La Iglesia española crea una comisión para luchar contra la pederastia

La Iglesia católica española creará una comisión que tiene como objetivo prevenir y proteger de los abusos sexuales a menores dentro de esta institución a través de la implantación de una nueva normativa y una revisión de los protocolos de actuación. La Conferencia Episcopal (CEE) ha hecho pública la decisión este martes y ha explicado que el nuevo reglamento sustituirá al actual, que fue elaborado en 2010 conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico. Son las pautas que sirven para orientar a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales a menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

Esta nueva comisión estará presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, canonista, y estará compuesta por juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, del Servicio Jurídico de CONFER y de la vicesecretaría para Asuntos Generales. El grupo comenzará sus trabajos esta misma semana y tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico.

«España es un desierto estadístico porque ni la Iglesia ni las autoridades civiles se han ocupado de afrontar este fenómeno, pero podemos extrapolar los datos de otras naciones donde se han realizado estudios serios después de que estallaran escándalos por este problema», denuncian desde la asociación alemana de víctimas Eckiger Tisch. Precisamente ECA ('Ending Clergy Abuse', 'Fin de los Abusos del Clero'). arrojó recientemente informes que destapaban que entre 5% y el 7% del número medio de presbíteros durante el período estudiado se vio envuelto en casos de pedofilia en Alemania y Australia.

Según los datos de 2014 ofrecidos por la propia Conferencia Episcopal Española, en nuestro país hay 24.968 sacerdotes (17.790 diocesanos y 7.178 religiosos). Aplicando ese 5% de otros países a los casi 25.000 curas españoles, se obtiene el dato de alrededor de 1.250 presbíteros pedófilos y 5.000 víctimas que baraja ECA. Las estimaciones de esta red internacional de supervivientes contrastan con los pocos casos de abusos sexuales cometidos por eclesiásticos que han salido a la luz pública: los Maristas en Barcelona, el seminario menor de La Bañeza, el religioso de San Viator... Precisamente en España, los jueces han dictado en los últimos 30 años, según los registros del Centro de Documentación Judicial, hasta 33 condenas a sacerdotes en causas abiertas por abusos a 80 menores de edad. Las penas impuestas han ido desde la multa económica hasta los 21 años de prisión; algunas sentencias incluyeron indemnizaciones a las víctimas de entre 1.200 y 70.000 euros.

El presidente Ricardo Blázquez presentará el trabajo el próximo mes de febrero en la reunión convocada por el Papa Francisco para abordar los casos de abusos con los presidentes de todas las Conferencias Episcopales en el Vaticano. El anuncio de este encuentro tuvo lugar el mismo día en que salió a la luz un informe del episcopado alemán en el que se reconocen 3.677 casos de abusos sexuales cometidos por 1.670 sacerdotes y religiosos entre 1946 y 2014. La noticia de la cumbre se produjo además la víspera de que Francisco se reúna con la cúpula del episcopado estadounidense para tratar la crisis de pederastia eclesial abierta en aquel país.

La CEE ha subrayado que la Iglesia católica tiene el compromiso de «cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio, proteger a todos menores y adultos vulnerables, y crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso». También quiere seleccionar y formar «cuidadosamente» a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia y a responder «a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso». También a ofrecer asistencia y apoyo pastoral, «incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable».