Iñaki Arriola promueve un «pacto social» en Euskadi para duplicar la oferta de alquiler protegido en 15 años

En este tiempo, ha asegurado, el alquiler protegido debe adquirir un papel principal en el parque inmobiliario vasco para frenar la burbuja que soporta en la actualidad este mercado con rentas que superan los 1.000 euros mensuales de media en la comunidad según la oferta de las agencias y 667 según la Estadistica del Mercado del alquiler (EMA) creada por el propio Gobierno vasco a partir de los más de 46.000 contratos que tiene en su registro. Por eso, el dirigente socialista ha remarcado que, en sus tres lustros de vigencia, el pacto social se debe comprometer a duplicar la actual oferta de alquiler protegido en Euskadi. Es decir, se tomarán todas las medidas necesarias para poner en el mercado otros 24.000 nuevos inmuebles con rentas asequibles para familias sin recursos, "a una media de 1.600 anuales". De alcanzar esa cifra, los pisos protegidos llegarían a ser «el 5% de las viviendas principales existentes en Euskadi».

Y ha insistido en que debe hacerse fomentando la promoción propia de edificios destinados al arrendamiento público, pero también mediante «la captación de vivienda vacía, que tan buenos resultados ha proporcionado en la pasada legislatura». De hecho, Arriola ha remarcado que el programa Bizigune ha pasado de contar con 4.480 viviendas en enero de 2017 a disponer en la actualidad de 6.224, es decir, un 38% más.

En la misma línea, el consejero ha anunciado la creación de una nueva línea de ayudas para favorecer una oferta adicional de viviendas en alquiler asequible, que sumará a las subvenciones económicas ya existentes para fomentar la promoción de viviendas con destino al arrendamiento protegido. Y también se comprometió a incorporar «nuevas actuaciones de fomento del alquiler en municipios rurales de menos de 3.000 habitantes, que sufren el problema de una continua despoblación»; Incluso ha apostado por el impulso «de fórmulas alternativas y flexibles de acceso a la vivienda, denominadas viviendas colaborativas o cohousing».

Arriola ha remarcado, además que «plantearemos asimismo que el parque de viviendas sujetas a protección pública permanente alcance al cabo de ese plazo el 10% de las viviendas principales existentes en Euskadi, es decir, en torno a las 102.000». De esta cifra «descontadas de esa cifra las 24.000 en alquiler asequible planteadas, esto supondría añadir al parque actual protegido otras 12.000 viviendas en plena propiedad o derecho de uso temporal para el año 2036», es decir, 800 pisos anuales de media. De esta forma «la oferta total de vivienda asequible con intervención pública se incrementaría con 36.000 viviendas adicionales en los próximos quince años».

Otras de las vías que facilitarán la democratización del acceso a la vivienda en el País Vasco, en su opinión, serán las encaminadas a la adopción de garantías legales vía actualización de las normativas existentes. Por eso ha remarcado que el Plan Director de Vivienda para la presente legislatura «tendrá como objeto la ejecución efectiva de la Ley de Vivienda y sus desarrollos normativos derivados, con la misión de facilitar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible a las personas que no pueden disponer de ella en el mercado libre, en especial a las personas beneficiarias del derecho subjetivo y a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y exclusión social».

Para cumplir estos objetivos ha considerado «necesario culminar la tramitación de distintos decretos y órdenes» que desarrollan esta ley como el de la vivienda deshabitada, que permitirá poner un canon de diez euros por metro cuadrado a los inmuebles sin uso justificado durante más de dos años y abre la puerta incluso a su expropiación forzosa. También entrarán en vigor el decreto regulador del Derecho Subjetivo a la Vivienda y el de Habitabilidad, «cuyo objetivo es propiciar la creación de espacios más versátiles y flexibles, que se adapten a las necesidades actuales y futuras de sus ocupantes, evitar la infravivienda y atajar la sobreocupación». Además, se actualizará el decreto de acceso a la vivienda mediante la mejora de «los procedimientos de adjudicación y los requisitos de acceso para favorecer a los colectivos más necesitados».

En las líneas estratégicas de la viceconsejería también tendrán un lugar prioritario los jóvenes. Para favorecer su emancipación, «además de medidas específicas que ya se han puesto en marcha, como la promoción de alojamientos dotacionales destinados a este colectivo, el establecimiento de cupos para jóvenes en las adjudicaciones de vivienda, o las ayudas al arrendamiento del programa Gaztelagun, se estudiará la introducción de mejoras normativas específicas para el colectivo».

En el ámbito de la rehabilitación, renovación y regeneración urbanas, el consejero se ha comprometido a poner en marcha «una normativa reguladora unificada de ayudas mucho más acorde con las necesidades reales y alineada aún más, con los requerimientos de eficiencia energética y accesibilidad contemplados en el Plan de Reconstrucción-Next Generation de la Unión Europea». En este sentido, se va a impulsar un nuevo Plan Renove de rehabilitación de viviendas y edificios, «que integra las diversas ayudas sin convocatorias anuales, favoreciendo prioritariamente la accesibilidad, la eficiencia energética y la habitabilidad exterior». Así mismo, se va a actualizar la normativa de precios públicos de las distintas modalidades de vivienda protegida, que data de 2010, para adecuarla a la evolución registrada desde entonces en los costes de promoción y construcción y en el mercado de la vivienda.