Miles de padres vascos afrontan una semana crítica por la huelga escolar

Los alumnos afectados por los paros son más de 120.000, de colegios religiosos de Kristau Eskola -la mayoría- y de centros de otros dos grupos educativos, COAS e Ikasgiltza, laicos y algunas cooperativas. Con las ocho huelgas programadas entre el 16 y el 25 de enero, sumarán catorce jornadas lectivas perdidas durante este curso -más las otras dos del pasado año académico-.

La Federación Católica de Padres de Alumnos de Bizkaia (FECAPP) considera que se está poniendo ya en riesgo el curso académico. «En Bachillerato se van a quedar sin el 10% de los 152 días de clase», alerta la presidenta de la agrupación, Miriam González. Considera que les deja en inferioridad de condiciones ante «el resto de sectores, escuela pública e ikastolas, que han firmado los convenios laborales y pueden completar el curso con normalidad». La patronal Kristau Eskola también admite estar preocupada por las consecuencias de las pérdida de jornadas lectivas en el rendimiento académico de los alumnos, en una circular que ha enviado a las familias para pedir «comprensión» ante el conflicto.

La indignación de los padres ha crecido a medida que se han ido sucediendo las huelgas. Las agrupaciones de familias, que hasta diciembre soportaban con paciencia el largo conflicto laboral -e incluso hacían gestos de apoyo a los docentes-, estallaron cuando los sindicatos convocaron los ocho nuevos días de huelga de enero. Han comenzado a movilizarse «en defensa de los derechos de nuestros hijos». La semana pasada se reunieron con las centrales para mostrarles su «enfado» y «preocupación» por que se utilice a los chavales «como arma» en la batalla laboral, pero no lograron que desconvocaran las huelgas. Mañana pedirán a la consejera de Educación que intervenga para buscar una solución y han convocado manifestaciones y actos de protesta.

Además de la preocupación por las consecuencias en los aprendizajes de sus hijos, los paros provocarán problemas de organización a miles familias, sobre todo entre las que tienen niños más pequeños y deciden dejarlos en casa ante el riesgo de que no puedan recibir la atención adecuada en las aulas. Los padres se rebelan ya contra sus propios colegios y les reclaman devoluciones de recibos de las jornadas sin clase y medidas reales para recuperar las horas perdidas.

La batalla laboral ha enturbiado el clima en los colegios. El director de Kristau Eskola, Mikel Ormazabal, ha alertado de que «la tensión» crece entre los equipos docentes. Las diferencias entre los profesores que apoyan los paros y los que no respaldan estas medidas de lucha son motivo de desavenencias y enfrentamientos entre las plantillas.

Una de las facturas que ya ha pagado el sector concertado es la imagen de conflictividad que proyecta a sólo unas semanas del inicio de las campañas de matriculación para el próximo curso. Las direcciones de los colegios reconocen que las huelgas pueden afectar a la captación de nuevos alumnos en un momento de escasez de niños por la baja natalidad. «Deberíamos estar organizando jornadas de puertas abiertas para atraer a nuevos escolares y lo único que hacemos es dedicarnos a atender las quejas de las familias del centro por los paros y tratar de rebajar su enfado», admite preocupado el director de un centro vizcaíno.

Los sindicatos caminan por un sendero complicado que puede traerles consecuencias. Han abierto una brecha en la propia red concertada. Las patronales les acusan de que rechazan en su grupo de colegios -en el que ELA es central mayoritaria- unas condiciones laborales similares a las que han aceptado en las ikastolas», donde LAB es el sindicato con más representación.

Al Gobierno vasco también le salpica ya el conflicto. Todos los implicados, sindicatos, familias y patronal, censuran abiertamente a Educación por no intervenir. Argumentan que es el «garante» de toda la enseñanza sostenida con fondos públicos. Y le reclaman más recursos para el sector como una de las vías para alcanzar una solución. La patronal, de hecho, considera justas muchas de las reivindicaciones de los trabajadores, pero asegura que solo podría pagar la factura que suponen esas mejoras laborales si el Gobierno vasco aumenta la financiación de los centros concertados.