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Icíar ochoa de olano
Domingo, 24 de septiembre 2017, 02:54
Al pequeño Aylán le conocimos boca abajo, postrado sobre la arena de una playa turca, rompiendo las olas del mar con su cuerpo mojado e inerte. Este niño sirio, de tres años y con la piel clara, tuv o que ahogarse y ser portada lacerante de los diarios de toda Europa para que Bruselas volviera al fin la mirada sobre sus fronteras del sur, a las que se aferraban -y se aferran- miles de personas que escapan de una vida de guerra, de violencia y de miseria en sus países de origen. Nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo había conocido una crisis migratoria de semejante magnitud. Azuzada por la indignación popular y por su propia conciencia ante la tragedia de tantas familias, televisada día tras día en toda su crudeza, la Unión Europea se apresuró a entreabrir la mirilla de sus puertas de máxima seguridad y relajar el puño.
Era septiembre de 2015. En los dos años siguientes, el Viejo Continente acogería a otros 160.000 refugiados procedentes de Grecia e Italia -dos países colapsados por la llegada masiva de desplazados- y a otros 20.000 más que se encontraban en países vecinos a Siria. En total, 180.000. Ahora, cuando únicamente faltan dos días para que expire el plazo de veinticuatro meses establecido, los socios comunitarios apenas han cumplido con su compromiso al 25%. Únicamente han recibido a 45.617 de esas personas. España, por su parte, está entre los que contribuye a bajar la media. Con un sonrojante 11% de desplazados alojados, se erige entre los países más inhóspitos. Entretanto, en este tiempo, lejos de tomarse una tregua, el voraz Mediterráneo se ha tragado a cerca de 8.000 hombres, mujeres y niños como el tristemente famoso Aylán.
Decenas de pueblos españoles se encuentran en muerte vegetativa. Fallecen más vecinos de los que nacen. El 80% de los municipios vallisoletanos corre el riesgo de quedarse sin menores de edad en cuestión de años. Esta situación llevó a su Diputación a financiar, apoyada también con fondos europeos, un estudio universitario que planteó arraigar a refugiados, exiliados y migrantes en el desangelado mundo rural y frenar así el agónico despoblamiento. En muchos pueblos, en los que han visto cerrar las escuelas ante la ausencia de niños o en donde únicamenet residen jubilados, su población parece verlo con buenos ojos. En Salamanca también sopesan una propuesta que, sin embargo, presenta una fuga clamorosa: el catedrático Francisco Burillo, experto en despoblamiento, advierte de que repoblar la España vacía con refugiados solo alumbrará «guetos», a menos que se acompañe de un sólido plan de desarrollo económico.
En aquel reparto comunitario a cara de perro, desvirtuado con posterioridad con la creación de cupos 'recomendados' y de 'cumplimiento obligatorio' ante la presión ejercida por algunos países, el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a dar cobijo a un total de 17.337 personas. El 8 de noviembre de ese mismo año, apenas dos meses después del pacto entre los socios europeos, los primeros solicitantes de asilo aterrizaban en España. Cuatro mujeres y ocho hombres. Once originarios de Eritrea, el lugar del planeta donde más se vulneran los derechos humanos y con mayor impunidad, y uno de Siria, donde las bombas y la metralla de seis años de conflicto bélico han matado a cerca de 500.000 personas, destruido la mitad de las infraestructuras del país y provocado 10 millones de desplazados. Desde entonces, han tomado tierra en suelo nacional otros veintinueve aviones procedentes de Grecia, Italia, Turquía y Líbano. Transportaban a un total de 1.971 refugiados. Ni uno más hasta la fecha, de manera que, a solo 48 horas para que pasado mañana concluya el límite fijado para culminar el reparto de refugiados, a España le queda por traer el 89% de su cupo: 15.354 personas, según los datos que recopila y actualiza la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Esta ONG lleva meses recriminando al Gabinete Rajoy su «pasividad» ante la crisis de desplazados. A estas alturas, cuando el tiempo se consume y los objetivos marcados se mantienen tan lejanos, considera más que probado el «estrepitoso fraude» que, a su juicio, ha supuesto el programa de reubicación diseñado por Bruselas. Por ello, demanda al Ejecutivo central que establezca «corredores humanos para acoger a las personas comprometidas. Es decir, que habilite vías legales y seguras para que esos refugiados soliciten asilo en nuestro país cuanto antes», explica a este periódico Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de la organización.
Otro beligerante organismo no gubernamental, Oxfam Intermón, ha ido más lejos y esta misma semana ha denunciado al Gobierno del PP ante la Comisión Europea por su «desidia» en el cumplimiento de su asignación de desplazados. Con esta demanda, respaldada por el PSOE y por Podemos, pretende movilizar a los tribunales europeos «para que actúen contra el Ejecutivo de Rajoy y le exijan responsabilidades».
El descontento social por la tibieza de Europa en su respuesta al drama de los refugiados traspasa fronteras. ONG y plataformas como '#SickOfWaiting, Let's bring them here!' (Hartos de esperar. Traigámosles) y 'Queremos acoger ¡ya!' han convocado a los ciudadanos de todos los países miembros a salir a la calle el próximo sábado a las 17.00 horas para protestar contra la política migratoria de la UE y reclamar a los gobiernos comunitarios que abran sus puertas de forman inmediata a los desplazados que quedan pendientes.
Quince jóvenes refugiados que se encuentran en territorio libio tendrán la oportunidad de conseguir un visado de estudiante y viajar a España en las próximas semanas para cursar una carrera en la Universidad de Barcelona. Representantes de la Fundación Solidaridad, creada por la institución académica para promover los derechos humanos y la acción social, están a punto de volar a Beirut para seleccionarlos con la ayuda de ONG desplegadas allí. Una vez culminado el proceso, la Embajada española en el país validará la documentación.
«Los requisitos a cumplir son dos: que hayan iniciado estudios universitarios y que acumulen al menos 30 créditos», explican desde la fundación. Esta es la segunda edición del programa. En la primera participaron quince sirios, un afgano y un palestino. Tras emplearse a fondo durante un año con el castellano y el catalán y realizar un curso de transición a la Universidad, se han matriculado en Odontología, Ingeniería Informática, Bellas Artes, Derecho Internacional... «Es otra forma de ayudarles a escapar».
Desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia asociada a las Naciones Unidas que se ocupa de organizar y efectuar los traslados aéreos de desplazados desde Líbano, Turquía o Jordania, admite la «lentitud» del proceso. Pero su responsable en España, María Jesús Herrera, introduce una variable: «No hay tantos refugiados que quieran venir a nuestro país. A menudo prefieren otros, como Alemania, porque saben que su situación económica es mejor o porque, a estas alturas, muchos cuentan allí ya con familiares o amigos», asegura.
Remisos o no a intentar forjarse una nueva vida en la Península, los candidatos no parecen escasear. Sin contar los desplazados que siguen cruzando el Mediterráneo prácticamente cada semana o los que acaban de arribar y aún no han sido 'fichados' por las autoridades europeas, Bruselas cuantifica en 2.800 los aspirantes potenciales a ser acogidos en algún país miembro que se encuentran en la actualidad en Grecia y, en 4.000, los que aguardan en Italia. Para ser considerado candidato a entrar, el requisito indispensable fijado por la UE y que en su momento levantó ampollas entre las organizaciones sociales por «discriminatorio» consiste en tener pasaporte de Eritrea, Siria, Yemen, Bahamas, Baréin, Bután, Catar o los Emiratos Árabes Unidos. El resto de procedencias no son ni siquiera estimadas. Al otro lado del Mediterráneo, los desplazados son muchos más. Líbano, Turquía, Jordania e Irak se distribuyen como pueden millones de ellos. Solo los sirios suman 5 millones, expone Rosa Otero, portavoz en España de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Entretanto, 45.617 afortunados tratan de poner rumbo a su nueva vida en algún punto de Europa. En España, la Cruz Roja se ha ocupado de recibir y acomodar en Andalucía, Cataluña, Navarra, Madrid o el País Vasco a un tercio de los 1.983 refugiados que han llegado en estos dos últimos años. Lo hace con la ayuda de un ejército de educadores sociales, traductores, psicólogos, abogados, técnicos de empleo y voluntarios para labores de acompañamiento, que los reciben en el mismo aeropuerto. Desde ese momento y durante los siguientes veinticuatro meses, intentarán que se conviertan en ciudadanos autónomos. «Vienen cansados, abrumados por el recibimiento y la incertidumbre, pero con ganas de normalizar sus vidas. Llevan una mochila muy pesada. Hay niños que se te echan a llorar de alegría cuando les dices que en unos días irán a la escuela», cuenta Raquel Fernández, técnico del programa de asilo de la Cruz Roja.
El protocolo de acogida de refugiados del Ministerio de Interior contempla una primera fase, que se extiende de seis a nueve meses en función de su grado de vulnerabilidad (menores, mayores de 65 años, víctimas de violencia sexual, tortura, trata...), en la que el Estado les aloja en una casa de acogida y les proporciona la cobertura básica necesaria. En ese tiempo, los adultos reciben una ayuda de bolsillo de entre 50 y 60 euros al mes.
Nueve de cada diez solicitudes de protección internacional que aprueba España van a parar a ciudadanos sirios. Sin embargo, el agravamiento de la situación política en Venezuela en los dos últimos años ha disparado las demandas de asilo procedentes de ciudadanos de ese país, hasta el punto de que que constituyen ya un tercio del total de peticiones de amparo que tiene sobre la mesa el Ministerio de Interior. Solo hasta el pasado 31 de julio, recibió 17.000 solicitudes, frente a las 15.755 de todo 2016, las 14.881 del año anterior y las 5.647 de 2014. De ellas, un tercio están firmadas por venezolanos. En concreto, 5.700, cuando hace un par de año apenas llegaron a 600 en todo el ejercicio. El segundo grupo más numeroso de refugiados lo forman los sirios, con 2.100 peticiones, seguidos de ucranianos (1.500), colombianos (1.300), salvadoreños (720) y hondureños (620).
Desde ACNUR, su portavoz en España advierte del peligro de establecer comparaciones entre la procedencia del grueso de las solicitudes y la de los asilos que se conceden. «No todas entran y y se aprueban en el mismo año. Según la ley española, el plazo para que el Ministerio de Interior se pronuncie sobre cada caso no debe superar los seis meses, pero está ocurriendo. El sistema de asilo actual no dispone de los recursos económicos y humanos necesarios para atender una demanda que ha experimentado un importante crecimiento», señala Rosa Otero.
Buena prueba de ello son los 28.250 expedientes que se apilan en Interior y que mantienen en el limbo a cerca de 8.995 venezolanos y a 5.370 ucranianos.
En la segunda, que dura de seis a once meses, dejan las casas para ocupar pisos de alquiler. El Estado cubre las rentas, los gastos escolares y les proporciona ayudas para la formación ocupacional y para la manutención. Una familia de cuatro miembros percibe para ese concepto 600 euros al mes. En la tercera y última fase de tutela estatal, que no rebasará el medio año, mantendrán el apoyo profesional, pero solo obtendrán ayudas económicas puntuales. Interior considera que, para entonces, ya deben estar en disposición de volar solos.
A cambio, los beneficiarios deben comprometerse a poner todo su esfuerzo en aprender castellano. «Es clave para su integración», enfatiza Mónica López, directora de programas de inserción de CEAR. Pero no siempre ocurre así. «La ilusión por emprender una nueva vida es relativa. Creen estar de paso. En la cabeza de un refugiado siempre está la misma idea: volver a su casa cuando el peligro haya pasado».
Tamer Karim se asoma a las redes sociales enfundado en un distinguido príncipe de Gales, corbata azul marino con nudo pequeño, gafas de concha rectangulares, un bigote que parece recortado con plantilla y una sonrisa seductora. Es un hombre con las hechuras y el estilismo de un triunfador. Por entonces, decoraba casas en Alepo, la capital de Siria. Allí nació, levantó su próspero estudio de interiorismo, se casó, se separó, educó a dos hijos, y allí quedó enterrada toda su vida bajo los escombros de la guerra. Incluido uno de sus descendientes.
A principios del otoño de 2015, cuando una bomba destruyó su empresa, comprendió que, al igual que millones de compatriotas, sólo le qued aba un camino que tomar, el de la huida. Sin padres, con su hija y su hermana refugiadas en Turquía, y su hijo abatido, ya no tenía motivos para aferrarse a las cenizas de Alepo. Un día, no recuerda cuál, cogió una bolsa con ropa y el dinero en metálico que pudo reunir y emprendió su marcha con la meta puesta en Barcelona. Siempre fantaseó con la idea de vivir en la ciudad de Gaudí, pero jamás imaginó que le costaría un horripilante periplo. Tenía 57 años.
Pese a la incertidumbre y al miedo, llegar a suelo turco fue sencillo. Un autobús y un taxi compartido. Allí, unos días junto a su hija y a su hermana en el piso en el que malviven. En la mente de Karim, el mar. Para alcanzar Europa tendría que ponerse en manos de «la mafia» y cruzar el Egeo. Le costó «1.200 euros» y una traumática secuela en forma de insomnio.
- ¿Cómo contactó con las mafias?
- Te sientas en un café y enseguida se te acerca alguien y te pregunta si quieres ir a Europa. Cualquiera conoce a gente que te puede llevar.
Era de noche y hacía frío. En la orilla había otros hombres, mujeres y niños. En total, 47. La mayoría sirios y algún iraquí. Apenas los podía distinguir, pero los oía llorar. Karim sintió el mismo pavor cuando vio meciéndose en las olas el «trozo de plástico al que nos teníamos que subir». «A mitad de la travesía se rompió y la gente empezó a caer al agua. Yo iba mareado. Por el mar y por el humo de la gasolina del motor que había tragado. Recuerdo a aquella niña llamando a gritos a su papá antes de hundirse... Se me aparece cada noche». Con los primeros rayos del sol divisó tierra. Solo la pudo ver él. A su lado no había nadie. Los 47 habían desaparecido en las aguas negras del Mediterráneo.
A pie, en tren y sin comer
Un griego le rescató, le reanimó y le alojó en su casa. Pasados unos días, cuando recobró fuerzas, le llevó ante las autoridades. Lo condujeron a un campo donde «había unas mil personas como yo». Se dijo de inmediato que allí no se quedaría, que iría por su cuenta a Atenas y que, desde allí, se las arreglaría para llegar a Alemania y, después, a Barcelona. Le llevó unos veinte días. «¿Cómo lo hice? A pie, en tren, durmiendo a la intemperie, ayudado por otros compatriotas por el móvil a seguir la ruta más segura, sin apenas comer...».
Arropado por la Cruz Roja, Karim pasó sus primeros once días en su ciudad soñada ingresado en un hospital. «Sangraba por la boca. Estaba intoxicado por la gasolina que había inhalado y el agua de mar que había tragado». A los seis meses conoció a Busara, una marroquí de 41 años afincada en España desde hace más de una década. A los doce, se casaron. Juntos fueron a manifestarse contra el atentado islámico de las Ramblas y juntos viven en un piso de alquiler de Badalona que llevan dos meses sin pagar. «Su cabeza está llena de cosas. Yo le digo que tiene que borrar para aprender castellano. Aunque llora todos los días, está contento de estar aquí. Lo volvería a hacer. Me pide que le diga que ponga en su periódico que necesitamos trabajar», traduce Busara.
Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, del que es fundador. Además, ha ejercido de presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y firma el libro 'Mediterráneo, el naufragio de Europa'.
- ¿El ínfimo nivel de cumplimiento de España en la acogida de refugiados es achacable solo a la falta de voluntad política?
- Cuando tres comunidades religiosas italianas consiguen crear corredores humanitarios para traer más refugiados que el Gobierno de nuestro país, no cabe escudarse en la dificultad burocrática. Gran parte de esa responsabilidad corresponde a la presidenta de la comisión interministerial para coordinar este asunto con las comunidades, los ayuntamientos y la sociedad civil.
- Se refiere a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
- Ha actuado más como un obstáculo que como dinamizadora de esa coordinación de recursos, frustrando el esfuerzo de los agentes implicados. Hablo de responsabilidad política. La moral es gravísima. No quisiera estar en su lugar.
- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, atribuye el bajo grado de cumplimiento generalizado al miedo de los gobiernos a ser penalizados en las urnas. Sin embargo, en España, decenas de miles de personas han salido en reiteradas ocasiones a la calle a reclamar que los traigan y en el último año ACNUR batió su récord de recogida de aportaciones económicas. ¿Un error de cálculo del PP?
- Una buen parte de la sociedad civil ha reaccionado de forma más responsable que los propios gobiernos. No sólo el de Rajoy. Un grave error de cálculo, que creo se inspira en un mantra de los gabinetes de sociología electoral de la mayoría de los gobiernos, del que usted se hace eco. En el fondo, esa actitud comporta un doble desprecio de la ciudadanía: hay una visión paternalista y, al mismo tiempo, la hipótesis de la volatilidad de la opinión pública.
- ¿Cuánto tiempo más podrá Europa retener a los miles de refugiados que se concentran en Grecia e Italia?
- Grecia e Italia no van a aguantar mucho más la presión y se van a deshacer de ellos. Lo harán con la complicidad de los socios europeos, deportándolos a Libia y a otros países a cuyos líderes corromperemos a base de millones de euros para que se hagan cargo del 'marrón' y perderlo de vista.
- Analiza con crudeza toda esta crisis en un libro que ha titulado de forma elocuente: 'Mediterráneo, el naufragio de Europa'. ¿Hablamos de un naufragio moral o se hundirá algo más?
- El naufragio moral es evidente. El del Derecho es más grave, porque es precisamente lo que da sentido al proyecto europeo, uno basado en el imperio de la ley, igual para todos y cuyo primer objetivo es la garantía de los derechos y libertades. Ahora bien, ¿para todos los que se encuentren en territorio europeo, bajo soberanía europea, o sólo para los privilegiados ciudadanos europeos?
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