Ni multitudes ni unidad en el 8-M del covid

Esto último, la prohibición, es precisamente lo que ha ocurrido en Madrid. A petición de la Delegación del Gobierno, con el respaldo de la Fiscalía, y el aval del Tribunal Superior de Justicia, no habrá manifestaciones en la capital española. Los jueces consideran que priman los derechos a la vida y la salud sobre los de reunión y manifestación, y que no es posible garantizar la seguridad en unas concentraciones cuya masividad no se conocerá hasta el momento en el que tengan lugar. Ni siquiera aunque las asociaciones organizadoras hayan comprometido la existencia de voluntarias que mantengan el orden en forma de distancia de seguridad y uso de mascarillas.

Hay que contextualizar esta situación en Madrid recordando lo ocurrido hace un año: aquella polémica por haber seguido adelante con las grandes manifestaciones pese a las advertencias de la Consejería de Sanidad, cuando la crisis del coronavirus era ya una realidad y faltaba menos de una semana para la declaración del estado de alarma. Las fotos de buena parte del Gobierno central formando parte de la multitud en momentos tan delicados fueron muy criticadas por temerarias e inoportunas.

El cambio de criterio se nota muy bien ahora. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo ayer que «la emergencia sanitaria hará que mañana (por hoy) no asistamos al hermoso espectáculo masivo de la ocupación de las calles y plazas en defensa de las mujeres y sus derechos». Pero añadió que las adhesiones a la causa feminista pueden estar «en muchos más sitios», como «en cada casa, en cada centro de trabajo, en cada punto donde un hombre o una mujer digan 'viva el 8 de Marzo'». Notó que «los enemigos del feminismo» se están «frotando las manos» con toda esta situación, pero en su opinión la vitalidad del movimiento por la igualdad está por encima de la actual coyuntura pandémica.

En Euskadi está por ver qué va a ocurrir en términos de afluencia a las convocatorias. La Ertzaintza ha recibido más de un centenar de solicitudes (118) para llevar a cabo manifestaciones o concentraciones a lo largo de toda la geografía vasca. Y se van a celebrar porque el lehendakari, Iñigo Urkullu, se desmarcó de las medidas adoptadas en Madrid y en todo momento rechazó dar el paso de intentar prohibir este tipo de iniciativas. A su juicio, los gobiernos autonómicos «no tenemos facultad» para limitar un derecho fundamental como es el de reunión. Esta es una de las constantes de los últimos meses: establecer jerarquías entre derechos en un momento tan delicado. En este caso, entre el derecho a la salud y a la reunión.

Aunque en Lakua evitaron cerrar la puerta a los actos públicos, sí adoptaron una decisión para contener la asistencia de personas a ellos. El LABI del viernes decidió que ante la mejora en las cifras de contagios ha llegado el momento de relajar las restricciones de movilidad. En concreto, se levantan los confinamientos municipales. Sin embargo, y en contra de lo que venía siendo habitual, esa medida no entra en vigor el lunes siguiente, es decir, hoy, sino mañana. El motivo es, precisamente, evitar desplazamientos a las grandes manifestaciones de las capitales. Ahora solo podrán acudir a ellas residentes en el municipio o en ayuntamientos colindantes.

No irán, en todo caso, dirigentes jeltzales como la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que ya anunció que este año no es el momento. Ni tampoco la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane Alonso. Ni la consejera de Igualdad del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal. La vicelehendakari socialista, Idoia Mendia, pidió «un ejercicio de creatividad» y evitar manifestaciones multitudinarias. En fin, que los socios de gobierno, nacionalistas y socialistas, apuestan por otras vías. Mientras, EH Bildu y Podemos mantienen la llamada a salir a la calle. Es más, ayer mismo la coordinadora general de la formación morada en Euskadi, Pilar Garrido, denunció el «brutal intento de criminalización» del movimiento feminista, que achacó a «la derecha y la extrema derecha». En el sentido opuesto se manifestó el popular Carlos Iturgaiz, quien insistió en que se deberían haber prohibido las concentraciones porque, a su juicio, acudir a ellas es como «jugar a la ruleta rusa».

En lo que sí coinciden la inmensa mayoría de los agentes políticos y colectivos feministas es en que en estos momentos es más necesario que nunca luchar por la igualdad. El motivo es que la crisis sanitaria y económica ha golpeado de manera muy especial a las mujeres. Primero, porque sobre sus hombros sigue recayendo mayoritariamente el peso de los cuidados. Y también porque en un mercado laboral donde ellas sufren mucha más precariedad, son las que padecen con más severidad los recortes en una empresas que están en la cuerda floja.