La Inspección no cumplió la orden de precintar la discoteca de la tragedia de Murcia

Y lo fue a la vista del contenido del informe del inspector al que se encargó acometer dicha comprobación. Recoge este acta, emitida el 21 de octubre que, «en contestación a la orden de cese de la actividad y la advertencia de ejecución forzosa –sin hacer referencia por tanto al necesario precinto–, una vez contactado con la titularidad –del citado local–, declaran y aportan justificación de presentación de la documentación técnica que les faltaba para la tramitación de la legalización».

A partir de ahí, nadie en la Corporación municipal es capaz de ofrecer una explicación oficial, por el momento, sobre qué ocurrió posteriormente con dicha acta y por qué no se consumó el citado precinto. Esta se debía haber remitido, según Guerrero, al Servicio Administrativo para continuar con el proceso, pero el propio exresponsable de Urbanismo no era capaz de asegurar ayer si esto ocurrió, defendiendo que ni siquiera se le dio traslado de su existencia.

«Eso es lo que se está investigando», reiteraba el responsable de Urbanismo durante el gobierno de José Antonio Serrano, en relación a ese agujero negro en el que pareció caer este documento público. Tampoco consta, según fuentes municipales, que se comunicara dicha orden a la Policía Local, aunque, matizan, que no se trata este de un trámite que deba ejercerse de manera forzosa para acometer el cierre.

Asimismo, las mismas fuentes confirman que dichos trámites de convalidación, para los que se refiere haber recibido documentación, no suspenden la ejecución de una resolución administrativa, la de clausura, que se había vuelto firme tras agotar los posibles recursos. Hubo por tanto ahí un cruce de efectos entre dos expedientes que en principio no debería haberse producido.

Se trata, en este caso, de los procedimientos abiertos a cuenta, por un lado, de la retirada de la licencia de actividad de la discoteca Teatre –que dio lugar a una primera orden de cese en enero de 2022– y, por otro, de la solicitud para su posterior regularización, presentada en marzo de ese mismo año, con la intención de validar la división irregular del local en dos, dando cobertura legal a la creación de la discoteca Fonda Milagros.

Así, si bien estos procesos se acabaron cruzando indebidamente a la hora de suspender un cierre, no lo hicieron para ejecutarlo cuando en marzo de 2023 se llevó a cabo la realización de una inspección sanitaria para convalidar la situación de hecho existente en dos locales que, según la normativa, debía permanecer cerrados. Y no lo hicieron a pesar de que se trata de dos expedientes que parten de la misma concejalía y que versan sobre la situación irregular de un mismo establecimiento. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha.

Lo cierto es que, sin el efectivo precinto ni su posterior comprobación, ambos locales continuaron funcionando y sin la posibilidad, además, de que se tramitara un proceso penal por un delito de desobediencia de los propietarios, que tampoco se puso en marcha mediante denuncia. Sin embargo, esa falta de constatación de que seguían abiertos –hay que recordar que, según los últimos dos ediles de Urbanismo, no constaba oficialmente al gobierno municipal que dichos locales estuvieran operativos– no impidió que la discoteca Teatre volviera a ser objeto de sucesivas inspecciones, en las que no se abordó la situación de ilegalidad en la que permanecían abiertos.

Así lo atestigua un acta del 2 de marzo levantada por los Servicios Veterinarios del Ayuntamiento, tras una visita realizada al establecimiento. De hecho, en dicho documento se informa de que, incluso, se había producido otra comprobación apenas un mes antes, al recoger que «se han subsanado todas las deficiencias en anterior visita de inspección de fecha 9 de febrero de 2023 y que el local cumple condiciones higiénicas-sanitarias y procede que sea inscrito en el Registro Sanitario Autonómico de Establecimientos Minoristas de alimentación», ya que en la licencia de actividad inicial constaba que Teatre tenía cocina.

Andrés Guerrero señalaba ayer a LA VERDAD que dichas inspecciones se enmarcan «en un expediente independiente, el de la legalización» y que, por tanto, el objeto que correspondía no era el de comprobar si se había ejecutado la orden de cese de actividad, sino constatar si el espacio examinado contaba con las condiciones sanitarias necesarias para la concesión de dicha autorización.

Hay que recordar que, tal y como informó el pasado lunes el concejal actual de Urbanismo, Antonio Navarro, que tomó nuevamente las riendas del departamento en junio de 2023, dicho procedimiento paralelo de validación sigue a fecha de hoy sin resolverse. También defendió el edil popular que el Consistorio no había realizado comprobaciones antes del trágico siniestro en relación a las medidas de seguridad de estos establecimientos, porque lo que procedía era clausura, no la comprobación de sus condiciones de funcionamiento.

Recordaba la Comunidad Autónoma, por su parte, «que la función inspectora corresponde estrictamente a los ayuntamientos». Asimismo, aprovechaba ayer la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, para solicitar al Consistorio murciano que informe sobre todas las inspecciones realizadas a Teatre desde su autorización en 2008 y hasta la fecha de declarar el cese de actividad. Igualmente, ha pedido conocer «si nos encontramos ante un hecho aislado o podemos encontrar más locales funcionando sin autorización».