A juicio una vasca por inventarse una enfermedad mental para cobrar de la Seguridad Social

Una mujer se enfrenta a 5 años de prisión por cometer presuntamente una estafa simulando una enfermedad mental incapacitante para cobrar la prestación de la Seguridad Social. El importe estafado asciende a 132.072,32 euros. El inicio de la estafa, recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía de Gipuzkoa, se remonta a 2008, cuando la acusada contrató seis pólizas de aseguramiento de incapacidad permanente y absoluta con diferentes compañías en San Sebastián, Andoain y Bilbao.

Al año siguiente, en septiembre de 2009, comenzó un proceso de «simulación de enfermedad» ante distintos médicos para crear «la falsa impresión diagnóstica de patologías mentales incapacitantes». Y lo hizo, señala el fiscal, «con la finalidad de obtener un beneficio económico ilegítimo» a costa de la Seguridad Social y de las compañías de seguros. El 15 de septiembre obtuvo la baja por incapacidad temporal, y comenzó el proceso para que la Seguridad Social declarase su incapacidad permanente.

Así, recoge el texto acusatorio, «logró generar la convicción de que realmente» padecía una enfermedad mental que provocaba incapacidad permanente absoluta y que los médicos describieron de la siguiente manera: «Desvitalización, inhibición, síntomas psicóticos delirantes de ruina, culpa y de tipo paranoide con déficit funcional global». Con esta valoración, los responsables de la Seguridad Social dictaron una resolución el 4 de mayo de 2010, reconociendo su incapacidad permanente absoluta y su derecho a recibir una prestación mensual de 1.000 euros en 14 pagas. En total, la acusada recibió 132.000 euros en 122 mensualidades, por lo que estuvo cobrando la prestación más de 8 años.

Pero, además, la Fiscalía afirma que contactó con todas las aseguradoras para reclamar la indemnización contratada. Pero todos los seguros denegaron el pago. El Ministerio Público considera estos hechos un delito continuado de estafa agravada por el elevado importe de la misma por el que solicita imponer 5 años de prisión y una multa de 3.600 euros. Esta calificación podría no obstante modificarse en aplicación del nuevo Código Penal de un delito contra la seguridad social y otro continuado de estafa en grado de tentativa.

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