Mafias venden en 'milanuncios' citas para la solicitud de asilo en Euskadi por 90 euros

– Ha pasado un mes desde que una treintena de palestinos llegó a Euskadi tras abandonar Gaza. ¿Cómo se encuentran?

– Están en uno de los recursos que tiene la dirección de Migración y Asilo en Berriz. Estamos dando respuesta a lo que fue su principal reclamo cuando llegaron a Euskadi, regularizar su situación jurídica. Pusimos a su disposición el servicio de asistencia jurídica del Gobierno Vasco y ya estamos trabajando individualmente con cada una de las familias. Algunas, por ejemplo, quieren solicitar protección internacional.

– ¿Se prevén nuevas llegadas?

– En principio, no. En su momento atendimos a la petición que hizo el Ministerio junto con otras dos comunidades autónomas. No hemos vuelto a tener peticiones nuevas.

– ¿Y qué ha pasado con los refugiados ucranianos que llegaron por la guerra, hace ya casi dos años?

– En la actualidad, hay una estabilidad de todas aquellas personas que en su momento llegaron a Euskadi. A lo largo de este tiempo ha habido gente que ha regresado a Ucrania y después ha vuelto a Euskadi. Pero para nosotros, uno de los datos más fiables es el de las matriculaciones de menores en el sistema educativo vasco. El número de niños que terminó el curso escolar 2022/2023 y el que ha iniciado el 2023/2024 es prácticamente idéntico, un millar. Por eso hablamos de estabilidad.

– Este 2023 arrancó con la red de acogida a refugiados y los diferentes centros del Gobierno Vasco en su máxima capacidad. ¿Cómo lo termina?

– Seguimos igual de tensionados. Además, tenemos una preocupación añadida. Los recursos habitacionales que tiene el Gobierno Vasco propios, en su momento, se pusieron en marcha para complementar los del sistema estatal de acogida. Las personas de nuestros recursos suelen estar a la espera de iniciar el proceso de solicitud de protección internacional o, tras una resolución negativa, expulsados del sistema estatal de acogida. Este año estamos viendo que se ha incrementado muchísimo el número de personas que ocupan plazas en nuestros recursos complementarios porque no son capaces de solicitar cita en las comisarías de Policía para iniciar el proceso de solicitud internacional. Deben de estar colapsadas y eso hace que cueste muchísimo iniciar el proceso.

– En Gipuzkoa hay quien denuncia que lleva más de un año para conseguir cita.

– A lo largo de este año el Gobierno ha cambiado de fórmula para distribuir las citas, pero aún así el colapso es total. Nosotros como Gobierno Vasco hemos trasladado esta preocupación en más de una ocasión a las autoridades competentes, porque además hemos sido testigos de las mafias que se han llegado a constituir para conseguir estas citas. Hemos sido conscientes y testigos de anuncios en 'milanuncios.com' en los que por 90 euros te conseguían cita en las comisarías. Por tanto, hablamos de mafias organizadas.

– ¿Qué ocurre con estas personas durante ese tiempo que están en ese limbo legal?

– Son personas vulnerables y al estar en situación irregular la vulnerabilidad es aún mayor. En ese limbo legal se les quita la capacidad de solicitar la protección internacional, que es un derecho.

– El número de migrantes que este año ha llegado a Canarias, más de 31.680, supera ya al de la crisis de los cayucos de 2006. ¿Qué consecuencias ha tenido esto en Euskadi?

– Desde 2018 atendemos el fenómeno migratorio en tránsito a su paso por Irun y ya desde hace años más del 80% de las personas que llegan a los recursos de Irun lo hacen vía Canarias. Siempre hemos tenido el termómetro puesto en las islas. Cuando estalló la crisis humanitaria este año, también estuvimos atentos, sobre todo a los flujos de salida de la isla a la península. Suele ser al mes y medio cuando nos encontramos a estos migrantes en Irun, porque muchos quieren seguir la ruta hacia países francófonos. Pero de momento no se está notando la crisis en Irun. Es más, las cifras de atención están siendo muy por debajo de las de otros años, quizá porque el perfil de quienes están llegando también es diferente. Cerca del 85% proceden de Senegal como consecuencia de la crisis política que está viviendo ese país.

– Afortunadamente, hace tiempo que no hay que lamentar la muerte de ningún migrante en tránsito en aguas del Bidasoa. La última fue en junio de 2022. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

– Hemos vivido unos meses en los que la presencia policial en el puente de Santiago desapareció, aunque ya ha vuelto, y eso hizo que se flexibilizara el paso de la muga. Siempre hemos dicho que a la hora de gestionar el fenómeno migratorio en tránsito nuestra mayor dificultad han sido las prácticas que llevaba a cabo la Policía francesa en frontera. En muchas ocasiones han sido controles racistas que, dentro de lo que son los derechos humanos, tienen dudosa calificación, como las devoluciones en caliente. Como consecuencia, algunas personas buscan vías menos seguras para pasar, con los riesgos que supone.

– Francia reabrió el puente Avenida entre Irun y Hendaia para los peatones en octubre, casi tres años después de su cierre. ¿Es esto un paso hacia delante también en materia de migración?

– Ojalá. Dentro del debate que se está dando a nivel europeo sobre las políticas migratorias, nosotros defendemos los tránsitos seguros frente a otros discursos que se centran más en el control de fronteras.

– ¿Ha cambiado la percepción de la población hacia los migrantes después de conocer la orden que ofrecía días festivos a los agentes de la Policía según el número de personas detenidas?

– En el último barómetro de Ikuspegi de noviembre se ha percibido una vez más que la sociedad vasca no identifica el fenómeno migratorio como un problema. Este año el índice de tolerancia bajó unas décimas, pero porque el año pasado subió con motivo de la ola de solidaridad de la sociedad por la guerra de Ucrania. A pesar de ello, hay mayor tolerancia que hace dos años.

– En cualquier caso, casi uno de cada cuatro vascos está a favor de devolver a los menores extranjeros no acompañados a su país. ¿La simpatía que despierta un 'mena' es diferente a la de una mujer o un hombre mayor?

– A pesar de que la percepción hacia el fenómeno migratorio es buena, hay parte de ese colectivo extranjero que está más estigmatizado, como los menores extranjeros no acompañados, sobre todo marroquíes o argelinos. Existe un mayor rechazo hacia el islam.

La Dirección de Migración y Asilo del Gobierno Vasco tiene este martes la primera reunión con el Ejecutivo central para tratar el traspaso de la fase de autonomía personal del sistema estatal de acogida. En la práctica, dice el responsable de esta área, Xabier Legarreta, esto supone que desde que se materialice la transferencia en un plazo de «unos tres meses», según el acuerdo firmado entre el PNV y el PSE, «Euskadi va a gestionar tanto la acogida como la integración social de todas esas personas a las que se les otorga la protección internacional».

- El martes está prevista la primera reunión con el Gobierno central para tratar el traspaso de una de las fases de la competencia de migraciones. ¿Qué supone esto para Euskadi?

- El acuerdo entre el PNV y el PSE recoge que se lleve a cabo la transferencia de la fase de autonomía personal del sistema estatal de acogida. Es una fase muy concreta. Aparte de la acogida, a esas personas se les ofrecen itinerarios de procesos de inclusión, y eso de por sí en la actualidad ya es competencia de Euskadi. En la práctica el traspaso de esta competencia supone que Euskadi va a gestionar tanto la acogida como la integración social de todas esas personas a las que se les otorga la protección internacional. De esta manera se va a poder trabajar de una forma más efectiva la integración y cohesión de estas personas en nuestra sociedad. Vamos a ser la primera comunidad autónoma en llevar a cabo la gestión de esta fase del sistema.

- ¿Con qué actitud afronta el encuentro?

- Con la esperanza de que se cumpla lo acordado. Esta transferencia está incluida entre las tres prioritarias.

- Sería un traspaso inmediato.

- Según el acuerdo alcanzado entre el PNV y el PSE tiene que desarrollarse en los próximos tres meses, al estar incluido entre los tres traspasos prioritarios.