Una Iglesia a rebufo

Este movimiento ha cogido a contrapié a los obispos españoles, que se han mantenido en sus trece y han defendido la formación de comisiones en las propias diócesis, de una manera descentralizada, para que sean ellas las que actúen por su cuenta ante las denuncias que se reciban. El propio presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omella, defendió esta postura «por ser más cercana y humana» tras su encuentro con el Papa en el marco de las recientes visitas 'ad liminam'. Incluso aseguró que a la Santa Sede le parecía bien este formato. Pero los vientos han cambiado.

Para los analistas no han pasado desapercibidas las recientes declaraciones del jesuita alemán Hans Zollner, presidente del Instituto de Antropología y Estudios Interdisciplinares sobre Protección y Dignidad Humana de la Universidad Pontificia Gregoriana, antes Centro para la Protección de Menores, que se ha mostrado partidario de que los episcopados locales propicien comisiones de investigación externas para que sean ellos quienes arrojen luz sobre el drama de los abusos. Considerado uno de los mayores expertos en la lucha contra la pedofilia eclesial, Zollner ha sugerido a las iglesias que todavía no lo han hecho que pongan en marcha grupos de trabajo especializados «independientes» antes de que se vean obligadas por el Gobierno de turno. «La Iglesia se enfrenta a dos opciones frente a la exigencia de la opinión pública de crear comisiones. O decide crearlas por su cuenta y ordenar la investigación a personas independientes o llegará un momento en el que se verá obligada por el Estado a adherirse a estos procesos», vaticinó en una entrevista en RAI Radio Uno. El jesuita y psicólogo cree que las 'oficinas de escucha' ya no son suficientes. Roma marca el camino.

¿Es el caso de la Iglesia española? En los últimos días ha habido mucho movimiento en el 'núcleo duro' del Episcopado para madurar una decisión favorable a constituir una comisión independiente. Incluso se ha sondeado a personas cualificadas y de prestigio para integrar un grupo que asumiera ese reto, que requerirá de una dotación de medios proporcional a la magnitud de la tarea que tiene por delante. El propio Gobierno ha estado esperando una decisión rápida que pudiera cortocircuitar una comisión parlamentaria y evitar la trifulca política que se barrunta.

El Ejecutivo está en esa clave, convencido de que la Iglesia debe definitivamente impulsar una investigación creíble, que saque a la luz la verdad y que haga frente a la reparación debida a las víctimas. A Pedro Sánchez le ha explotado esta mina cuando trataba de proyectar una imagen pública más centrada y transversal con gestos como la visita a los obispos en su propia casa, pese a que es muy laico, que con el cardenal Rouco habría sido impensable. No le interesa un escenario de polarización con una izquierda exigente con la Iglesia y una derecha complaciente.

Está claro que a la Conferencia Episcopal se le ha ido el tema de las manos, con declaraciones desafortunadas que han minimizado el escándalo y han contribuido a la revictimización de los afectados. Incluso ha habido un exceso de corporativismo al grito de 'vienen a por nosotros'. Ahora, hay un reproche generalizado de una gran parte de la opinión pública contra la Iglesia y su credibilidad está cerca del suelo. El propio Zollner ha admitido que «como hemos visto en tantas partes del mundo, las personas ya no se fían de la justicia interna de la Iglesia, porque quieren entender de fuentes independientes y objetivas lo que ha pasado». El jesuita apuesta por abrirse al escrutinio con la posibilidad de ser juzgados por otros expertos fuera del ámbito católico

El papa Francisco ha desaconsejado la 'política del avestruz' y ha animado a «sacar los esqueletos de los armarios». Y cuanto antes se haga, mejor. El asunto ya está salpicando a Benedicto XVI y lo hará a san Juan Pablo II. En España entramos ahora en la fase de investigación, pero luego vendrá el momento de las compensaciones económicas. A la Iglesia le queda poco margen de reparación moral, es un crédito que casi lo tiene agotado, así es que tendrá que recurrir a las indemnizaciones para resarcir a las víctimas pese a que muchos de los casos hayan prescrito. Se lo deben.