La madre de Gabriel Cruz solicita «medidas urgentes» para investigar si Ana Julia Quezada ha participado en un documental

Patricia Ramírez regresó hace pocas semanas a la exposición pública para dejar claro su total rechazo a que el caso del crimen de su hijo, que consternó a todo el país hace seis años, llegue a la pequeña pantalla. Recientemente, 'El Caso Asunta' ha cosechado un gran éxito de audiencia en Netflix y anteriormente otros sucesos como el crimen de las niñas de Alcásser o el de Marta del Castillo también se han llevado a televisión.

Los 'true crimes' están de moda, pero la madre de 'El Pescaíto', como así se conocía al pequeño por una canción de Rozalén, ha repetido por activa y por pasiva que ella jamás participará en un documental y tampoco quiere que otros lo hagan a cambio de dinero. Su comparecencia, que ha arrancado a las 11.30 horas, tiene por objetivo pedir «reformas legislativas» para proteger los derechos de las víctimas y el honor y la imagen «de las personas que ya no se pueden defender, en especial de los menores de edad».

Desconsolada, Patricia ha explicado que sospecha que Quezada ha aceptado participar en un documental y que ya lo ha hecho. Según ha afirmado, podría tener un teléfono móvil y habría contactado con periodistas para filmar desde prisión el documental y busca dotarse de las herramientas necesarias para evitar su emisión. De hecho, anuncia una batalla judicial para frenar la supuesta producción: «A ella se le dan derechos pero los nuestros no se protegen», ha lamentado.

Por ello, también va a solicitar una serie de «medidas urgentes» para investigar los hechos y «depurar responsabilidades», así como para «resolver su situación económica en aras a la responsabilidad civil» de medio millón de euros a la que fue condenada la asesina, la cual todavía no habría sido satisfecha.

Ramírez ha intervenido para «informar sobre la situación que padecen las víctimas de delitos violentos y la necesidad de reformas legislativas para proteger debidamente los derechos de las víctimas y el honor y la imagen de las personas que ya no se pueden defender, en especial de los menores de edad»