El litio que quiere la UE está en Extremadura

El litio español está en Galicia, Castilla y León y, sobre todo, en Extremadura, concretamente en la provincia de Cáceres, que concentra las reservas más abundantes y los dos únicos proyectos viables a corto plazo. Son el yacimiento de Las Navas, en Cañaveral, y el de Valdeflores, en la capital cacereña. El primero, promovido por la empresa española Lithium Iberia, está pendiente de recibir el permiso de explotación por parte del gobierno regional, mientras que el segundo, a cargo de la australiana Infinity Lithium, lleva años tratando de sortear los obstáculos medioambientales y el rechazo social que genera su ubicación: una zona protegida apenas a dos kilómetros del casco urbano de Cáceres.

Está por ver el efecto que tendrá la anunciada nueva legislación europea sobre materias primas fundamentales en el avance de estos dos proyectos. La idea que la Comisión sí viene dejando clara desde hace al menos tres años y ha venido a reforzar con su discurso Von der Leyen es el riesgo que supone para Europa dejar en manos de terceros el suministro del litio, un componente hoy en día insustituible para el desarrollo de los vehículos eléctricos, la industria que marcará buena parte de la evolución económica del continente en las próximas décadas. Actualmente el 60% del litio mundial se procesa en China, y si los países de la Unión no quieren que en un futuro inmediato les ocurra con el litio lo que les está pasando con el gas, el momento de actuar y poner los cimientos es ahora.

Pero no basta con extraer del subsuelo el mineral. Donde se encuentra el verdadero valor añadido es en el procesado, es decir, el tratamiento que convierte el litio en roca en un compuesto apto para ser usado en la fabricación de baterías, generalmente hidróxido de litio. Por eso tanto la mina de Cañaveral como la de Cáceres incluyen en sus proyectos plantas industriales de refinado ubicadas en los mismos yacimientos. El precio del hidróxido de litio en los mercados se ha triplicado en el último año debido a la crisis de suministros y a la guerra de Ucrania. Actualmente roza los 80.000 dólares por tonelada, si bien los analistas esperan que a medio plazo se estabilice en torno a los 30.000 dólares, una vez superadas las tensiones internacionales que distorsionan la cotización. La previsión tanto de Lithium Iberia como de Infinity Lithium para sus dos minas extremeñas es producir entre 20.000 y 30.000 toneladas anuales de este compuesto. El negocio es colosal.

La Junta de Extremadura ya ha movido ficha para garantizar que ese valor añadido del procesado se quede en la región y no solo haya actividad extractiva, la que genera más rechazo social. A principios de septiembre aprobó por la vía del decreto-ley una normativa que obliga a las empresas mineras que quieran extraer litio en Extremadura a transformar el mineral dentro del territorio de la comunidad autónoma. El gobierno regional lo presentó como una exigencia a las empresas, aunque en la práctica se trata de condiciones que las sociedades involucradas ya cumplen.

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El decreto-ley permite declarar de interés autonómico aquellos proyectos que refinen en la región el hidróxido de litio. A cambio, se beneficiarán de una tramitación prioritaria y urgente, recibirán facilidades para las expropiaciones y tendrán derecho a subvenciones públicas para la creación de empleo, entre otras ventajas a las que van a poder acogerse tanto Lithium Iberia como Infinity Lithium.

Sus máximos responsables han recibido con alabanzas la nueva normativa extremeña porque se ajusta como un guante a lo que tienen planeado. La idea es que Extremadura quiere aprovechar al máximo la inversión industrial ligada a su riqueza minera, pero no está dispuesta a tensar tanto la cuerda como para espantar a las empresas interesadas en el litio.

Precisamente ha sido la escalada del precio del hidróxido de litio lo que ha permitido a Extremadura New Energies (ENE), la filial bajo la que ahora opera en España Infinity Lithium, darle a su polémico proyecto minero en el valle cacereño de Valdeflores un giro que puede resultar decisivo: pasar de una explotación a cielo abierto a una subterránea, con un impacto ambiental mucho menor. El cambio aún no ha sido registrado formalmente ante la Administración, pero desde que fue presentado en público en octubre de 2021 se ha ido reduciendo de manera paulatina el rechazo que despertaba el proyecto inicial a cielo abierto.

El artífice en este giro ha sido Ramón Jiménez, consejero delegado de Extremadura New Energies desde principios de 2022, quien primero consiguió el apoyo explícito a la mina de varios colectivos empresariales de la ciudad, y después que tanto el gobierno municipal socialista como la mayor parte de los grupos de la oposición se hayan declarado a favor darle una oportunidad a un proyecto que hasta entonces rechazaban de manera frontal. La condición innegociable, eso sí, es que la explotación sea subterránea y no a cielo abierto.

Todo esto coincidió en el tiempo con el anuncio de la gigafactoría de baterías de litio que el grupo chino Envision creará en Navalmoral de la Mata con la colaboración de Acciona, en la que será la mayor inversión industrial de la historia de Extremadura: 2.500 millones de euros con 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos.

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La noticia sin duda contribuyó a que en la región se viera con más indulgencia todo lo relacionado con la cadena de valor del litio, incluidas las minas. El principal muro de resistencia sigue estando en la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña, que ha retomado las movilizaciones para oponerse tanto a la mina de Valdeflores como al decreto-ley del litio aprobado por la Junta y ha logrado reunir más de 36.000 firmas para sus alegaciones contra esta norma.

¿Cuándo estarán las minas extremeñas en disposición de empezar a sacar al mercado el hidróxido de litio que necesita Europa? No está claro, si bien todo indica que la de Cañaveral –un municipio de poco más de 1.000 habitantes a medio camino entre Cáceres y Plasencia– será la primera porque su tramitación se ha realizado sin sobresaltos y cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de la zona. No obstante, en los últimos meses la oposición ciudadana se ha articulado en torno a una plataforma contraria a la mina por su impacto ecológico en las vegas del río Alagón. El modelo de extracción sería a cielo abierto los seis primeros años y luego bajo tierra.

La previsión inicial de Lithium Iberia era tener el permiso explotación en 2022, pero el consejero delegado de la empresa, Ignacio Baños, habla ahora del primer trimestre de 2023. «Contamos con que habrá alegaciones y las responderemos todas; no prevemos problemas porque el proyecto está muy bien armado», apunta el directivo. Su plan es iniciar la actividad extractiva en 2025.

Mucho más compleja es la situación en la capital cacereña, donde la tramitación de la mina se encuentra judicializada. Infinity Lithium recurrió ante los tribunales la decisión de la Junta de Extremadura de retirarle el permiso de investigación sobre el yacimiento de Valdeflores. Lleva un año a la espera de que se produzca la resolución judicial, y del resultado dependerá que pueda seguir avanzando en el proyecto por esa vía o que tenga que iniciar una nueva mediante un 'atajo' que permite la Ley de Minas para los yacimientos que se consideran suficientemente conocidos y cuyo aprovechamiento se sabe que es viable.

Sea cual sea el camino que tome finalmente, el consejero delegado de la empresa ha garantizado que solo se contempla ya la extracción subterránea mediante galerías. No maneja plazos concretos para el inicio de la actividad porque a día de hoy sigue habiendo demasiadas incógnitas y condicionantes, pues ni siquiera está claro que este proyecto consiga superar el trámite medioambiental al ubicarse sobre una zona protegida.