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España vive una nueva 'burbuja' inmobiliaria que está poniendo literalmente en la calle a numerosas familias. En la primera mitad de esta década, la mayoría de estas situaciones se debieron al impago de los préstamos hipotecarios, pero ahora son los desorbitados alquileres los causantes ... de los desahucios. Así lo pone de manifiesto el último informe facilitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre ejecuciones hipotecarias y lanzamientos, referido al segundo trimestre de este año.
El País Vasco no es ajeno a esta situación. De abril a junio, 331 familias han tenido que salir de su domicilio habitual por mandato judicial. En más del 69% de los casos, un total de 229, el desahucio ha sido por impago de la renta, frente a 70 propietarios que dejaron de abonar la hipoteca. El resto fue por deudas.
No obstante, Euskadi es, por detrás de La Rioja, la comunidad que menos situaciones de este tipo ha contabilizado. De hecho, los 331 casos del segundo trimestre suponen una ligera bajada del 1,2% frente al mismo período del año pasado, aunque habrá que esperar a diciembre para ver si esta tendencia se estabiliza o no. Cabe recordar que 2017 cerró con 1.196 lanzamientos, es decir, un 24,6% más que el ejercicio anterior.
331 familias del País Vasco han sido desalojadas de su domicilio en el segundo trimestre de este año.
229 procedimientos de desahucio han sido por impago del alquiler, frente a 70 que dejaron de abonar la hipoteca. El resto es para afrontar deudas de otro tipo.
1.196 desahucios hubo en Euskadi el año pasado,un 24,6% más que los registrados en 2016.
Por territorios, Gipuzkoa es el único que han aumentado al registrarse 65 expedientes en el segundo trimestre, un 4,8 % más que en el mismo periodo del año anterior. En Álava han sido 64 lanzamientos (un 7,2% menos) y en Bizkaia, 202 (1% menos).
El peso de los desalojos por alquiler en el cómputo total es especialmente significativo en Cataluña y Madrid. Según el informe del CGPJ, el mayor número de procedimientos judiciales por impago de la renta ha crecido en torno a un 10%. El 'boom' de los pisos turísticos tiene también mucho que ver.
Adolfo Gómez Camacho es miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Bizkaia. El informe del CGPJ le resulta totalmente coherente. «Hace siete años, la gente no podía pagar la hipoteca. Ahora no se puede afrontar un alquiler por la constante subida de precios», comenta. «Si una persona gana 1.000 euros y tiene un contrato precario para dos o tres meses, luego se va al paro y no sabe cuándo va a volver a trabajar... ¿cómo va a pagar 800 euros de renta?», cuestiona.
Este activista jubilado, vecino de Leioa, considera que la solución «para que las cuentas salgan» pasa por fomentar el alquiler social, «que en este momento solo es el 30% del total». Añade que, con la Ley vasca de Vivienda, avalada casi en su totalidad por el Tribunal Constitucional la semana pasada, será posible favorecer que sea así. «Los ayuntamiento tienen en su mano, la posibilidad de que los pisos vacíos salgan al mercado si los penaliza fiscalmente», apunta.
Gómez Camacho sostiene que la 'burbuja' del alquiler ha supuesto que propietarios que antes ofrecían al Gobierno vasco «un piso vacío para arrendarlo y garantizarse unos ingresos, ahora ya no lo hacen porque en el mercado libre ganan mucho más. La forma de abaratar –insiste– es penalizarla fiscalmente».
El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, sin entrar a valorar esta cuestión, sí resalta las consecuencias de la crisis económica en los diferentes órganos judiciales. «Los juzgados la han sufrido por dos lados. Ha habido un importante incremento de casos de todo tipo: concursos (de acreedores), despidos laborales, ejecuciones hipotecarias, desahucios, cláusulas abusivas... Y por otro lado, hemos sufrido recortes de los que todavía no nos hemos recuperado».
La salida de la crisis ha permitido a los juzgados de lo mercantil cierto desahogo respecto a principios de esta década. Los de lo social también tienen menos carga de trabajo. Sin embargo, los de primera instancia, en donde se dilucidan desahucios de todo tipo y las cláusulas abusivas de las hipotecas, «están sobrecargados», asegura.
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