Las instituciones reciben con cierto alivio la sentencia y reafirman su apoyo al preso

Representantes de varias Administraciones que llevan años implicados, ética y económicamente, en la defensa del preso de origen guipuzcoano quisieron ayer trasladar un mensaje de solidaridad con la familia y de compromiso con la batalla judicial que Pablo Ibar, que defiende su inocencia, lleva 25 años librando y está dispuesto a seguir haciéndolo en tribunales de apelación.

Desde el Ejecutivo vasco, Fernández recordó que los diferentes gabinetes que han liderado Euskadi llevan una década colaborando con la Asociación contra la pena de muerte Pablo Ibar, -han donado más de 600.000 euros desde 2006 para ayudar a pagar la defensa del preso, según refleja la asociación en su web-, y aseguró que lo seguirán haciendo mientras «haya ciudadanos vascos» afectados por este tipo de situaciones. «Intentaremos ayudar siempre desde el punto de vista de los derechos humanos, no tanto valorando el plano jurídico».

Fernández reconoce la «preocupación» con la que han vivido el proceso, dada la información que les llegaba de la familia en el mismo sentido. E incide en un análisis «desde el punto de vista de los derechos humanos, en el que una pena de muerte o una cadena perpetua anulan la ética de la segunda oportunidad». Es decir, se explica, anulan la posibilidad de que cualquier persona se «reinserte, se rehabilite», tenga esa segunda oportunidad, «y eso no se corresponde con el respeto a la dignidad humana».

Olano también envió a través de su perfil en redes sociales un mensaje de solidaridad y «un abrazo enorme» a la familia «en nombre de todos los guipuzcoanos», después de mostrar también su satisfacción por que el jurado haya decidido no imponer la pena máxima, la capital. «Entre las dos opciones que tenía afortunadamente no ha sido condenado a muerte», indicó el diputado general, cuya institución ha realizado igualmente donaciones a la asociación Pablo Ibar de unos 50.000 euros.

En el mismo sentido, el alcalde donostiarra Eneko Goia reconoció cierto «alivio» por la sentencia, aunque insistió en que dicha sensación «no nos puede hacer olvidar que Pablo Ibar fue condenado en un proceso con dudas más que razonables». El regidor de San Sebastián trasladó igualmente su «solidaridad» a la familia «en esta lucha que dura demasiados años».

Desde el Gobierno central, desde donde también se ha apoyado económicamente la millonaria lucha judicial de Ibar -con más de 200.000 euros desde hace 15 años-, Borrell expresó también su alivio porque «se ha evitado lo peor» y «hoy podríamos estar en una situación mucho peor». El ministro de Asuntos Exteriores recordó que su gabinete está «siguiendo el caso» a través de las autoridades consulares en Estados Unidos, donde mantienen contacto con la familia «para prestarle la ayuda que necesiten». El embajador español en aquel país, Santiago Cabanas, y el cónsul general en Miami, Cándido Creis, de hecho, testificaron el otro día en defensa de la vida de Ibar.

El ministro español, además, consideró «tremendo» que aún se aplique la pena de muerte en Estados Unidos, y mostró el «rechazo de España a la pena capital». El Gobierno, a través del consulado en Miami, mantendrá -dijo- la «asistencia a Pablo Ibar y a su familia en todas las fases del proceso judicial». Y es que la familia y la defensa del preso de origen guipuzcoano ya han anunciado que recurrirán la resolución, en primera instancia, ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de Florida, para intentar que se anule esta condena y se celebre un nuevo juicio. Confían en su «armamento probatorio» para defender la inocencia de Ibar.