i. e.
Miércoles, 20 de mayo 2020, 01:21
La crisis del coronavirus también ha puesto al descubierto las debilidades del sistema judicial, que después de dos meses de suspensión de la práctica totalidad de las declaraciones, juicios y vistas se enfrenta ahora a una saturación sin precedentes por la falta de medios personales, materiales y, sobre todo, la escasa implantación de medidas tecnológicas. «Esta situación ha evidenciado en Euskadi la necesidad de implantar el expediente digital», advertía hace unas semanas Aner Uriarte, el juez decano de Bilbao, en una entrevista publicada en este diario. «Nos permitiría ver el expediente en casa. Ahora, los jueces tenemos que venir al juzgado, llevárnoslo y volver a traerlo. No se puede enviar una sentencia desde casa. Los funcionarios tampoco pueden teletrabajar», lamentaba. Ayer, tres asociaciones de jueces vascos también dieron la voz de alarma y advirtieron del colapso que esa falta de recursos necesarios para teletrabajar ha provocado en la Administración de Justicia.
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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han rubricado una carta que han remitido a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la que apoyan de manera «inequívoca» uno de los puntos del acta del 29 de abril de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Covid-19 en la Administración de Justicia vasca.
El documento recoge, en concreto, «la imposibilidad absoluta de prestar una actividad judicial con garantías sanitarias respecto de cualquiera de los operadores jurídicos» que intervienen habitualmente en las actividades judiciales «derivado de la falta de estructura informática y tecnológica».
Según exponen en la misiva, la paralización que sufre la Justicia «no responde» a la situación derivada del estado de alarma, «sino a la falta de inversión largamente consentida en materia de justicia que ha propiciado el colapso del sistema, resultando innegable su agravación como consecuencia del contexto en el que nos encontramos», sentencian los magistrados.
La misiva analiza las recomendaciones sobre restricciones de acceso a los edificios judiciales y el aumento previsible de la litigiosidad, que «impiden a corto, medio e incluso largo plazo dar una respuesta efectiva a la cuidadanía».
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Los jueces explican que la falta de medios tecnológicos impide la implantación del teletrabajo, la celebración de juicios telemáticos y «sobre todo, el acceso remoto a los procedimientos y la resolución de los mismos en condiciones de seguridad». Por ello, las asociaciones firmantes solicitan participar en la reunión de la Comisión de Seguimiento «y en apoyo de la misma».
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