La nueva RGI cumple un año y roza los 100.000 beneficiarios

Buesa hace un balance «muy positivo» de este primer año. «Las cosas están funcionando como queríamos que funcionaran», asegura. La flexibilización de los requisitos de acceso, especialmente el de empadronamiento, están detrás del importante aumento de perceptores. Las familias con menores a su cargo, 15.262, suponen el 26,7% del total y, si antes debían acreditar tres años inscritos en los padrones municipales, ahora basta con uno. Este cambio facilita el acceso a hogares especialmente vulnerables, como los monoparentales, que han aumentado un 13,6% entre los perceptores de la RGI hasta alcanzar las 8.236.

En la actualidad, 2.251 víctimas de diferentes violencias están percibiendo la Renta de Garantía de Ingresos. Casi un cuarto de ellas (525) se han incorporado a la prestación en el último año. Se trata de afectadas por violencia de género, doméstica, trata, explotación sexual y terrorismo, que solo deben atestiguar estar inscritas en el padrón en el momento de materializar la solicitud, sin que se exija antigüedad.

La modificación normativa también ha permitido que se incorporen con más facilidad refugiados (416), personas con protección temporal (199) y jóvenes que proceden del sistema de protección de menores (204).

Aunque en algunos supuestos se elimine el requisito de llevar un tiempo concreto inscrito en el padrón de algún municipio vasco, la normativa es más estricta en lo que se refiere a demostrar la residencia efectiva en una vivienda. Ya no vale solo con estar empadronado. Algunos colectivos sociales entienden que esta medida afecta «a los sectores más precarizados», que no pueden confirmar que residen en ese lugar porque carecen de documentos de propiedad, contrato de alquiler o una cesión de uso.

La directora de Prestaciones e Inclusión, sin embargo, considera que es «razonable» que los titulares de esta ayuda acrediten que residen de forma habitual en el domicilio en el que están empadronados. Recuerda, además, la posibilidad que tienen los ayuntamientos de realizar «empadronamientos sociales», que dan acceso a diferentes prestaciones.

En enero entró en vigor el reglamento, que desarrolla algunos artículos de la ley de RGI. Entonces comenzó a aplicarse el nuevo modelo de pagos. Antes, los perceptores debían comunicar cualquier cambio en su situación a Lanbide, que modificaba la cuantía a percibir. Eso provocaba «atascos» y «cobros indebidos» que, posteriormente, tenían que devolver. Ahora, también tienen que informar de esos cambios, pero las cuantías se actualizan cuatro veces al año, «por lo que la gente sabe lo que va a cobrar durante tres meses, y que esos importes están bien».

López, en ese sentido, asegura que, con el nuevo sistema, «se han retrasado algunos días los pagos, por lo que se están generando problemas», aunque confía en que, «con el rodaje, se solucione».

Esa nueva forma de pago, y el hecho de que haya una mayor interoperabilidad, que Lanbide consiga de otras administraciones la documentación sin necesidad de que la aporte el solicitante, está descongestionando las oficinas. «El 96% de las actualizaciones de cuantías se hace de forma automática», señala Buesa, que puntualiza que «podemos acceder a nóminas, vida laboral, padrones... a más de 20 fuentes sin que ellos traigan esos documentos». «De esta manera, se facilitan las cosas a la ciudadanía y a los profesionales, que tienen más tiempo para el acompañamiento», destaca. Para López, pese a que «Lanbide está haciendo un gran esfuerzo», se debe prestar más atención a «hacer comprensibles» las prestaciones.

La nueva ley, en palabras de Buesa, «hace mucho hincapié en la inclusión» laboral. La Red Europea de Exclusión de la Pobreza (EAPN) no comparte esta visión. Cree que debería haber un derecho a unos ingresos mínimos, por un lado, y el derecho a la inclusión, por otro. Asegura que «una parte importante de las personas perceptoras tiene un problema de pobreza, no de exclusión», y citan que un 17,6% son trabajadores con empleos precarios y otro 25,7% pensionistas.

Buesa, sin embargo, defiende que es necesario redoblar esfuerzos en casos de «personas más alejadas» del mercado laboral a través de «formación, orientación...». De ahí nacen una serie de programas, en los que participan «más de un millar de personas» que, con ellos, tendrán «opciones de trabajar». Destacan, por ejemplo, los de arraigo, dirigidos a que personas migrantes consigan su regularización a través de formación y ofertas de empleo para que puedan entrar en el mercado laboral.

La directora de Prestaciones e Inclusión sostiene que «la filosofía» de la nueva unidad de inspección, integrada por 19 personas, «es más asistencial», para facilitar «la comprensión de los derechos y obligaciones». Pero también debe ejercer labores «de control» y «verificar la información». Desde hace un par de años, tienen «una nueva forma de actuar con la Policía y la Fiscalía», que en estos momentos tiene sobre su mesa 15 expedientes en los que Lanbide detectó «indicios de situaciones delictivas». En cualquier caso, expone, «no hay tanto fraude».

Alfonso López zanja con datos esta cuestión. Recuerda que, hace unos días, la Hacienda de Bizkaia informó de que, el año pasado, detectó 429,8 millones no declarados por empresas, la mayoría en impuestos no abonados. «Eso es más que todo el presupuesto de la RGI a nivel del País Vasco», que se sitúa este año en 382 millones de euros.