de ella. Tiene una duración de dos años y perfila un itinerario individualizado, que contempla formación cuando es necesario, acceso al empleo...

Una de las prioridades que se marca la norma es la agilidad, responder a las necesidades de una forma rápida. De ahí que se haya establecido la declaración responsable, en la que en la que manifiesten que cumplen los requisitos para el reconocimiento prestación Los solicitantes reciben la ayuda al mes siguiente a la petición, y posteriormente Lanbide comprobará que, efectivamente, esa persona tiene derecho. A cambio de esta mayor celeridad, se establecerán controles trimestrales de las unidades de convivencia y los ingresos, para adaptar las cuantías en caso de cambios.

Como novedad, se incluye la posibilidad de perder, en determinados casos, parte de la prestación y no su totalidad. Esto sucederá en el caso de que el perceptor tenga hijos a su cargo. «Hemos considerado no dejarles en el desamparo más absoluto», ha precisado Mendia. De esa manera, se mantendrá la cuantía base de la prestación, incluso en supuestos de extinción, y solo se retirarán los complementos.

En el caso de las infracciones leves, se establecerá una multa igual a la cuantía indebidamente percibida. En los incumplimientos graves, los titulares tendrán que devolver los importes, no podrán cobrar Ayudas de Emergencia Social y quedarán fuera del sistema de RGI durante un mínimo de año y medio, un período que se alargará hasta los cinco en el caso de los reincidentes.

Asimismo, serán sancionados los beneficiarios que cooperen para que otros cometan irregularidades. La prescripción de prestaciones percibidas indebidamente se reducirá de cuatro a dos años, para favorecer una mayor seguridad jurídica y que las personas que se hallen en situación de vulnerabilidad no tengan que hacer frente, pasado un tiempo extenso, a las consecuencias de las dilaciones de la Administración.