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El Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), le acaba de elegir por tercer mandato consecutivo presidente de la sala de ... lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que controla, entre otras materias, que los actos de la Administración autonómica se ajusten a la legalidad. «Más del 90% de lo que se juzga, se queda aquí», apunta. Sólo un mínimo porcentaje de sus sentencias se recurren ante el Tribunal Supremo. Nacido en Palencia, lleva 35 años viviendo en Bilbao. Luis Ángel Garrido sólo tardó dos años en sacarse una de las oposiciones más duras. Melómano amante del jazz y gran cinéfilo, dirige el Cine Fórum de la Sociedad Bilbaína, donde va a proyectar en breve 'Drácula, de Bram Stoker'.
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- Afronta su último mandato hasta 2030 y lleva desde 2010. Es usted uno de los presidentes de sala más longevos.
- Junto con el de Aragón, si sale elegido.
- Fue el único candidato. ¿Tan árido es el cargo?
- Quiero pensar que mis compañeros no se presentaron porque están a gusto con cómo funciona la sala.
- ¿Cómo afectó el bloqueo del CGPJ a su nombramiento?
- Lo ha retrasado cuatro años. Se reelige cada cinco.
- Por cierto, ¿qué opina de la forma de elección de los vocales?
- Me temo que el debate ya se ha abandonado. Pero debería ser como dice la Constitución. El artículo es claro. De entre jueces y magistrados, 12, y los otros ocho, juristas, por mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado. Esto ha dado lugar a interpretaciones, pero el Tribunal Constitucional lo ha avalado, así que nada que decir. Más acorde con la tendencia de la Unión Europea es que sean elegidos por los propios jueces, aunque sé que eso no se va a producir, al menos en muchísimos años.
- El Tribunal Superior de Madrid ha anulado la zona de bajas emisiones por su «efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente». En Francia se ha suspendido. En Bilbao está pendiente de un recurso, aunque a partir de junio los coches con etiqueta B no podrán entrar en la ciudad. ¿Qué pueden esperar los conductores bilbaínos? ¿Deben ir comprándose un nuevo coche?
- No lo sé. De esto hay dos precedentes, Barcelona, primero, y Madrid. El asunto está en nuestro tribunal, así que es preferible no decir nada. No sé si el de Bilbao tiene los mismos informes. Hay que analizarlo, aunque no está en la misma sala en la que estoy yo.
- ¿Qué coche tiene? ¿Le afecta la normativa?
- Un 'Toyota' híbrido. Pero conservo un vehículo de mi padre más antiguo, del año 2000, que va muy bien aún, por cierto. Lo mantengo por el valor sentimental. Aunque los jueces no pensamos si justo eso nos está afectando cuando dictamos una resolución.
- Bilbao ha puesto freno a la proliferación de pisos turísticos y suspende la concesión de nuevas licencias. ¿Puede un ayuntamiento regular esto para no llegar a la invasión que padece Barcelona?
- La sala confirmó una primera regulación de hace años en la que se exigía que hubiera una modificación del planeamiento urbanístico o, lo que se está utilizando ahora, una ordenanza específica que ofrece más garantías -se hace con información pública y alegaciones- y no de cualquier manera. Otra cosa sería que los límites fueran absolutos y no se permitiera abrir ninguno, que igual es excesivo. Pero no sé cómo serán las nuevas regulaciones.
- Han ido anulando oposiciones y normas por discriminar el castellano en el acceso a cuerpos policiales y ayuntamientos. Urkullu acusó a los jueces vascos de «falta de sensibilidad con el euskera» y Aitor Esteban les pide «sensibilidad de país». ¿Qué opina?
- Aplicamos las normas jurídicas en defensa de los derechos fundamentales. No piensas en favorecer a una parte o a otra. Aquí partíamos de unos mapas idiomáticos con un porcentaje de euskaldunes. Si es del 50% y usted exige euskera en el 90% de las plazas, es excesivo. No tiene más misterio. Otra cosa es que no guste. En justicia, la mitad de la gente, es decir la parte a la que no le das la razón, está descontenta. El último decreto, que creo que se aprobó en el último consejo que presidió Urkullu, es más exigente, aunque aún no lo hemos tenido que valorar. Igual ya está en los juzgados, pero a nosotros no nos llega hasta que hay una apelación.
- Tumbaron siete de las restricciones del Gobierno vasco en pandemia, entre ellas la que limitaba los horarios y aforos en la hostelería. ¿Le molesta que se le haya considerado el azote del nacionalismo vasco?
- Las palabras 'azote' y 'tumbar', que se usan mucho en los medios de comunicación, suenan un poco excesivas. Se valoró el conflicto entre las decisiones del Gobierno y los derechos fundamentales y se llegó a esa conclusión. El Supremo sólo revocó una de esas sentencias, las otras no. Da un poco de apuro que se me conozca exclusivamente por eso cuando hemos dictado muchísimas sentencias. No es que me moleste excesivamente, pero la imagen es fea.
- ¿Lleva el cálculo de cuántas?
- Ponemos menos que un juzgado de lo Social, por ejemplo, unas 200 al año. Si lo multiplicas por 35 años, unas 18.000.
- ¿De cuál se siente más orgulloso?
- Las que más me ha gustado poner son las que se refieren a disposiciones generales, más que a un caso concreto, porque afectan a más gente. Implican más responsabilidad y me gusta ese plus.
- ¿Los jueces deben actuar como un contrapoder?
- Como un contrapoder no, pero como un control del resto de poderes, evidentemente sí. Para eso está pensado. Para que la Administración pública no se aleje de lo que los parlamentos aprueban. Si no se atienen a eso o los actos que dictan no tienen suficiente motivación, el tribunal tiene que actuar, siempre que alguien recurra, claro. Si no, las actuaciones podrían ser arbitrarias.
- ¿Y hay muchas irregulares?
- Entre el 25% y el 30% de las que se ven, se estiman a favor del ciudadano, es decir, en el resto gana la Administración, así que no actúa tantas veces mal. Y eso que sólo nos llega la patología, lo grueso. La gente no recurre por una multa de 100 euros. No se puede decir que la Administración actúe todo el día mal, pero cuando es arbitraria tiene que haber alguien que lo diga. Para eso están los tribunales, y en concreto, nuestra sala.
- El traspaso de la competencia sobre puertos y aeropuertos de la Guardia Civil a la Ertzaintza también se ha recurrido ante los tribunales.
- Es semejante a la homologación de títulos académicos, pero eso tendrá que resolverlo el Tribunal Supremo.
- ¿Qué le parece que la mediación sea ahora obligatoria en cualquier pleito? ¿No cree que dilata los tiempos de la Justicia?
- En lo Social, ya está. No sé si se ha pensado en la infraestructura necesaria. Los colegios de abogados están montando servicios de mediación deprisa y corriendo. ¿No habría que haberlo preparado antes? Con el tiempo puede llegar a funcionar, pero ahora mismo habrá problemas, sobre todo para pleitos de escasa entidad. ¿Te vas a complicar, por ejemplo por una deuda de telefonía de 100 euros?
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