La inflación compromete promociones de vivienda pública y encarecerá las VPO en Euskadi

– ¿Los efectos de la guerra en Ucrania pueden tener consecuencias en los grandes proyectos de Transportes y Vivienda?

– Los efectos de la guerra se están dejando sentir a todos los niveles, más allá del drama humano que supone. Tienen consecuencias en la economía, en el incremento de precios de los materiales y en el día a día de las personas, que se están viendo afectadas por ese incremento de los precios en muchos productos. Desde los gobiernos estamos tomando medidas como el plan de choque del Gobierno de España o las medidas excepcionales para Euskadi que anunciamos el viernes en el Parlamento.

– ¿Qué medidas se plantean adoptar en su departamento?

– En un contexto de aumento del precio de la energía y con un IPC desbocado, no queremos contribuir al alza de precios y vamos a congelar tarifas en el transporte público, al igual que se mantendrán los precios de los alquileres sociales. No van a subir. Además, seguiremos impulsando ayudas importantes a la rehabilitación.

– Si la crisis se alarga, ¿algunos proyectos podrían ralentizarse?

– El objetivo es que los proyectos mantengan los ritmos previstos. Pero nuestro departamento es inversor y esta coyuntura económica nos genera algunas dificultades en las obras y en la relación con las empresas adjudicatarias. El coste de los materiales no deja de crecer y hay que buscar paliar esa situación. Para ello, es importante el decreto que aprobó el martes el Consejo de Gobierno para la revisión del precio de los contratos de obras, para adaptarlos al alza del coste de los materiales. Esto nos puede ayudar a que no se ralenticen las obras.

– ¿El límite del 20% fijado para incrementar el precio de los contratos públicos será suficiente?

– Es el margen que tenemos y nos da una mayor capacidad para poder encajar los precios de las obras. Esperemos que sea suficiente, que la situación derivada de la guerra no se enquiste y que la inflación sea coyuntural.

– ¿Existe el riesgo de que algunos concursos públicos queden desiertos?

– En los últimos concursos, las empresas se están acercando mucho al tipo de licitación. Hasta ahora no hemos tenido la necesidad de declarar ninguno desierto, pero esa posibilidad siempre existe si se mantiene el incremento de costes.

– ¿Alguna promoción de vivienda pública podría caer?

– Podría ser, sí. En ese caso, tendríamos que rescindir el contrato, volver a analizar el proyecto y sacarlo de nuevo a licitación. Tampoco sería la primera vez que ocurre algo así.

– ¿Es inevitable que el alza de los precios acabe repercutiendo en los ciudadanos? En vivienda libre parece claro que será así, pero ¿también podría ocurrir en la vivienda pública?

– Los últimos datos de inflación no se habían visto en Euskadi desde hace décadas, y eso tiene una incidencia directa en la economía de las familias. La vivienda libre está sometida a la ley del mercado y la subida de los costes es muy probable que repercuta en el precio final. Por su parte, el precio de la vivienda de protección oficial está sometida a la regulación por parte del Gobierno. Llevábamos tiempo analizando la necesidad de revisar los precios de vivienda, porque la última orden es de 2010. En estos 12 años ha llovido mucho y se ha producido un encarecimiento de los costes de construcción y de los materiales, que se arrastra desde antes de esta última crisis. Llevábamos meses trabajando en la actualización de la orden de precios y las últimas subidas de costes han sido definitivas para confirmar que habrá una nueva orden.

– ¿Y subirán los precios?

– Cerrar los ojos ante la realidad tampoco llevaría a nada, porque eso impediría que hubiera promociones de VPO, sobre todo las de promoción privada, porque no serían rentables para los promotores. Y, en estos momentos, tras la ley vasca de Vivienda de 2015, el Gobierno vasco y su sociedad Visesa solo promueven vivienda de VPO para el alquiler, pero sigue habiendo una demanda no desdeñable de demandantes de vivienda en propiedad en Etxebide, en torno al 20%. Hay que hacer lo posible para que siga habiendo promociones de VPO en venta por parte de los promotores privados, aunque haya que actualizar los precios.

– ¿Esa actualización de precios no alcanzaría a las viviendas públicas destinadas al alquiler?

– En el alquiler de protección pública, el ciudadano paga un máximo del 30% de sus ingresos. El precio del alquiler no está referenciado al coste de la vivienda, sino a los ingresos de las personas. Y es el Gobierno vasco el que abona la diferencia. Por tanto, no va a haber una subida.

– Antes ha asegurado que se congelarán las tarifas del transporte público, pero ¿podría darse incluso una bajada?

–Se está hablando a nivel de las autoridades del transporte de la posibilidad de ampliar los tramos de utilización de tarjetas para incrementar las bonificaciones a los usuarios habituales. Podría ser factible, porque además nos interesa promover el uso del transporte público. Estamos en un proceso de recuperación de usuarios después de la pandemia y la política tarifaria es importante. Ampliar los tramos sería una política interesante e incentivadora.

– ¿El TAV estará operativo en 2027, que es la última fecha que se ha puesto encima de la mesa?

– Confío en que se pueda conseguir. El tronco principal puede estar culminado para entonces y conviene que así sea, porque el Gobierno central ya ha aprobado el estudio informativo del tramo Burgos-Vitoria que debe conectar con Madrid y, si se avanza en las obras, podríamos estar hablando de unos plazos similares. Lo que no nos cuadraba en esas fechas era la entrada soterrada en Vitoria y en Bilbao, porque en Donostia las obras finalizarán para 2025. En su día dije que habría que buscar soluciones provisionales en Vitoria y Bilbao para poner en marcha el servicio en 2027 y me criticaron por decirlo. Pero en los nuevos convenios ya se ve la necesidad de que haya estaciones provisionales para poner en marcha el servicio mientras se acaban las definitivas, que para 2027 no estarán seguro.

– ¿En qué punto está la negociación entre gobiernos para la transferencia de Cercanías?

– Se está negociando, que es una buena noticia en sí misma. Es una transferencia compleja que requiere de limar desencuentros.

– ¿Podría cerrase este año?

– No lo sé, ojalá.

– ¿Esa transferencia implicaría que toda la red de Cercanías pasaría a estar gestionada por el Gobierno Vasco?

– Vamos a ver en qué acaba la negociación. Si se produce la transferencia, el Gobierno Vasco debería prestar esos servicios de Cercanías pero, si hay un contrato vigente con Renfe, habría que mantenerlo hasta su vencimiento. Todo eso se está negociando.

– ¿En qué podría mejorar la gestión de las Cercanías de cara al usuario si la asume Euskadi?

– Tendríamos que analizar los servicios y las frecuencias y ver si hay necesidades de mejorarlos, sabiendo que eso supone un coste público añadido. Al ciudadano lo que le importa es que el servicio sea de calidad, tenga un precio razonable y atienda sus necesidades. Nosotros trataríamos de cumplir esas expectativas en base a la cercanía.

- El plan de choque del Gobierno central recoge una subida máxima de los alquileres privados del 2% durante tres meses para amortiguar un IPC disparado. ¿Es un ensayo del control del precio de los alquileres que prevé la ley estatal de Vivienda?

- Es una medida excepcional con una vigencia temporal. El que los precios de los alquileres estén referenciados con el IPC es algo natural para que se vayan actualizando las rentas con el paso del tiempo. Pero en una coyuntura extraordinaria, con un IPC desbocado, las Administraciones tienen que adoptar soluciones extraordinarias.

- ¿Es partidario de controlar los precios del alquiler en Euskadi?

- Es una competencia estatal que excede a la capacidad normativa vasca, pero si la ley estatal de Vivienda hace de paraguas y nos habilita para ello, se podría estudiar aplicar ese control en zonas tensionadas. Lo importante es que haya seguridad jurídica. A ver qué ocurre con la tramitación de la ley en el Congreso.

- ¿La ley estatal podría ser invasiva en algunos aspectos, como denuncia el PNV?

- No es una ley invasiva, sino habilitadora para que las comunidades autónomas puedan regular cuestiones si así lo deciden. Pero la legislación vasca es mucho más avanzada que la ley estatal de Vivienda en muchos aspectos, por lo que no nos invade en esos mínimos.