Un informe psicosocial avala que María José Carrasco era «consciente» y «capaz» de manifestar su deseo a morir

La instrucción de la causa contra Ángel Hernández que dirige un Juzgado especializado en violencia de género sigue avanzando a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la competencia del procedimiento judicial.

María José Carrasco sufría esclerosis múltiple desde hace 30 años. El pasado abril, se quitó la vida con la ayuda de su marido. Esta conducta está penada por el Código Penal al constituir un delito de cooperación al suicidio, penado con hasta 10 años. Sin embargo, habría muchos atenuantes que rebajarían la condena.

La defensa interpuso el pasado junio un recurso de casación extraordinario ante el Alto Tribunal después de que la Audiencia de Madrid acordará que la instrucción siguiera en un juzgado de Violencia sobre la Mujer. Los magistrados entendían que aún faltaban pruebas para concluir que no fuera un caso de violencia machista.

Algunas de las pruebas con las que cuenta la defensa son un lápiz de memoria con imágenes en las que la mujer manifiesta su deseo de morir y su consentimiento expreso a ingerir una sustancia. En contra de la Audiencia, el fiscal entiende que fue un acto de «cooperación y auxilio a un deseo expreso, manifiesto y patente» de su mujer.

Entre las diligencias practicadas en la investigación judicial, figura la toma de declaración de la periodista que estuvo presente cuando se produjeron los hechos, un médico de cuidados paliativos que trataba a la mujer, así como varias persona del entorno del matrimonio.

Los testigos habrían ratificado ante la juez de Instrucción que Carrasco era «consciente» de lo que pasaba e interactuaba con su entorno, según las mismas fuentes. Además, la juez ha librado oficio al centro de salud al que pertenecía la mujer del acusado para que le remita su historial clínico.

La magistrada cuenta también con un informe psicosocial elaborado por psicólogos adscritos al juzgado que ratificarían la versión del marido de Carrasco en relación a que su mujer era «perfectamente capaz» de manifestar su deseo a morir y de «decidir por sí misma».

Esta circunstancia eliminaría el carácter violento del delito de violencia de género que se le imputa, que se encuadra dentro de los delitos de homicidio. Pese a que la muerte implica una responsabilidad penal, el hecho de que manifestara su deseo a morir descartaría la índole machista e implicaría la aplicación de atenuantes.

Al margen de la instrucción, Ángel Hernández lucha por impulsar una Ley que regule la Eutanasia. Tras la noche electoral, inició una petición para que la primera ley de la nueva legislatura sea la de la eutanasia.