Municipios euskaldunes dicen «basta» tras el fallo del Constitucional sobre el euskera

UEMA, la Mancomunidad de Municipios Euskaldunes integrada por 101 pueblos, denunció en una comparecencia en Usurbil que la decisión «es un retroceso que no nos podemos permitir». En un comunicado leído por el lehendakari en funciones de UEMA, Iraitz Lazkano, con la presencia de más de un centenar de alcaldes y ediles, la mancomunidad valoró el fallo como un «gran golpe», ante el cual apuestan por unirse y decir «basta»: «Tenemos la responsabilidad de dar pasos decisivos en la normalización del euskera».

Lazkano recordó que la ley fue aprobada por el Parlamento vasco «por amplia mayoría» y que la suspensión se debe a la denuncia de Vox, «dos años después de la aprobación del decreto y sin concejales» en Euskadi. Es más, subrayó que en 2017 los gobiernos vasco y español acordaron una interpretación del artículo 6.2 que ahora queda «en nada».

En términos similares se pronunció Euskalgintzaren Kontseilua en otro comunicado. La secretaria general, Idurre Eskisabel, enmarcó la sentencia dentro de «una arremetida judicial intensiva contra las políticas lingüísticas a favor de la normalización del euskera, una embestida cada vez más violenta». A su parecer «el poder judicial ha decidido sustituir al legislador y hacer política lingüística contra la voluntad de la ciudadanía» provocando «un retroceso de décadas en materia de política lingüística». Por ello, llamó a la ciudadanía a «llenar las calles contra la ola reaccionaria y euskarafoba» en la manifestación del 4 de noviembre en Bilbao.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, expresó su «más firme desacuerdo» con la sentencia y calificó de «muy grave» la tendencia que, a su juicio, se está instalando en los tribunales de impugnar las decisiones tomadas por las instituciones vascas para promover el uso del euskera en la Administración. En su opinión, «la sentencia denota una evidente falta de respeto de fondo hacia el euskera, las personas que hablan en euskera, el autogobierno vasco y la trayectoria completada durante décadas en la revitalización del euskera».

También mostraron su sorpresa y decepción Euskaltzaleen Topagunea y los sindicatos LAB y ELA. La entidad presidida por Kike Amonarriz calificó la decisión de «muy grave» y opinó que «refuerza la rebelión retrógrada y castellanohablante». Por ello, llamó a acudir a la movilización del 4 de noviembre, igual que los dos sindicatos. Para LAB la sentencia supone «un salto cualitativo grave», y en opinión de ELA, «obliga a todos los concejales y empleados municipales a trabajar en castellano.