Los jueces vascos están «desbordados»

Hay una explicación sencilla para lo que está sucediendo. Más población, incremento exponencial de las causas que llegan a los juzgados y el mismo -o en algunos casos menor- número de jueces. Una ecuación imposible. Hace unas semanas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, alertaba de ello en la apertura del año judicial. La solución pasa por un aumento de las plazas a través de oposición, una potestad que compete al Ministerio de Justicia.

El Consejo General del Poder Judicial emitió una nota en junio en la que se calculaba que en la próxima década tendrían que formarse entre 310 y 320 jueces al año para el «buen servicio público» de la Justicia. Pero hay que tener en cuenta las jubilaciones, fallecimientos o bajas que se van a producir a medio o corto plazo. De hecho, el propio CGPJ calculaba que para 2027 quedarían 1.899 plazas o unidades judiciales por cubrir en el conjunto de España. En estos momentos la cifra ronda las 300.

En este escenario, la situación que se vive en Euskadi es de las menos malas. «Digamos que estamos en la parte buena. En todo el arco mediterráneo directamente es un horror», apunta Edmundo Rodríguez, de Jueces y Juezas para la Democracia. Una opinión que también comparten Emilio Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura; y Alfonso Álvarez-Buylla, portavoz territorial en Euskadi de la Asociación Francisco de Vitoria.

Pero estar en la parte alta de la tabla no implica que no haya problemas. Todo lo contrario. Aunque no es un mapa homogéneo y hay audiencias y juzgados donde la situación discurre por caminos más o menos razonables, la sensación general es que todo está «desbordado», sobre todo en Primera Instancia. En la memoria de necesidades para este año, la Sala de Gobierno del TSJPV pidió en mayo la creación de cinco unidades judiciales. Tres en Bilbao, una en Vitoria y otra en San Sebastián. «Con que nos den dos...», apunta con bastante grado de escepticismo Álvarez-Buylla.

El problema en el País Vasco no es que haya plazas vacantes, es que con las que hay no se da abasto. «Para tener una carga de trabajo razonable se necesitarían entre 40 o 50 jueces más de los que hay en la actualidad», sostiene el representante de Francisco de Vitoria. En estos momentos hay 227 jueces y juezas en el País Vasco.

Lo paradójico es que Euskadi se ha convertido en un destino «donde se quiere venir». Los jueces fueron objetivo prioritario de ETA y eso empujó a muchos al exilio. Los que se quedaron tuvieron que trabajar bajo amenazas y el acoso de los violentos. En noviembre de 2001 era asesinado José María Lidón. Pero el escenario ahora es muy diferente. Hay acuerdos con la UPV, una «cantera local», las asociaciones comparten que el Gobierno vasco, dentro de sus competencias, está haciendo cosas interesantes... «Pero hay una saturación».

A la hora de analizar lo que sucede hay que tener en cuenta algo muy importante y que comparten todos los estamentos judiciales. Un cambio social. Lo que antes era inusual, ahora se ha convertido en habitual. Ante el silencio de otras instituciones, la ciudadanía acude a los tribunales a solucionar sus problemas. «Todo se judicializa. Si el ayuntamiento no me hace caso porque tengo un bar abajo que hace ruido, me voy al juzgado; si tengo un retraso en el vuelo o se me pierde la maleta, voy al juzgado... Y si no se incrementa la plantilla se genera un cuello de botella. Vamos a morir de éxito», recalca Edmundo Rodríguez.

A esto hay que sumar lo que en algunos ámbitos se denomina «abogacía de bajo coste». Despachos que han encontrado «nichos de negocio» que antes no existían, vinculados sobre todo con cuestiones como las cláusulas bancarias o el consumo. ¿La consecuencia? «Tradicionalmente hablábamos de cinco millones de casos al año en toda España y ahora superamos los siete. Y un juez puede hacer 30 o 40 sentencias al año, no 200», resume Rodríguez. Según sus cálculos, «con los mismos recursos hay un 30 o 40% más de carga de trabajo». Y eso provoca que algunos juicios se retrasen hasta tres años.

Ese panorama sombrío también lo dibuja Lamo de Espinosa. «El número de plazas que se crea es paupérrimo. De cinco que se piden se logra una. Y va a peor», recalca el portavoz de la APM, para quien cada año tendrían que salir 400 jueces para normalizar una situación que también se ha sobrecargado por los ERTE, las reclamaciones de la hostelería... Y, como afirma Lamo de Espinosa, «no es una cuestión pasajera producto de la pandemia, se ha convertido en algo estructural».

La solución pasa por dos vías. Una es activar algunas reformas legales que llevan años en el cajón y cuyo objetivo es reducir el número de expedientes que llegan al juzgado. Por ejemplo, que si hay una sentencia sobre un problema con un vuelo -retraso, pérdidas...- pueda aplicarse al conjunto de los pasajeros y no que cada uno habrá su propia causa.

Pero la clave es la ampliación. Durante su discurso en la fallida sesión de investidura, Alberto Núñez Feijóo prometió un aumento de plantilla, también lo apuntan desde el PSOE. Sin embargo, el escepticismo es generalizado. «Nadie va a votar a un partido porque prometa más jueces», sostiene Álvarez-Buylla. Tampoco Lamo de Espinosa es especialmente optimista. «Todo pasa por poner dinero y elaborar una estrategia clara, del siglo XXI. Claro que supone una inversión importante, pero porque en los últimos años no se ha hecho nada. La realidad es que no hay voluntad».