Hablan los educadores vascos que tratan con menores conflictivos: «Es raro que te peguen un puñetazo; son más amenazas, insultos...»

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Dos chicos de 14 y 15 años y una joven de 17 la estrangularon con un cinturón de rafia y huyeron en su coche. La escapada terminó con un accidente. Los tres tenían antecedentes violentos. El más joven había golpeado a su padre y le había roto la nariz. El de 15 años era el que acumulaba más incidentes, hasta 37 en un fin de semana. De hecho, volvió a intentar agredir a otra educadora hace unos días. El caso estremeció a todo el país e impactó especialmente al colectivo en el País Vasco. Los sindicatos convocaron sendas concentraciones el pasado martes, en la plaza Arriaga de Bilbao y en Vitoria, para mostrar su condena y pedir medidas de seguridad. «Hay menos probabilidades de que ocurra algo así en Euskadi porque tenemos un sistema afianzado, aunque el riesgo cero no existe», advierte Luis Miguel Uruñuela, pedagogo experto en justicia juvenil de la asociación Berriztu.

Hace más de diez años, en mayo de 2013, se produjo en Bilbao un episodio de violencia espeluznante contra una educadora, que también se había quedado sola con él tras expulsarle del piso de acogida de Caritas en Ibarrekolanda. En venganza, la violó y cortó un dedo del pie. Ali D.D., de 46 años, fue condenado a 18 de prisión. La víctima «era precisamente la persona que le ayudaba con sus problemas de integración y la que le había buscado sitio en Hontza para que no se quedara en la calle», reflejaron los jueces en la sentencia.

La principal brecha de seguridad del sector se encuentra, según los profesionales, en los «recursos residenciales» y, en concreto, en tres tipos de centros, los que acogen a menores con problemas de conducta, los de justicia juvenil, donde cumplen las medidas de seguridad los chicos que han cometido un delito, como era el caso de Badajoz, y los de menores inmigrantes no acompañados, que dependen de la Diputación vizcaína y se encuentran sobreocupados. Precisamente, es ahí donde se produce la «subcontratación a entidades sin ánimo de lucro». «La mayoría de los servicios están externalizados», advierte Iker Fernández, portavoz del Colegio de Educadores Sociales del País Vasco.

«Cuando no hay plazas se mezclan diversos perfiles y puedes estar poniendo un pañal y lidiando con un adolescente descontrolado». Salvo en los centros de justicia juvenil, el resto son de puertas abiertas, por lo que aunque lleguen tarde no se les puede dejar fuera. Generalmente, atienden a menores de entre 14 y 18 años, aunque también a niños de 12 e incluso menos, y cada vez más. Salen cada día para ir al colegio, a formación o a trabajar. Ibaiondo, en Zumarraga, es de régimen cerrado nivel 1, «una cárcel de menores» de la que no pueden salir y que cuenta con vigilantes.

Los profesionales sitúan el peligro en «la falta de personal», que obliga a que se queden solos en los turnos de noche, «cuando se supone que los chicos están dormidos». Se dan ratios de un cuidador por cada 13 chavales. El problema viene cuando «te tiran un tenedor o una silla a la cabeza y no te puede cubrir un compañero». Las agresiones «se normalizan e incluso te diría que se esconden por vergüenza». «La mayoría no son físicas, sino psicológicas. Es raro que te peguen un puñetazo. Son más bien amenazas, insultos, microagresiones como empujones o escupitajos. Y esa dinámica negativa se contagia y contamina a los demás», dice un afectado.

«A las mujeres es más difícil que nos respeten, depende del vínculo que hayas formado y de su historia personal, si proceden de una familia normal o llevan años intentando pasar la frontera. Estos no respetan a nadie y a la figura femenina, menos», aclara una educadora de un centro de menas. Ella no ha sufrido ninguna agresión, aunque sí acaso sexual.

La llegada masiva de estos menores impide desarrollar con ellos un proyecto educativo. Muchos presentan «problemas psicológicos o de consumo, pero no se les deriva a un servicio específico. No conocen el idioma y tampoco quieren ir al 'médico de los locos'». Los conflictos suelen desatarse cuando incumplen las normas, como horarios de llegada o limpieza. «La única herramienta que tenemos es la paga, pero a un chaval que se dedica a robar, que le quites 10 euros le da igual. Hasta que tenga 18 va a estar en el centro haga lo que haga», lamenta Javi. Sólo en los casos graves, Fiscalía toma medidas como enviarles a un centro cerrado. «Hay chavales con 30 incidencias por mal comportamiento y no tiene consecuencias».

Los educadores recién licenciados y sin experiencia deberían aprender a «desescalar». «Cuando un adolescente se muestra agresivo, no puedes responderle con violencia». Desde el Colegio de Educadores «exigimos protocolos claros, no sólo para prevenir las agresiones, sino también para cuando ocurren». Se quejan de que tras un ataque «debes seguir conviviendo con el adolescente que te ha agredido y al que has denunciado. Se produce una 'revictimización'». En esos casos, habría que separar al menor o al educador, una medida que llaman «recogimiento» y que no se cumple.