Juana Rivas denuncia la divulgación de datos que afectan a su hijo

Desde el equipo jurídico que encabeza Carlos Aránguez destacan que su objetivo «no es solo defender a Juana Rivas, sino que siempre ha estado centrado en proteger los derechos fundamentales de sus hijos» y por eso han tomado esta decisión.

El abogado Carlos Aránguez se ha pronunciado de este modo en un comunicado después de que el pasado viernes trascendiera el auto en el que el Juzgado de lo Penal 1 de Granada rechaza suspender la ejecución de la pena impuesta a Rivas tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno. Entre otros argumentos, el juez expone que Juana Rivas «no ha mostrado arrepentimiento» y alude «al peligro que para los menores supondría la plena libertad de la madre», apuntando a supuestos «indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia».

El abogado de Juana Rivas lamenta que a raíz de este auto que «tan injustamente denegaba la suspensión de la pena de prisión a Juana Rivas» se hayan difundido «informaciones calumniosas». Ha recalcado en este sentido que Juana Rivas ha tenido «un único problema con la Justicia» y es que durante 33 días desobedeció la orden que le obligaba a entregar a sus hijos al padre, «un maltratador», remarca. Sin embargo «no ha sido jamás investigada por ningún otro delito, ni en España ni en Italia (ni en cualquier otro país)».

La defensa de Rivas trabaja ahora en el recurso de apelación que presentará ante la Audiencia Provincial de Granada y en el que, según afirma, se «desmontará uno a uno todos los bulos y falsedades en los que el juez -de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar- sustenta su injusta decisión». Ya el pasado viernes anunció que presentará una querella criminal contra él por la presunta comisión de un delito de prevaricación judicial y calumnias.

Junto a ello, el equipo jurídico de Juana Rivas ha reclamado al abogado de Francesco Arcuri en España, Enrique Zambrano, «que se retracte públicamente de las falsas informaciones» que ha expresado, al tiempo que ha considerado «intolerable la divulgación sesgada y malintencionada de algunos documentos judiciales que vulneran la intimidad del menor».