Un juzgado de San Sebastián declara ilegal la villa de Xabi Alonso en Igeldo

Los demandantes se han felicitado en un comunicado de la resolución y creen que ahora el siguiente paso debe ser la demolición del chalet, si bien el juez no ordena el derribo en este fallo. Según el auto, el juez declara la «inadmisibilidad» del recurso con el que los demandantes pretendían «la paralización o derribo» del chalet, por considerar que «debió existir una previa denuncia» ante el Ayuntamiento de Donostia poniendo en su conocimiento el hecho de que se estaba llevando a cabo la construcción de una edificación sin licencia, con el objetivo de obtener del Ayuntamiento «una resolución (expresa o presunta) susceptible de ser impugnada mediante la interposición del correspondiente recurso». «No existe resolución del Ayuntamiento demandado que sea susceptible de ser revisada en esta jurisdicción», resuelve a este respecto la sentencia. Es decir, el juez no entra a resolver el asunto del derribo, en contra de lo que se ha informado anteriormente. Sí concluye que la licencia de 2018 fue ilegal.

Tanto Haritzalde como Ieltxo consideran, aún y todo, que «el edificio va a tener que ser derribado pues no solo carece de licencia, sino que esta sentencia deja claro que la licencia otorgada en el año 2018 es nula y de imposible legalización». Ambas entidades echan mano de la jurisprudencia y consideran que una vez se declara la nulidad de una licencia municipal, la edificación ejecutada «queda sin título jurídico que la avale» y esto exige la «demolición de las obras amparadas por la licencia que se declara nula de pleno derecho».

La construcción de este chalet se remonta a 2016, cuando se presentó en el consistorio un proyecto básico para -según permite la ley vasca de Suelo- reconstruir en suelo no urbanizable de Txalin, Igeldo, el caserío Goiatz Berri de Martutene, que fue demolido a causa de expropiación forzosa para la construcción del TAV. El caserío derribado tenía una superficie edificada de 572 metros cuadrados. Desde entonces, tanto el proyecto y el terreno han pasado por varias fases y propietarios. El promotor original vendió la licencia y el terreno a una sociedad, y esta se la vendió a una segunda, que es la que promueve la construcción de la actual villa.

En esta relación directa entre el chalet de Igeldo y el caserío de Martutene encuentra el juez el motivo para declarar nula la licencia. El magistrado señala en su auto que la «reconstrucción exigía, a juicio de este juzgador, si bien no una réplica exacta del caserío original, sí el mayor respeto posible» a su configuración. «Lo cual», señala, «no se ha dado en modo alguno, tratándose de edificaciones absolutamente diferentes que impiden considerar cumplida la condición» sobre la que se otorgó la licencia recurrida.

Pone como ejemplo que la cubierta del nuevo chalet «no era inclinada a 2, 3 o 4 aguas como exigía el mencionado precepto» sino «plana, sin que este juzgador pueda compartir la justificación dada por el arquitecto municipal en su informe del 28 de octubre de 2018». Y añade: «Se aprecia de forma patente y notoria, sin necesidad de contar con conocimientos científicos o técnicos la total divergencia de la nueva edificación en relación con el caserío primitivo Goiatz Berri».

Los denunciantes indican que esta resolución se basa «en una razón rotunda y no entra a valorar si se cumple o no un aspecto de la normativa». Afirman que la sentencia dice que el chalet, levantado gracias a una licencia municipal, «es ilegal porque no tiene nada que ver con la reconstrucción del caserío original y que en el edificio reconstruido no se cumple en absoluto la obligación de mantener la tipología rural».

Tras conocer la sentencia, Haritzalde Naturzaleen Elkartea e Ieltxo Kultur Elkartea han arremetido contra el Ayuntamiento de San Sebastián por su «mala y frívola actuación». Indican que los promotores de la edificación, «con una osadía espectacular, no sólo emprendieron una clara operación ilícita, sino que idearon unos accesos inexistentes, reclamaron una edificabilidad que no existía en el edificio original y en el caso del sótano superaron claramente lo que se podía permitir». Ante esto, critican que el consistorio donostiarra «en lugar de defender la lógica y los derechos de los ciudadanos, aceptó estas peticiones contraviniendo las normas o alargándolas y retorciéndolas hasta el infinito. Y cuando han sido denunciados, han reaccionado modificando incluso la normativa para pretender tapar a posteriori la legalidad del sótano y la cubierta plana, o dejando sin responder la denuncia presentada contra la obra en noviembre de 2022».

Recuerdan asimismo que el alcalde, Eneko Goia, defendió al día siguiente de la denuncia la legalidad de la licencia y «señaló que si no era así se tomarían medidas. Ha llegado el momento. Que aclare qué ha pasado en el Ayuntamiento para que se admita todo esto».

El Ayuntamiento de San Sebastián confirma haber recibido este viernes esta sentencia y se remite a los próximos días para valorar una resolución una vez sea analiza en profundidad y con detalle por sus juristas.