La Línea de la Concepción: donde los narcos campan a sus anchas

Las mafias se han vuelto más violentas desde hace un año. Se enfrentan a las fuerzas de seguridad en los alijos, asaltan hospitales para llevarse por la fuerza a alguno de los suyos y hostigan a jueces en la calle si hace falta. Es la ley del más fuerte. Saben de la falta de efectivos policiales, pero también de que gozan de la connivencia de una sociedad a la que ellos dan de comer. Asolada por un 35% de paro, una parte de la población encuentra en el contrabando un lucrativo modo de vida que justifica por la falta de oportunidades. Gran parte de esos colaboradores operan en la zona de Levante. Allí, los 'puntos' o 'aguadores' toman posiciones a media mañana y empiezan a observar cada movimiento extraño y a informar de cada patrulla policial que pasa por su zona. Ese es su oficio diario, contribuir a que nadie pueda frustrar el desembarco de un alijo, por el que pueden llegar a recibir mil euros al día. «Nos tienen marcados a todos, conocen nuestra posición exacta en cada momento, desde que salimos de la comandancia hasta que nos recogemos. Así no se puede trabajar», lamenta Alberto (nombre ficticio), un agente de la Guardia Civil con 20 años de experiencia en el Cuerpo. Pasan inadvertidos para cualquier foráneo, pero sus ‘uniformes’ los delatan: chándal de punto de las marcas Adidas o Nike; riñonera a la cadera y teléfono en el bolsillo con el auricular siempre en el oído para alertar rápidamente. Muchos se mueven con ciclomotores. «Les encantan las ‘yamahas’», describe el agente. Hasta 50 hay repartidos en puntos estratégicos. «¿Los ves? Allí hay varios». El agente señala hacia unos de los bares, donde el trasiego de hombres es incesante. Está justo enfrente de la playa de La Atunara, donde los desembarcos de hachís y las persecuciones de narcos son casi diarios y conviven con las barcas de pescadores y los vecinos que frecuentan el paseo marítimo.

Frente al mar, en la codiciadísima primera línea de playa, se extienden antiguas casas de pescadores de dos y tres plantas, que son continuamente objeto de registros por su relación con el narcotráfico. Los carteles de 'Se vende' se suceden. «Lo lógico es que tuviésemos un paseo marítimo como cualquier pueblo de la Costa del Sol; nosotros, en cambio, tenemos viviendas sociales en la mejor zona del pueblo. Hay que cambiar el Plan General de Ordenación y estamos en ello», explica Juan Franco, alcalde de La Línea, cuyo partido, La Línea 100x100, gobierna en coalición con el PP. El regidor insiste en que en esa zona no todos son delincuentes, «también hay gente honrada; mi madre se crió en el barrio de San Bernardo, que linda con La Atunara», apunta. Ahí fue precisamente donde hace una semana una veintena de encapuchados irrumpieron en el Hospital de La Línea de la Concepción para llevarse por la fuerza a un presunto narcotraficante del clan de Los Castañitas.

Su modus operandi hizo saltar todas las alarmas. Apenas tuvieron que desplazarse, porque el centro hospitalario está en el corazón de la barriada y se accede a él con facilidad y sin apenas control. La reacción fue inmediata. «Al día siguiente de lo ocurrido, pasamos de trabajar tres guardas en un turno a ocho», apunta un vigilante de seguridad privada plantado ante la puerta de urgencias. Otros se preguntan qué queda por ver ahora después del desafío y la impunidad con la que actúan los narcotraficantes. «¿Que asalten una comisaría, como en las películas del oeste cuando los forajidos se enfrentaban al sheriff?», se pregunta Francisco Mena, presidente de la Federación de Asociaciones contra la Droga del Campo de Gibraltar, Nexos. Asegura que están envalentonados por la falta de efectivos policiales y que gozan de la connivencia de una gran parte de la población. Sin apenas estudios y sin oportunidades, han convertido el contrabando de tabaco y el narcotráfico en su medio de vida. «Es un enemigo demasiado grande; es como una serpiente de siete cabezas, por más que cortas una, siguen saliendo otras», expone Franco.

El alcalde lamenta el «abandono» que sufren por parte del Estado. «Necesitamos más seguridad, un plan especial para la zona en el que se impliquen todas las administraciones, porque parece que para tener una Costa del Sol limpia y bonita hace falta tener una cloaca, y hemos decidido tenerla en La Línea», denuncia Franco.

Para asombro de todo un país, todavía ha habido otros episodios hasta ahora sin precedentes. El primero, cuando unos 40 narcotraficantes, muchos de ellos integrantes del grupo que asaltó el hospital, rodearon y hostigaron a una jueza de instrucción a la salida del juzgado. Unas instalaciones judiciales situadas en los bajos de un bloque de vecinos y con una sola puerta por la que se cruzan detenidos, jueces y abogados. Hasta lo ocurrido, no tenían ni aparcamiento reservado. El segundo ocurrió este mismo lunes a pocos kilómetros, en Conil, cuando tres encapuchados robaron a punta de pistola una embarcación neumática de 12 metros de eslora en el depósito judicial.

La diferencia con respecto a hace tan solo dos años es la impunidad con la que operan quienes se dedican al negocio del hachís. «Hace tiempo que nos han perdido el respeto, que no huyen al vernos, sino que se enfrentan. Hace un año, cuando un centenar de personas de La Atunara rodearon en la playa del Tonelero a siete agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que intentaban impedir el desembarco de un alijo, advertimos de la gravedad de la situación y demandamos la incorporación urgente de más efectivos. No nos hicieron caso. Solo un refuerzo temporal en verano, que con la crisis de Cataluña apenas duró. El tiempo nos ha dado la razón; no era una pataleta», denuncia José Cobo, portavoz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

Allí, en el cóctel explosivo que forman el barrio de San Bernardo, la playa de La Atunara y el Zabal, operan las más de 30 'collas' (bandas de narcotraficantes) locales, que mueven más de 325 millones de euros al año, según datos de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria recogidos en el informe 'Estudio socioeconómico del impacto del 'Brexit' en La Línea' elaborado por el Ayuntamiento.

El alcalde tiene un acto en una residencia de ancianos de La Atunara. Acude en un 'mercedes': «Es de hace 20 años, no creas; procede de una subasta del Plan Nacional contra la Droga», se apresura a contar. «Aquí hay gente que los apoya (a los narcos), pero de ahí a que tengamos que ir con pistola... Yo voy a todas partes y nunca he llevado escolta», precisa.

Fuera de esos barrios conflictivos, donde las miradas se clavan en quienes llegan de fuera pero por donde se puede pasear si no levantas sospechas, la vida transcurre con normalidad. «No es una ciudad insegura en cuanto a otros delitos; pero sí tiene un grave problema de salud pública», apunta David Montes, secretario general en Andalucía de la Unión Federal de Policía (UFP).

El contrabando de tabaco, por las ventajas que le brinda Gibraltar, está presente en el día a día del municipio. No todos se dedican a él, pero muchos consienten esta actividad ilegal. «Antes que robar, mejor que trapicheen para comer», justifica Pablo, un joven de 25 años empleado en una asesoría de este municipio de 63.000 habitantes. Pero lo que para algunos no tiene importancia, para otros ha sido su ruina, pues en una década La Línea ha pasado de tener 12 estancos a solo tres. «Con la crisis, hemos llegado a niveles insoportables. Ni está mal visto ni se castiga», lamenta Salvador Vera, presidente de la Asociación de Estanqueros de Cádiz.

Ahora, hay que sumar la indiferencia con que asisten los ciudadanos a las operaciones antidroga. Ya no les sorprende ver despliegues como el realizado esta misma semana en la zona, cuando agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria llevaron a cabo registros y se incautaron entre jueves y viernes de siete todoterrenos y 3.000 kilos de hachís. Fue en una finca de la lujosa urbanización Santa Margarita, colindante con el Zabal, que es otro punto caliente del narcotráfico donde se concentran las 'guarderías' (donde se esconden las 'narcolanchas'). Allí, cientos de viviendas (algunas, auténticas mansiones convertidas en búnkeres) se han ido levantando ilegalmente en terrenos rústicos sin que ninguna administración lo haya impedido. Actualmente, el Ayuntamiento tiene abiertos 500 expedientes de derribo. «Esto es una ratonera cuando perseguimos a alguien», afirma Alberto. Los viales son de tierra, no hay alumbrado público, es un laberinto de calles dispuestas caprichosamente. Las viviendas con doble portón se suceden una tras otra. «A la enorme puerta que construyen para que puedan entrar las 'narcolanchas' sobreponen otra de acero para dificultar la entrada de las fuerzas de seguridad cuando acuden a un registro. Nos podemos tirar horas ahí y no hay forma de echarlas abajo», relata el guardia civil. En una de ellas hay un 'punto' vigilando la entrada. Alguien sale. «Mira rápido, ¿ves? No es la entrada a una casa; es una puerta de acceso a otra calle enorme, con viviendas a ambos lados. Cuando van huyendo, se meten en ella, cierran la puerta y no hay forma de averiguar dónde están», lamenta Alberto.

Tres agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que trabajan en La Línea coinciden en que cada día entran, solo en esta zona del Campo de Gibraltar, un mínimo de siete 'narcolanchas', cargadas con entre 2.000 y 3.000 kilos de hachís cada una. «Cuando ven nuestras embarcaciones en el mar no tienen ni que huir; simplemente, se separan una milla y esperan. Saben que con la potencia de sus motores nunca podríamos alcanzarlos», cuenta otro agente.

José Encinas, portavoz en Cádiz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), asegura que el problema es que se ha subido un peldaño más en la escalada desafiante de los narcotraficantes, con compañeros que se encuentran las ruedas rajadas de sus coches o que son amenazados cuando van con sus familias. «Hacen la compra en otros municipios para no tener que encontrárselos. Los hay que después de haber vuelto a La Línea y ver cómo está la cosa, preferirían volver a trabajar en el País Vasco», expone Alberto. Aunque Encinas no cree que el problema sea irreversible, sí lo considera «lo suficientemente grave para atender la demanda de efectivos que reclamamos». En esa misma línea se muestra Montes, que asegura que el «juego» de los narcos «está traspasando límites inadmisibles y está poniendo en peligro a los ciudadanos, atrapados en huidas y operaciones policiales».

A ellas parecían permanecer inmunes los linenses, hasta que el incidente del hospital «nos ha quitado la venda de los ojos. Pese a la mala imagen, esto debe servir para que las administraciones tomen conciencia», opina Esperanza Valenzuela, vecina de La Línea. Algo se ha movido cuando la propia presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reconoció que los narcos «campan a sus anchas en el Campo de Gibraltar». El martes, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, se reunía con representantes políticos, sociales y policiales para escuchar sus demandas, entre ellas declarar a La Línea 'Municipio de especial singularidad' . Ayer lo hacía con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien se ha comprometido a «seguir reforzando» la lucha contra el narco. «La Línea nunca va a estar sola», ha dicho el delegado.